Esta semana, el asesinato del kiosquero Roberto Sabo (48) por parte de Leandro Daniel Suárez en el intento del asalto a su local despertó nuevamente en Argentina la discusión sobre la efectividad del servicio penal. Resulta que el acusado por homicidio había cumplido su condena de seis años en el Penal de Ezeiza, en agosto de 2020, por otro robo a mano armada en el cual no hubo víctimas letales. Sin embargo, su nuevo delito al salir de la cárcel fue más grave y, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales, la discusión sobre la seguridad en el país giró sobre las nulas posibilidades que tiene una persona para reinsertarse en la sociedad luego de cumplir la sentencia por algún crimen.
Según fuentes especializadas en inclusión social y derecho penal consultadas por THC, los presos y presas están desamparados dentro del sistema carcelario. Al salir de los penales, las dificultades para conseguir trabajo o finalizar los estudios son enormes. Por eso, la opción del delito vuelve a ser la única salida económica.
Pero la industria del cannabis ya está trabajando para volver a incluir en la sociedad a las personas que están en la cárcel por algún delito relacionado a tenencia de sustancias prohibidas. Se trata de The Last Prisioner Project, una organización sin fines de lucro de Estados Unidos que no solamente se dedica a hacer reformas para finalizar la Guerra Contra las Drogas.
Además, desde esta ONG ayudan a los principales damnificados de la prohibición dándoles trabajo en un cultivo de cannabis que tienen en California las empresas Ocean Grown y Evidence, de las cuales forma parte el hijo de Bob Marley, Damian. Este proyecto está tan convencido de cambiar la lógica de la Guerra Contra las Drogas que los cogollos se comercializan dentro de una bolsa con la misma estética que las que usa la policía para guardar evidencia de delitos.
Por cada venta, se destina US$ 1 para financiar el proyecto de justicia social, entre asesorías legales y el emprendimiento laboral de The Last Prisioner Project, para así reparar los daños causados por la prohibición de las drogas, que principalmente se tratan de personas afrodescendientes, latinas y de bajos recursos económicos.
“En la mayoría de los casos no se logra la reinserción, porque por lo general antes de estar presas no tenían un lugar en la sociedad”, le dice a THC Victoria Baca Paunero, defensora oficial de la Provincia de Buenos Aires.
Incluso, la plantación de Evidence y Ocean Grow funciona en un ex penal de Coalinga, dentro del Estado de California. Además, los ex carcelarios que trabajaban en la cárcel ahora fueron empleados para custodiar el cultivo de cannabis, tanto exterior como interior. “Cultivamos marihuana en una prisión para sacar a la gente de la cárcel por cultivar marihuana”, asegura Casey Dalton, uno de los fundadores de la iniciativa.
Este proyecto de reinserción social de los ex convictos nació el último 16 de junio y ya cuenta con más de 100 empleados.
“Según mi experiencia, la mayoría de las personas que son grandes fans del cannabis suelen tener una brújula moral. Así que es genial que podamos ver dentro de lo que estamos haciendo en la industria que nos mantenemos fieles a nuestra moral en términos de ayudar a la gente y hacer lo correcto”, sostiene Damian Marley en una entrevista concedida a Forbes.
Las tres iniciativas clave de reforma de la justicia penal son la liberación de los detenidos, la limpieza de sus antecedentes y los programas de reingreso a la sociedad. “Los datos muestran que la mayoría de los detenidos liberados fracasan sin los recursos adecuados. Un historial criminal puede ser una barrera significativa para el empleo, la vivienda y la asistencia financiera, entre otros”, aclara la ONG.
Pero no se detiene ahí el trabajo que realizan. Además, sus programas de reingreso trabajan para reducir las tasas de reincidencia al brindar los recursos, el apoyo y la educación que los presos necesitan al ser liberados.
La reinserción de los expresos: ¿es posible?
“La reinserción es un ideal de la Constitución Nacional y de la ley de Ejecución Penal, pero es muy difícil de lograr con este sistema. Se deben tender puentes entre el adentro y el afuera de la cárcel para tener éxito”, le explica a THC Larisa Zerbino, Directora del Área de Políticas Penitenciarias de la Asociación Pensamiento Penal.
Para que la persona se inserte en la sociedad, Zerbino considera que deben respetarse los derechos al trabajo y al estudio: “Las capacitaciones dentro de la prisión son fundamentales para insertarse en el mercado laboral formal al salir”. Y agrega: “Las personas que están presas en su mayoría no tuvieron acceso a los derechos básicos como educación y trabajo, entonces desde el vamos ya tenemos esa restricción y después aparece la estigmatización por contar con antecedentes penales”.
Por su parte, la defensora oficial de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Baca Paunero, le agrega a THC que “en la mayoría de los casos no se logra la reinserción, porque por lo general antes de estar presas no tenían un lugar en la sociedad”.
¿Quién los ayuda a ir de la cárcel a la calle?
En Argentina, existen cooperativas de liberados que ayudan a la contención del paso de adentro hacia afuera de la cárcel, aunque no específicamente se dedican a los delitos vinculados con las drogas.
“Hay organizaciones que ayudan a la reinserción de los expresos, pero ese trabajo bien intencionado es mínimo, casi simbólico”, dice el antropólogo e investigador, Fabián Quintero. Y agrega: “Es como querer apagar un gran incendio con el agua de un dedal. No existe un programa a escala que permita incluir a los exdetenidos en redes laborales, el sistema penitenciario ni siquiera logra sostener condiciones dignas de detención”.
La socióloga Sol Minoldo explica que existe un patronato de presos en la Provincia de Buenos Aires, que tiene un rol burocrático como “firmarle cada semana las visitas obligatorias o puede proponerse hacer algo más (si les dan recursos)”.
La prisión, el depósito de “peligrosos”
“La importancia de reinsertar creo que tiene que ver con preguntarnos para qué tenemos un sistema carcelario donde las personas que cometen delitos van”, reflexiona Minoldo en diálogo con THC. Las dos funciones que están muy aceptadas son “desalentar y equilibrar con su padecimiento algo del daño causado”. Es decir, la función del castigo.
También destaca que hay una idea de que son personas socialmente “peligrosas” y mientras estén en la cárcel no van a delinquir. “Esa idea hace aguas cuando entendemos que las personas un día salen y el simple hecho de estar en la cárcel no tiene por qué servir para cambiar las motivaciones o condiciones que había detrás de los comportamientos delictivos. De hecho, puede ocurrir, lo contrario”, dice.
“Cultivamos marihuana en una prisión para sacar a la gente de la cárcel por cultivar marihuana”, asegura Casey Dalton, uno de los fundadores de The Last Prisioner Project.
De la mano con esto aparece el concepto de “rehabilitación”. Para Minoldo surge como algo que requiere un esfuerzo especial, “no solo por el bien de las personas que estuvieron presas, sino de toda la sociedad. Por eso, la reinserción debería ser una parte clave de la forma en que entendemos el funcionamiento social de la prisión”, asegura la socióloga.
Sobre esta cuestión, la abogada penalista Zerbino explica que la importancia de integrar a las personas que salen de la cárcel es “reconocer que es nuestra responsabilidad también integrarlas. Hay que dejar de ver al otro como el distinto, el peligroso”.
En la misma línea, Quintero dice que “la inserción debería ser la responsabilidad de todas las agencias, es más, de toda la comunidad”.
Las mujeres: las favoritas para las detenciones por drogas
“La criminalización por comercialización de drogas está en alza, y sobre todo hubo aumento de detenciones entre las mujeres y personas trans por estos tipos de delitos”, dice Zerbino.
Sobre los detenidos por cannabis, la defensora oficial aclara que en su mayoría son hombres jóvenes pobres, pero son los detenidos por poco tiempo (unos días). “Cuando ves la población carcelaria por la lucha contra las drogas y los delitos más graves de la ley de drogas, las personas son pobres y está muy fuerte la cuestión de género, raza y origen”, dice Baca Paunero.
Según la defensora pública bonaerense, esto último implica que casi el 50% de las personas detenidas son mujeres y el 70%/80% son trans. También hay presencia de inmigrantes irregulares y afrodescendientes. A diferencia de los detenidos que están por cultivo o siembra, ya que “hay todo tipo de personas”.
Las cifras hablan por sí solos. La cantidad de hombres presos por delitos relacionados con drogas creció un 395%desde 2002 y un 157% en la última década. Mientras que, la cantidad de mujeres presas lo hizo en un 147% desde 2002, y un 93% en la última década, según el estudio “La ley de drogas en números” realizado por la investigadora del Conicet, Florencia Corbelle.
A su vez, explica a THC que “la cantidad de personas trans presas por este delito, se incrementó en un 445% en el período 2015-2019”.
La doble carga de las exdetenidas
A su vez, Baca Paunero y Zerbino coinciden en que las mujeres sufren más para reinsertarse en el mercado laboral, dado que reciben menos capacitación en la cárcel que los hombres. Esto sucede porque la cárcel obedece a una lógica patriarcal y a la antigua concepción: “el hombre como el proveedor en el ámbito público y la mujer como cuidadora en el ámbito privado.
Al salir de las cárceles, ellas vuelven a asumir las tareas de cuidado de hijos, personas mayores y enfermos, sumado a que necesitan trabajar para subsistir y que su núcleo familiar también lo haga. Esa es la doble carga que le pesa a las expresas.