Un grupo amplio de organizaciones cannábicas emitieron un comunicado mostrando su preocupación por el ritmo al que avanza el debate por la regulación integral del cannabis.
En el comunicado se destaca que desde 2017, cuando se trató y sancionó la ley nacional de cannabis medicinal que luego permitió la creación del Reprocann, gran parte de las organizaciones cannábicas asumieron la responsabilidad de trabajar activamente junto a los autoridades estatales para avanzar en el desarrollo de mejores políticas públicas con un norte claro: poner fin a la prohibición del cannabis.
“Si bien nos adaptamos a la agenda, entendemos que la regulación integral es algo que nunca le hemos sacado de la mira, es el objetivo”, aclara Agustín Maciel, miembro de AUPAC (Asociación de Usuarixs y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas) y uno de los redactores del comunicado.
Deudas puntuales
En el documento se desarrollan algunas críticas puntuales al Estado y sus responsables. En principio se apunta la sucesiva pérdida de estado parlamentario de diferentes proyectos de ley que buscaban cambiar el escenario argentino. Algo que retoma el reciente proyecto presentado por la diputada Carolina Gaillard.
“Si bien nos adaptamos a la agenda, entendemos que la regulación integral es algo que nunca hemos sacado de la mira, es el objetivo”, aclaran desde la organización AUPAC una de las que firma el documento
A su vez, las organizaciones firmantes resaltan su buen predisposición para trabajar en mejorar el proyecto que busca crear un marco regulatorio para la industria del cannabis y el cáñamo que espera ser tratado por la Cámara de Diputados para volverse ley.
“Acompañamos su tratamiento en comisiones asesorando y aportando insumos idóneos que reflejaron la realidad de a producción de cannabis en nuestro país”, señala el documento. “Allí expresamos nuestra posición en defensa de los intereses de un sector cannabicultor preexistente, criminalizado y humillado por décadas”.
También se menciona otra deuda importante: instrumentar de forma clara las herramientas que permita a las ONGs inscribirse para cultivar legalmente cannabis en el Reprocann, algo que está mencionado en la reglamentación de la ley, pero que sigue pendiente de aplicación desde finales de 2020.
Lo que el documento deja en claro es una exigencia: que las instituciones responsables y sus responsables avanzan de manera firme con las deudas pendientes y direccionen el debate que sigue hacia una regulación que ponga fin a la criminalización.
“Que el debate que se está trasladando la sociedad civil se dé realmente institucionalmente dando lugar a nuestro debate legítimo e histórico”, señala Maciel.
“Estos dos últimos años fueron muy intensos en reorganización y estamos listos para acompañar al Estado en este debate”, subraya. “Y acompañaremos a quien haga falta, como siempre lo hemos hecho”.
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