La Auditoría General de la Nación (AGN) realizará una auditoría del funcionamiento del Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos. Para esa tarea, convocó a una reunión de participación ciudadana a ONGs del cultivo, cuyo balance de la reunión es “muy positivo”.
La AGN, un organismo con rango constitucional en Argentina que asiste al Congreso en el control externo de la administración pública nacional, realizará una auditoría sobre el Reprocann para evaluar “el grado de cumplimiento del Ministerio de Salud en relación a los objetivos y obligaciones establecidas por la legislación vigente para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales”.
Los objetivos concretos de la AGN para la auditoría son, en principio:
- Evaluar si la estructura de gobernanza es adecuada para asegurar el cumplimiento de las funciones vinculadas al objeto de auditoría.
- Verificar el cumplimiento de los procedimientos de registro, acceso gratuito y cultivo controlado que debe implementar el ministerio para pacientes y/o usuarios que necesitan acceder a la planta de cannabis y sus derivados como modalidad terapéutica, medicinal o paliativa del dolor conforme la normativa vigente.
- Examinar si el Ministerio realiza el seguimiento de pacientes y usuarios inscriptos en los registros vigentes (RNPenT, RNPenl, Registro de Familiares REPROCANN) durante el período auditado.
- Analizar si el Ministerio impulsó, a través de los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en ANLAP, la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación, y
- Evaluar si el Ministerio cumplió con el deber de promover investigaciones de sociedades científicas, instituciones académicas, nacionales, provinciales y municipales, relacionadas con los fines terapéuticos y científicos de la planta de Cannabis y sus derivados, conforme lo exige la legislación vigente.
Estos objetivos se eligieron en base a una investigación preliminar y “no son inamovibles sino un punto de partida”, explicó el organismo. Por eso en la invitación que enviaron a varias ONGs cannábicas, aclaró que los objetivos propuestos pueden ser “enriquecidos” y que están abiertos a incluir otros, en base a los aportes e inquietudes de la sociedad civil.
¿Qué período del Reprocann se audita?
Según comentaron a THC ONGs, Asociaciones Civiles, Clubes, Federaciones y organizaciones científicas participantes de la reunión, el período de auditoría es a año vencido, por lo cual la AGN auditará todo el período 2023 del Reprocann.
Eso llamó la atención de varias organizaciones, que insistieron en dejar sentados lineamientos para la auditoría 2025 (del 2024). “Fuimos alrededor de 70 personas las que participamos de la reunión y fue muy interesante, en este contexto que tenemos en líneas generales fue llamativo este llamado a participar”, contó Claudia Pérez, de Madres Cultivadoras.
Según Claudia Pérez de la Asociación Madres Cultivadoras, lo que la AGN va a auditar ahora -hasta el cierre del 2023- es “el periodo de construcción del Raprocann, donde todo se estaba armando. Donde pudo haber errores y otras cuestiones, pero justamente porque estaba en plena construcción.”
Según explicó, las organizaciones convocadas no fueron necesariamente las que integran el Consejo Consultivo, por eso asistieron “con bastante incertidumbre”. Y una vez allí, representantes de la AGN les explicaron que “tenían que construir lo que serían los lineamientos para auditar el Reprocann y entendían que no podían construir eso sin la mirada de quienes impulsamos la ley”.
Según Pérez, lo que la AGN va a auditar ahora -hasta el cierre del 2023- es “el periodo de construcción del Raprocann, donde todo se estaba armando. Donde pudo haber errores y otras cuestiones, pero justamente porque estaba en plena construcción. Actualmente tenemos una mirada más crítica en relación a su funcionamiento, y que va más allá del periodo que van a auditar. Eso lo aclaramos” a lo largo de las dos horas que duró la reunión de “participación ciudadana” de la AGN.
“Creo que la mayoría de los que estábamos ahí teníamos más reclamos en mano del tiempo actual que del pasado. Primero que nada tener en cuenta que no sólo tenemos una ley medicinal, sino también una ley penal, por lo que si el Reprocann no funciona como corresponde, a cualquier persona que esté inscripta y no esté debidamente autorizada lo termina alcanzando”, explica la activista en referencia a las largas demoras que se registraron en los últimos meses para recibir el permiso.
“Necesitamos que funcione esa herramienta, no solo por una garantía de salud -que es el motivo por el que se construyó- sino como tranquilidad de no ser perseguida ni detenida. Eso en relación a los usuarios de manera individual. Y en relación a las organizaciones, seguir reconociendo que la mayoría de la población argentina resuelve el problema de abastecimiento a través de organizaciones, porque el Estado no está pudiendo dar respuesta” a la demanda de cannabis medicinal.
¿Qué inquietudes presentaron las ONGs en el taller?
En la síntesis del encuentro -redactada por Luciana Cobo, médica especialista en cannabis y miembro de la Comisión de Investigación Clínica de la RACME CONICET- se relevan todos los puntos críticos que las ONGs, Asociaciones Civiles, Clubes, Federaciones y organizaciones científicas marcaron como necesarios para auditar.
Además de la problemática en torno a la falta de acceso a la salud y el riesgo a nivel legal, plantearon las limitaciones para investigar, en cada ocasión que los comité de ética de diversas instituciones científicas “nos pone como requisito el uso de moléculas isoladas” cuando “la gran mayoría de los usuarios obtienen claros beneficios en su salud integral y la de sus familiares y tutores, con extractos de la planta con espectro completo”.
Además, la mayoría de las organizaciones expuso los “problemas de índole sanitario y en materia de seguridad” dada la simultaneidad en que pueden encontrarse “bajo la órbita de la Ley 27.350 vs. la 23.737”. Incluso varios actores “mencionaron la necesidad de la derogación de esta última y su carácter vetusto con relación a los tiempos en que fuera sancionada y el contexto internacional donde se saca de la lista 1 al cannabis”.
En la misma línea se planteó un período en el cual, entre la indicación del cannabis terapéutico y el registro en Reprocann, exista un “permiso provisorio” tácito, sirviendo el solo certificado médico o historia clínica, CCII y DDJJ como “elementos fehacientes de cumplimiento de la normativa ante un requerimiento de las fuerzas de seguridad”.
Por otro lado, se expuso el rol social que tienen las asociaciones en su trabajo junto a adultos mayores, personas con discapacidades y otras poblaciones vulnerables en su acceso a profesionales, hospital y medicación, y se mencionó “en varias oportunidades la estigmatización que sufrimos cualquier usuario, mayor aún hacia las mujeres y disidencias y en el interior del país”.
Además, se insistió sobre la falta de plasticidad con que opera el software de Reprocann, con el cual “no se extienden certificados de los domicilios de cultivo de las distintas ONGs o Cultivadores Solidarios, ni se puede editar la sede de cultivo, la capacidad de cultivo o el paciente vinculado”; y se sugirió que las renovaciones del registro sean automáticas.
En la misma línea se planteó un período en el cual, entre la indicación del cannabis terapéutico y el registro en Reprocann, exista un “permiso provisorio” tácito, sirviendo el solo certificado médico o historia clínica, CCII y DDJJ como “elementos fehacientes de cumplimiento de la normativa ante un requerimiento de las fuerzas de seguridad”.
Además, las organizaciones participantes solicitaron que sea información de carácter público “quiénes son aquellos que integran el equipo de REPROCANN e idealmente que cada distrito cuente con un referente del programa” al cual se le pueda comunicar determinada problemática. Mencionaron los “mails irregulares enviados desde el Ministerio de Salud donde se expresaba cómo se debe o no fraccionar el material vegetal en traslados”, cuando en ningún artículo de la Ley de Cannabis Medicinal está señalado cómo debería transportarse el material. Y plantearon “la enorme dificultad que implica hoy transportar material vegetal por el territorio nacional, siendo que muchas asociaciones tienen sus predios de cultivo en diferentes distritos o regiones”.
Sostuvieron además que sigue siendo necesaria la capacitación sobre el programa, su funcionamiento y la terapia cannábica a personal de fuerzas de seguridad, de salud y autoridades del Ministerio de Salud. Y advirtieron que “la eventual restricción de patologías redundaría en un perjuicio para todos aquellos usuarios que hasta la fecha se encuentran cursando una mejoría en su calidad de vida gracias al cannabis”. Entre otras cosas, además, expusieron que en materia de medicina laboral “se requieren intervenciones para proteger a los trabajadores que son limitados o despedidos por el uso del cannabis”.
Una revisión de la implementación, una auditoría más completa
Al momento de auditar el Reprocann, las organizaciones que participaron de la reunión sostuvieron que es necesario dar cuenta del contexto de su implementación. Por ejemplo, se hizo mención a la cantidad de pacientes que eran tratados por unos pocos médicos, cuando al comienzo del programa eran muy pocos los profesionales de salud que se anotaron para atender a pacientes desde una terapia cannábica.
“Si queremos mirarlo de manera negativa, le vamos a ver lo malo sin dudas, pero si hacemos un análisis de contexto nos podemos dar cuenta de que no eran muchos los profesionales. Y el Ministerio de Salud hizo solo dos capacitaciones -una en Nación y una en Provincia de Buenos Aires- a profesionales de la salud pública: hay mucho para mejorar”, asegura Pérez.
Y en esa línea, insiste en que es necesario mirar este tema desde una óptica de salud y no criminalizante. Por ejemplo, en el caso de las renovaciones automáticas: “Soy mamá, mi hijo usa cannabis todos los días y con esto controla no sólo sus compulsiones, sino un montón de otros síntomas. Si no tengo una autorización automática y tengo un periodo descubierto del tiempo que sea, me estás arrojando a la ilegalidad, porque no voy a dejar de cultivar. No le voy a cortar el tratamiento a mi hijo”, explica la activista.
Y agrega que “la mayoría de la gente va a hacer lo mismo. Entonces estamos todos frente a la posibilidad de tener un antecedente penal. Ahí lo que estaría bueno es tener otra mirada, una mirada un poquito más simpática, más abierta en relación al tema”.
Durante la reunión, las organizaciones también pidieron que se audite la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), y la GNA les informó que cuando tuvieran un borrador de la auditoría volverán a convocarlas para leerlo juntos y evaluar si hay que modificar, quitar o agregar elementos.