Días atrás, un grupo de ONGs planteó al Ministerio de Salud de la Nación la necesidad de aprobar los trámites iniciados en el REPROCANN. Además, manifestaron la importancia de revisar la resolución que impuso restricciones a los profesionales de la salud para recetar cannabis.
La resolución 3132/2024 generó una preocupación inmediata en médicos y organizaciones civiles. Para la amplia mayoría de quienes se vinculan a la planta como usuarios, cultivadores o profesionales, esa decisión del MSN impuso restricciones que se consideran injustificadas.
En la reunión participaron algunas de las ONGs que forman parte del Consejo Consultivo Honorario (CCH) del Ministerio: Madres Cultivadoras Argentinas, Cultivo Mi Medicina, Plantar, Crecer Libre y Evolución Verde. Por parte del Ministerio, participaron los Lic. Carlos Gallego y el Dr Mariano Pérez Marrararo, responsables del REPROCANN.
El CCH es un órgano que se creó para que las organizaciones civiles puedan sumar su experiencia a la hora de establecer políticas sanitarias vinculadas al cannabis.
Aprobación de permisos
Sin duda, el tema más complejo relacionado al Reprocann es el atraso en la aprobación de trámites.
Se calcula que son alrededor de 100mil personas los que esperan desde hace meses que el Ministerio de Salud evalúe sus solicitudes y, caso a caso, las habilite para acceder al cannabis medicinal sea a través del autocultivo, el cultivo solidario o las ONGs.
De momento, la aprobación de solicitudes se da casi exclusivamente a través de la presentación de recursos de amparo. Esto, más allá de exponer a las personas a exigir por vía judicial su derecho consagrado por ley, implica un gasto enorme para el Estado argentino.
“Si el Ministerio no comienza a aprobar trámites, se va a llenar de recursos de amparo, como viene sucediendo y eso tiene un costo: mas de 1 millón 300 mil pesos por amparo”, detalla Romanelli. “El gasto que se está generando es innecesario”.
A su vez, las organizaciones del CCH fueron categóricas: es indispensable la aprobación urgente para las personas en situación de mayor vulnerabilidad, tal como se había establecido en la resolución de 2024.
“Hay pacientes que ya no pueden esperar porque se está viendo afectada su salud, que es un derecho humano, ya han esperado más de un año”, asegura Perla Peralta de Creciendo Libre.
Al mismo tiempo, plantearon la necesidad de que las renovaciones sean automáticas. Es decir, que no se requiera iniciar un trámite de cero cada vez que una persona tiene que renovar su credencial, cosa que hoy implica entrar en un callejón sin salida.
En cuanto al criterio general que está aplicando el Ministerio, las ONGs insisten en lo que se encuentra en la base de muchos amparos: si una persona presentó su trámite antes de la resolución de 2024, no pueden aplicarse esos requerimientos de forma retroactiva.
En otras palabras, si una persona fue prescrita por un médico de la Salud sin diplomatura antes de que se le exija eso a los profesionales, se estaría vulnerando un principio esencial de la normativa argentina.
“Como no es retroactiva la resolución, todas las personas que se hayan vinculado antes de que salga tienen que ser aprobadas en su totalidad”, sostiene Romanelli.
Sin embargo, las autoridades del Ministerio fueron tajantes: si bien estarían dispuestas a revisar ese requisito a los médicos, hasta no hacerlo la resolución se aplica indiscriminadamente a todos los trámites presentados.
Más allá de lo que haga el Ministerio “quienes usan cannabis para tener una mejor calidad de vida no van a dejar de plantar o de consumir el aceite, o transportar la materia vegetal para su tratamiento”, afirma Romanelli.
“Esto lo que hace es poner en riesgo muchos derechos adquiridos y que los pacientes entren en el marco de la ilegalidad porque tenemos una Ley penal que castiga con prisión a quienes tengan cannabis”, asegura.
Restricciones a los profesionales de la salud
En lo que respecto a los profesionales de la salud, la resolución ministerial estableció la exigencia de haber cursado una diplomatura o maestría específica sobre cannabis a los profesionales de la Salud que decidan prescribir la planta.
Las ONGs pidieron que esa restricción se elimine. En esencia, no existe ningún tipo de exigencia similar para la prescripción de ninguna otra sustancia. Esto subraya que se trata de una limitación que no está pensada desde la necesidad de mejorar la práctica médica.
De hecho, al momento de salir la resolución, profesiones especializados sostuvieron que la decisión oficial establecía una restricción arbitraria y que, en caso de querer mejorar la política sanitaria, debería impulsarse que el cannabis forme parte de la capacitación médica desde la etapa de pregrado.
En definitiva, la resolución ministerial, que habría buscado impedir que pocos médicos concentren la prescripción de cannabis para la Salud, tuvo el efecto contrario: impidió a miles de personas el acompañamiento médico indispensable para acceder a sus tratamientos.
Según trascendió, las autoridades se habrían comprometido a dejar sin efecto el requisito de Diplomatura o Maestria a los profesionales.
Otro puntos sensible es el de los odontólogos: acorde a la resolución de 2024, no podrían prescribir cannabis. Sin embargo, tanto los profesionales como las organizaciones no están de acuerdo ya que hay estudios que demuestran los efectos positivos del cannabis en patologías referidas a la salud bucal.
De hecho, hay una gran cantidad de pacientes que se vinculan con las ONGs a través de sus odontólogos, por diferentes patologías que conllevan un seguimiento profesional.
Restricciones al cultivo solidario
Antes de la resolución, no había un límite claro de cuántas personas podían ser representadas por un cultivador solidario.
Se trata de una persona que cultiva para otros, algo sumamente habitual en el caso de usuarios medicinales que no pueden hacerlo por si mismos.
De hecho, esta figura fue contemplada por la legislación dado que es una práctica preexistente a la ley, al igual que el autocultivo.
A partir de la resolución un cultivador solidario pasó a poder cultivar solo para dos personas. Si la persona que cultiva también es usuaria medicinal, solo puede cultivar para una persona.
En su momento, se cuestionó duramente esta decisión. Ante todo porque no contempla la realidad de personas en todo el país, quienes solo tienen acceso al cannabis medicinal a través de alguien que cultiva para ellos: no por medio de una ONG.
Si a eso se suma el freno en la producción industrial de cannabis para la Salud, restringir casi por completo el cultivo solidario, deja a los usuarios sin acceso a la planta.
“Es fundamental que aquellos lugares que no tengan ONGs cerca se puedan nuclear a través de un cultivador solidario”, asegura Karina Romanelli de Cultivo Mi Medicina.
“Hay poblaciones muy pequeñas que no logran, por cantidad de integrantes, armar una asociación, entonces los que ahí aparecen son los cultivadores solidarios: las personas se vinculan con ellos y este es el que se compromete a llevar adelante un cultivo seguro y a realizar los preparados de los aceites”, explica.
Y afirma: ”Nos parece que restringir al cultivador solidario a dos personas que cultiven incluido ellos, es una barbaridad y necesita revisión urgente”.
Regulación de las ONGs
En este punto, la resolución generó un marco plagado de polémicas.
Una de las formas de acceso al cannabis medicinal es a través de ONGs. La persona usuaria, prescripta por un profesional de la salud, puede determinar que sea una organización la que cultive sus plantas y realice sus extractos en caso de ser necesario.
Si bien esta vía ya había sido habilitada, había un retraso en las autorizaciones. En este contexto, la nueva administración determinó que era necesario establecer nuevos requisitos para habilitar los permisos de cultivo.
En ese sentido, la nueva resolución establece una serie puntos como condición necesaria para habilitar a las ONGs:
- Que se encuentren debidamente inscriptas para funcionar como persona jurídica ante el organismo correspondiente, según la jurisdicción a la que pertenezca
- Que contemplen como parte de su objeto social «la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales» conforme a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal (27.350)
- Que presenten la nómina de los usuarios registrados en REPROCANN para quienes cultivarán, acompañada de las declaraciones juradas de cada persona autorizada para acceder al cultivo a través de dicha asociación civil y/o fundación.
- Que los miembros de la Comisión Directiva de las Asociaciones Civiles y/o Miembros del Consejo de Administración de las Fundaciones, «no posean antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal».
Este último punto es uno de los más controversiales. Básicamente porque muchas personas vinculadas al cultivo tiene antecedentes penales por haber sido allanadas antes de que exista la ley.
Otro de los puntos sensibles es la cantidad de personas a las que pueden proveer de cannabis y derivados las ONGs.
En este sentido Perla Peralta de Crecer Libre destacó la importancia de no limitar a las ONGs a 150 pacientes “muchas de las ONGs tienen más de 200 socios que están asistiendo actualmente, la demanda es muy grande”.
Eso implicaría que el Ministerio debería también ampliar los rangos de cultivo para poder satisfacer, en caso de ser necesario, la demanda de cannabis medicinal.
Por su parte, el Ministerio se habría comprometido a revisar esta situación y a responder vía mail a las ONGs que entregaron los requisitos para su adecuación. A su vez entregarían credenciales a fin de dejar un registro claro de la regulación.
Mejoras en el sistema informático del Programa
Otro eje de la reunion tuvo que ver con el funcionamiento del sistema de software del Programa donde las ONGs pidieron por un sistema mas eficiente
- Que el sistema informático contemple la posibilidad de realizar bajas efectivas. Esto incluye: la desvinculación de pacientes del médico y viceversa. la baja de los predios de cultivo, cuando sea necesario cambiar su ubicación.
- Es necesario que el Programa brinde la respuesta correspondiente a las ONGs en proceso de adecuación donde certifique que el proceso esté completo y aprobado.
“Estas medidas son esenciales para garantizar un funcionamiento eficiente, inclusivo y transparente del Programa”, explica Perla y agrega: “volvimos a pedir la prórroga y ellos se comprometieron a responder via mail a las ONGs que entregaron los requisitos para su adecuación como asi tambien su debida credencial.”
Una nueva resolución
Según las referentes de las ONGs, los representantes del Ministerio de Salud se comprometieron a garantizar y avanzar con el debido funcionamiento del Reprocann.
“Nos dijeron que está por salir una nueva resolución donde se sacaría la exigencia de diplomatura a los médicos”, confirma Romanelli.
“Pedimos que antes de que salga esa resolución se convoque a CCH completo: las ONGs, INASE, INTA, Universidades, Conicet, todos los actores que formamos parte”, agrega.
“Creemos que es fundamental la presencia en su totalidad para poder mirar bien la resolución y avanzar con algo que sea justo para todos, que contemple todo lo que venimos pidiendo, que no sea restrictivo, ino amplio para que deje de suceder todo lo que viene pasando”, sostiene Romanelli.
“Venimos hace meses pidiendo trabajar en conjunto: para eso es el CCH”, sostiene Romanelli. “Esperamos tener respuestas favorables y que vuelva a funcionar todo el aparato en su totalidad en materia de cannabis porque lo único que se está haciendo es vulnerar derechos”.