La prohibición no es un invento argentino. La ilegalidad del cannabis y de otras sustancias psicoactivas y la criminalización de las personas usuarias en Argentina es herencia de una política mundial.
El fenómeno comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX, se profundizó en la década del 60 y terminó de tomar forma con las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
Luego de décadas de avances prohibicionistas más o menos aislados en diferentes países, la marihuana y otros psicoactivos fueron finalmente prohibidos en base a un acuerdo internacional: La Convención Única de Estupefacientes de la ONU.
Firmada en 1961 e impulsada por Estados Unidos, estableció las bases del prohibicionismo a nivel global.
La historia es compleja. La tendencia prohibicionista venía levantando vuelo desde la década del 20. Sin embargo, el consenso sobre la criminalización de personas usuarias fue el último capítulo de un largo proceso.
Una guerra dentro de otra
El desarrollo del prohibicionismo argentino y latinoaméricano se da en un contexto muy particular: la Guerra Fría. De un lado Estados Unidos, del otro la Unión Soviética.
En ese marco se dieron múltiples enfrentamientos. Pero el más brutal y prolongado se desató cuando “las drogas” pasaron a ser parte de esa pulseada internacional.
Quien decidió apretar el acelerador y llevar la política prohibicionista a otro nivel fue el presidente estadounidense Richard Nixon que declaró el inicio de la “Guerra a las Drogas” en 1973.
Según esa visión, los psicoactivos eran uno de los principales problemas del orden occidental y debían combatirse a nivel mundial. Ya no bastaba con declarar ilegal una sustancia, era momento de tomar las armas.
América Latina se convirtió en el escenario central de ese conflicto. No es extraño: además de ser la región productora de cannabis y coca, para Estados Unidos era tierra fértil para el surgimiento de la insurgencia comunista.
López Rega impulsa la primera ley que abiertamente criminaliza a las personas usuarias. La ley 20.771 reprimía con prisión de uno a seis años la “posesión de estupefacientes”, aunque estuvieran destinados a uso personal.
En Argentina, menos de un año después de esta declaración de guerra, las reglas locales cambian.
El ministro de Bienestar Social y creador de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), José López Rega, aseveró por entonces: “Las guerrillas son los principales consumidores de drogas en la Argentina, por lo tanto la campaña antidrogas será auténticamente una campaña antiguerrilla”. Es más, los términos narcoguerrilla, narcoterrorismo y narcosubversión surgen en estos años.
López Rega impulsa la primera ley que abiertamente criminaliza a las personas usuarias. La ley 20.771, reprimía con prisión de uno a seis años la “posesión de estupefacientes”, aunque estuvieran destinados a uso personal.
Dictadura y prohibición
Ese es el marco legal con el que Argentina ingresa a la Dictadura Cívico Militar que arranca el 24 de marzo de 1976.
La dictadura dejará su sello propio. En el marco de un plan represivo bestial jamás visto en nuestro país y consecuente con un rumbo económico que destruyó gran parte de la industria nacional, en 1977 se prohibe la producción de cáñamo suspendiendo un proceso productivo que había comenzado a implementarse en los años 60.
En 1978, la Junta Militar tendrá su propio hito judicial sobre la criminalización a usuarios: el fallo Colavini.
La Corte Suprema de Justicia de la dictadura ratificó la sentencia a dos años de prisión en suspenso a Ariel Colavini, al que se había encontrado con dos porros, por considerar que “el uso de drogas representa un peligro para la ética colectiva”.
En el marco de un plan represivo bestial jamás visto en nuestro país y consecuente con un rumbo económico que destruyó gran parte de la industria nacional, en 1977 se prohibió la producción de cáñamo suspendiendo un proceso productivo que había comenzado a implementarse en los años 60.
En las páginas del fallo se lee que la “toxicomanía” es una “calamidad social comparable a las guerras que asuelan a la humanidad, o a las pestes que en tiempos pretéritos la diezmaban”.
Al ser detenido, Ariel Colavini simplemente caminaba por una plaza con dos porros en un bolsillo. Esperaba el resultado del fallo detenido en el pabellón séptimo de la cárcel de Villa Devoto, pero nunca logró ver el resultado de la apelación. Falleció dos semanas antes.
Su cadáver fue uno de los tantos que se recuperaron luego de lo que los medios titularon como “el motín de los colchones”. Fue una violenta represión en la que el Servicio Penitenciario Federal asesinó a 74 detenidos luego de una supuesta discusión entre los uniformados y un grupo de presos. Ariel Omar Colavini tenía 21 años.
El golpe de 1976 “reorganizó” trágicamente el pequeño universo nacional. Junto a la clase trabajadora, la juventud fue diagnosticada y combatida como un potencial anticuerpo que ponía en riesgo la unidad nacional.
Entre las muchas prácticas juveniles que planteaban un mundo diferente al de generaciones anteriores estaba la militancia política, los grupos de trabajo en villas y el rock. De un modo complejo, con resistencias y contradicciones, el uso de cannabis formaba parte de esa identidad que la dictadura reprimió sin atenuantes.
La legislación antidrogas fue así una herramienta más de control y persecución hacia uno de los sectores de la población que más se resistió política y culturalmente al proyecto autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
La democracia y sus deudas
Pasado el horror y con el regreso de la democracia se reavivó el debate sobre poner fin a la penalización de usuarios y usuarias. En ese marco nuevamente la Corte Suprema, con otra composición, emite un veredicto: el famoso fallo Bazterrica.
El guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Gustavo Bazterrica, había sido detenido por tener drogas y había sido condenado. En ese caso, la Corte ratificó el derecho a las acciones privadas garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Todo parecía indicar que la ley de López Rega, luego de la larga noche de la dictadura, iba a ver su fin. Sin embargo, la política internacional impuso nuevamente su agenda.
Con la caída del muro de Berlín en 1989. Estados Unidos, ahora monopolio del poder mundial, impuso las reglas y estableció que cualquier país latinoamericano que quisiera acceder a un crédito a través del FMI debía tener una legislación “antidrogas”.
Así, en septiembre de 1989, Argentina se amolda a las presiones externas y corporativas, y lejos de establecer una nueva legislación soberana, sanciona la actual ley de drogas argentina: la 23.737.
Dado que el fallo Bazterrica ponía límites a penalizar el consumo, la nueva ley pasó a penalizar la tenencia: cualquier persona puede ser detenida por el solo hecho de tener un porro y está obligada a demostrarla al estado que es para consumo personal.
Si logra demostrarlo, recibirá de 1 a dos años de prisión que la persona podrá “canjear” por un tratamiento de “desintoxicación”.
Si no logra demostrarlo la pena puede llegar a los 6 años de prisión.
Estados Unidos estableció que cualquier país latinoamericano que quisiera acceder a un crédito a través del FMI debía tener una legislación “antidrogas”. En septiembre de 1989, Argentina se amoldó a las presiones externas y corporativas y sancionó la actual ley de drogas: la 23.737
La ley de drogas no discrimina por cantidades.
Las penas para cultivo de cannabis son las mismas que para la tenencia de cualquier sustancia ilegal.
Desde la sanción de la actual ley ciento de miles de personas han sido demoradas, detenidas, allanadas, procesadas y encarceladas. Las terribles consecuencias de su aplicación son registradas en THC desde 17 años.
Al día de hoy, según dato oficiales, en distritos como CABA del total de detenciones por infracciones a la ley de drogas, más del 75% son por tenencia para consumo personal. Estos datos son muestra de una legislación que deshonra nuestra democracia.
Pese a la ley de cannabis medicinal y la ley que brinda un marco regulatorio a la industria, la 23.737, heredera de los años más trágicos de la historia argentina sigue vigente