El viernes 5 de abril por la tarde, personal del la Municipalidad de San Isidro, se presentó con una orden para ingresar y secuestrar el cultivo de la Ong Super Fly. A las 7.30 del día siguiente, pasaron a la acción: se llevaron todas las plantas que había en la sede y la clausuraron.
Todo comenzó por una denuncia de una vecina que no prosperó, dado que la asociación está autorizada por el Ministerio de Salud de la Nación para el cultivo de cannabis medicinal para personas con Reprocann.
Fue en ese punto en que Andrés Rolón, al frente del Juzgado de Faltas Nro. 1 de San Isidro, abrió un expediente en que se ponía en tela de juicio si Super Fly contaba o no con la habilitación necesaria para llevar adelante sus actividades.
A partir de esa decisión, los abogados de la Ong se acercaron al juzgado para para resolver la situación argumentando que, al no tratarse de una actividad comercial, era improcedente exigirles una habilitación para ese fin.
Incluso la ONG tenía pensado mudar las salas de cultivo en tres meses ante la posibilidad de que el juzgado no reconociera el derecho a continuar con su actividad.
Las plantas fueron embolsadas y cargadas en un camión de basura. El mismo fin de semana, en una decisión completamente inesperada, se ordenó prenderlas fuego en el cementerio municipal.
En ese contexto y de forma intempestiva, el juzgado decidió enviar personal municipal para proceder con la clausura.
A continuación el personal municipal secuestró lo que consideró “mercadería”. Tal como si se tratase de zapatillas o artículos de limpieza y no de plantas con las que se produce la medicina para usuarios registrados.
Las plantas fueron embolsadas y cargadas en un camión de basura. El mismo fin de semana, en una decisión completamente inesperada, se ordenó prenderlas fuego en el cementerio municipal.
El ataque
Rápidamente el municipio buscó viralizar una gacetilla que, según afirman los abogados de Super Fly, está plagada de inexactitudes.
“Están haciendo una campaña de prensa con información totalmente errónea”, sostiene el abogado Juan Palomino. “Habla de una empresa y se trata de una Ong, además dicen que se llevaron mil plantas y no llegaban a las 400”, explica.
La gacetilla no dice nada respecto a la incineración de las plantas, tampoco explica en detalle la justificación administrativa que impulsó un accionar tan veloz como intimidatorio.
En el documento emitido por el municipio sí hay un extenso textual del intendente Ramón Lanús con el que se cierra el comunicado.
“Acá tenemos un cerrajero. Voy a entrar por las buenas o por las malas. Te voy a tirar la puerta abajo, con o sin consentimiento”, le habría dicho el funcionario municipal a cargo del procedimiento a el presidente de la Ong, Jorge Galloso.
“Este procedimiento fue posible gracias al esfuerzo de varias dependencias del Gobierno Municipal por orden de la Justicia de Faltas. Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley. El compromiso que asumimos de trabajar junto a las autoridades judiciales y demás fuerzas nos permite llevarles tranquilidad y seguridad a los sanisidrenses”.
Acorde a lo que declararon los miembros de la Ong la situación que se generó en la puerta de este espacio privado fue intimidatoria.
“Acá tenemos un cerrajero. Voy a entrar por las buenas o por las malas. Te voy a tirar la puerta abajo, con o sin consentimiento”, le habría dicho el funcionario municipal a cargo del procedimiento al presidente de la Ong, Jorge Galloso.
Galloso logró que los municipales accedieran a llevarse solo las plantas y dejar todo el equipamiento de las salas, materiales costosos y difíciles de reemplazar.
THC se comunicó con la Municipalidad de San Isidro para escuchar la voz oficial sobre lo ocurrido este fin de semana, pero no obtuvo respuestas hasta el momento.
La defensa
“Es importante entender que no faltaba ningún permiso de habilitación como dice el municipio, porque solo existen permisos de habilitación para locales comerciales y este no es un local comercial”, detalla Palomino.
“En principio Super Fly es una asociación civil sin fines de lucro con personería jurídica que cultiva de manera solidaria para pacientes, a la cual también el estado le dio el reconocimiento como Ong vinculada a la Salud en el marco del Reprocann, es decir que pasó por un montón de instancias de control y se le otorgaron permisos”, cuenta Palomino.
“La entrada de dinero es a través de aportes, no de recibos porque no vende nada: en el marco del Reprocann los cultivos solidarios no pueden vender, pero obviamente los gastos de producción si pueden cubrirse a partir de lo que aportan los socios, algo que está previsto en el Código Civil Comercial”, profundiza.
Los abogados de Super Fly accionaron rápidamente. El mismo sábado, Palomino se presentó para realizar una denuncia penal contra la Municipalidad de San Isidro.
La denuncia consiste en algo tan claro como contundente: considerar que se llevó adelante un allanamiento sin orden judicial y sin ningún tipo de garantía.
Además de denunciar por amenazas a Gabriel Aon, quien se habría presentado como “jefe de departamento de la Municipalidad de San Isidro”, y sería la persona que aseguró que tenía pensado abrir la puerta por las buenas o por las malas.
Las personas que recibían su cannabis a partir de Super Fly fueron notificadas. No se trata de algo menor: a partir de ahora, no tienen forma de acceder a su medicina, un derecho garantizado por la legislación nacional y que fue ignorado por la Municipalidad de San Isidro anteponiendo criterios administrativos.
“Ahora queda por delante una batalla judicial”, explica Palomino. “Primero ratificando la denuncia que hicimos y luego seguir con la presentación de medidas cautelares y amparos, pero el daño ya está hecho”.