Según información que comenzó a circular el día de hoy las autoridades del Reprocann habrían realizado un análisis sobre 10mil casos de personas inscriptas.
El resultado informado: una gran cantidad de cuadros de insomnio, ansiedad y dolor, de la mano de pocos diagnósticos ligados a tratamientos de patologías que los funcionarios consideran amparados por evidencia científica.
Por otra parte, quienes estarían llevando adelante la auditoría dejaron trascender que consideran que los requisitos de inscripción son “muy laxos”.
Las actuales autoridades se refieren a los cambios realizados durante la administración anterior. Entre ellos la ampliación de patologías conforme a la indicación de profesionales de la Salud, algo previsto en la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.350).
En el artículo 8 de dicha ley se establece la creación del Reprocann en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y se habilita la inscripción de los pacientes y familiares de pacientes “presentando las patologías incluidas en la reglamentación y/o prescriptas por médicos”.
Según lo trascendido, esta amplitud del acceso a la Salud sería para los funcionaros algo que perjudicaría a las personas que deberían beneficiarse del programa.
Y acorde a la misma información, las autoridades del Reprocann aún no habrían descartado una reducción drástica de las patologías que permiten la inscripción al registro que habilita el cultivo de cannabis medicinal sin riesgo penal.
Lo cierto es que el derecho más elemental a la Salud es el derecho a su acceso. De reducirse las patologías que permiten a una persona inscribrise en el registro nacional, cientos de miles no tendrían derecho a abastecerse de cannabis para llevar adelante un tratamiento que mejore o mantenga su calidad de vida.
Las ONGs desmienten acuerdo con la restricción del Reprocann
En una suerte de comunicación extra oficial, también se aseveró que las ONGs que forman parte del Consejo Consultivo Honorario del Programa de Cannabis (CCH) no habían presentado ningún tipo de objeción a los cambios propuestos por el gobierno.
Sin embargo, desde las diferenes ONGs que tienen como objetivo asesorar a un mejoramiento permanente de las políticas sanitarias vinculadas al cannabis salieron a desmentir categóricamente su apoyo al avance de restricciones sobre el programa.
“Bajo ningún punto de vista se está de acuerdo ni se aceptarán restricciones a la salud, a pacientes y usuarios, hayan tenido sus certificados y sean renovaciones o sean nuevos permisos, independientemente de la patología”, aseguran miembros de las ONGs
“Bajo ningún punto de vista se está de acuerdo ni se aceptarán restricciones a la salud, a pacientes y usuarios, hayan tenido sus certificados y sean renovaciones o sean nuevos permisos, independientemente de la patología o síntoma mientras sea indicado por un médico como lo indica la normativa vigente ya que no se aceptará dar un paso atrás a los derechos adquiridos”, sostiene Felipe Herrera Locascio de la Fundación Yungannabis.
Según confirman desde el CCH, el lunes 22 de abril enviaron formalmente un documento con observaciones puntuales para mejorar la propuesta del gobierno.
Hoy mismo el CCH se enteró por los trascendidos que supuestamente no había hecho ningún tipo de observación al plan de las autoridades.
Las propuestas de las ONGs se realizaron sobre diferentes puntos que se trabajaron intensamente. En lo que respecta a la limitación de patologías el documento enviado por las ONGs sostiene que esa parte debe ser removida completamente del proyecto de reforma.
“La limitación que se propone desde este Ministerio representa una incuestionable regresión de derechos adquiridos por parte de los usuarios medicinales del cannabis, lo que traduce una muy grave infracción a la Constitución Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía que abordan la cuestión de la salud”, sostiene el documento.
Respecto a la exigencia de “evidencias científicas” para justificar o no la indicación de cannabis, la presentación de las ONGs fue realizada con amplia asesoría médica.
En ella se sostiene que se trata de un requerimiento discutible, si se tiene en cuenta que hasta 2017 el Estado argentino mantenía el cannabis de uso medicinal en la ilegalidad.
En lo que respecta a la limitación de patologías el documento enviado por las ONGs al Ministerio de Salud sostiene que esa parte debe ser removida completamente del proyecto de reforma.
Justamente, la Ley Nacional de Cannabis Medicinal establece como responsabilidad del Estado “investigar los fines terapéuticos y científicos de la planta de cannabis y sus derivados en la terapéutica humana” impulsando el desarrollo de estas tareas en organismos como el Conicet y el INTA, algo que requiere una decidida inversión pública.
En ese mismo documento, que está en manos del ministerio desde hace poco más de una semana, las ONGs subrayan que dicha evidencia científica “se está construyendo, y se construye gracias a que se dejó de limitar su indicación médica”.
“La ley 27.350 regula la investigación científica y el uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados. Esta Política de Estado se origina y se sostiene a partir de la participación y la acción de múltiples sectores de la sociedad civil”, agrega.
Lejos de evadir la importancia de una auditoría, las ONGs sostienen que si el ministerio “está preocupado por quienes ejercen la medicina sin respetar su juramento hipocrático, la respuesta debe darse a través de la detección de irregularidades y su posterior abordaje. No a través del desconocimiento de derechos adquiridos en el acceso a los tratamiento médicos”.
Las ONGs sostienen que si el ministerio “está preocupado por quienes ejercen la medicina sin respetar su juramento hipocrático, la respuesta debe darse a través de la detección de irregularidades y su posterior abordaje. No a través del desconocimiento de derechos adquiridos”.
Y asegura que en la actualidad “existen normas específicas para el control de las indicaciones médicas e incluso tipos penales para casos en donde los profesionales se aparten de lo que prescribe la terapéutica cannabica o para indicaciones mayores a las correspondientes”.
A su vez, las ONGs relevan la preocupación de los profesionales de la Salud. Esa preocupación “radica principalmente en el hecho de que dicha modificación propuesta distorsiona tanto los principios como la aplicación de la norma vigente, confundiendo y desorientado a la comunidad en su conjunto”.
Reducción de patologías: ¿qué consecuencias tendría?
La propuesta oficial es reducir las patologías que habilitan el derecho al autocultivo, el cultivo solidario y de ONGs a Dolor Oncológico , Neuropatía Post Herpética, Esclerosis Múltiple, Lesión Medular Traumática, Dolor del Sistema Neurológico Central, Epilepsia Refractaria, Autismo, Dolor producido por Accidente Cerebro Vascular (acv) y Neuralgias.
De avanzar esta modificación sólo podrían registrarse en el Reprocann las personas que conviven con estas situaciones de salud y se desconoce qué ocurriría con los permisos ya otorgados para otras patologías al momento de su renovación.
“La restricción propuesta a los profesionales de la Salud para indicar el uso medicinal del cannabis a una lista cerrada de patologias definidas por una resolución ministerial, no contempla el universo real”, aseguran las ONGs
Desde el CCH aseguran que “la restricción propuesta a los profesionales de la Salud para indicar el uso medicinal del cannabis a una lista cerrada de patologias definidas por una resolución ministerial, no contempla el universo real de personas que emplean tratamientos con esta medicina o pueden llegar a necesitarla”.
Y sostienen que solo sería un obstáculo para el acceso a los tratamientos, “generando un grave retroceso en derechos ya adquiridos y generando un profundo daño a la Salud Pública”. Hecho que podría generarle al Estado nacional una verdadera catarata de juicios.
Esta semana, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires solicitó a las autoridades de salud un informe por los retrasos en la aprobación de trámites del Reprocann. Esto se produjo luego de un aumento récord en pedidos de usuarios para que esa dependencia garantice sus derechos.
La defensoría solicitó datos sobre la cantidad de solicitudes de inscripción que presentan retrasos, el plazo promedio que insume la realización de estos trámites, qué medidas tomaron ante esta situación, cuáles son las vías de contacto para hacer reclamos y si hay un registro de estas quejas.
De momento, el pedido de la Defensoría bonaerense no obtuvo respuesta.
Desde la perspectiva sanitaria, en un comunicado reciente la Sociedad Argentina de Endocannabinologia y Terapéutica cannábica (SAET) manifestó su preocupación a la vez que se puso a disposición de las autoridades para trabajar en mejoras que no eliminen derechos.
En dicho comunicado se sostiene que “desde el 2017 a la fecha, se ha avanzado enormemente en la capacitación, investigación y uso del cannabis para gran cantidad de patologías, algunas con mayor evidencia científica que otras, todas con claras mejorías en la calidad de vida de quienes usan la planta en sus diferentes formatos “.
Por su parte, desde las ONGs confirmaron que su objetivo es seguir trabajando para mejorar el Reprocann, incluso en acuerdo con medidas racionales como acelerar la entrega de permisos a los casos más urgentes.
“Entendemos que se necesite emprolijar y mejorar el programa, cerciorarse que las ONG trabajan con cierto orden y que llevan documentación al dia como la trazabilidad, conciencia y metodología de trabajo”, explica Felipe Herrera Locascio.
“Siempre tenemos la intención de construir, pero al mismo tiempo tenemos la certeza de que llevamos un montón de años trabajando sobre estos temas: tenemos el derecho de ser escuchadas como voces autorizadas”, aseguró Claudia Pérez, presidenta de Madres Cultivadoras Argentinas.
“Justamente este movimiento y la mayoría de las ONG’s se han caracterizado por hacer más de lo exigible hoy por la necesidad de legitimar aún más nuestra actividad y el espíritu de hacer bien las cosas. También sabemos, y ellos tambien lo saben, que las ONG somos el brazo que el Estado que no tiene”, detalla.
“Siempre tenemos la intención de construir, pero al mismo tiempo tenemos la certeza de que llevamos un montón de años trabajando sobre estos temas: tenemos el derecho de ser escuchadas como voces autorizadas”, aseguró Claudia Pérez, presidenta de Madres Cultivadoras Argentinas.
“Como comunidad, tenemos el desafío de seguir evolucionando, profesionalizándonos y creciendo”, afirma Herrera Locascio, “pero solo podemos hacerlo en un contexto evolutivo, no restrictivo”.