Instagram de Martín Carabajal (@imagenprocm)
Martín Carabajal está detenido hace más de un año y dos meses junto a su esposa Sandra Guzmán por cultivar cannabis en su hogar.
Se trata de otro caso que le pone nombre y apellido a las estadísticas oficiales que demuestran la sistemática persecusión a usuarios y cultivadores de cannabis. Algo que hasta los propios jueces advierten.
Su convivencia con el asma y las patologías que padecen algunas integrantes de su familia, lo impulsaron a cultivar sus propias plantas de cannabis para autoabastecerse de aceite y así poder obtener una mejor calidad de vida para su entorno. Pero el lunes 1 de octubre de 2019, la vida de esta pareja cambió por completo.
Ese día, la policía allanó su casa de Quilmes, encontraron 15 plantas de 80 centímetros y 159 plantines, 70 mil pesos (de los cuales 60 correspondían al sueldo de Carabajal) y ambos quedaron imputados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
“Es increíble lo que vivimos. Las plantas eran para uso medicinal de mi familia. Le hacía aceite para mí tía Rosa que tiene epoc, a mi mamá que tiene artritis reumatoidea y para mí, que padezco asma. Por eso no puedo creer esto”, nos cuenta Martín desde el penal.
“Quiero apelar a la conciencia de los jueces para que se termine de una vez por todas la prisión para quienes quieren hacer medicina del cannabis”, dice.
Investigación exprés
¿Por qué allanaron el domicilio de Martín? Un policía dice que vio a Carbajal haciendo “un pasa manos” a una persona. Esta persona habría sido requisada a metros de su casa y se le habría encontrado unos gramos de cannabis. Eso habría justificado que la policía ingresara a su domicilio. Pero la defensa de Martín asegura que la historia fue ratificada por un testigo falso.
En el allanamiento encontraron las plantas, pero no se realizó ningún informe pericial donde debería constar que se trataba mayoritariamente de plantines. Dentro de la casa tampoco se encontraron elementos que permitan reforzar la sospecha sobre el “comercio de estupefacientes”.
“Son personas que no tienen antecedentes penales, que colaboraron y se pusieron a disposición de la policía y son madres y padre de familia”, sostiene el Dr. Marcelo Iglesias, abogado defensor de la familia.
Máxima inseguridad
Hoy, a un año y tres meses del allanamiento, Martín está detenido en el penal de máxima seguridad de General Alvear y Sandra en la Unidad 33 de Los Hornos.
El episodio, como en todos los casos, afectó por completo a su entorno y no solo en lo emocional. Martín, de 43 años, trabajaba en el grupo Crónica, se dedicaba a la ingeniería en sistemas informáticos y su salario, era vital para el día a día de su familia.
“Mi mamá es jubilada y está al cuidado de mi hermana, que es una persona con discapacidad. Además cuida a mis hijos menores y hace lo que puede, por suerte muchos amigos la ayudan, pero mi trabajo cubría la mayor parte de los gastos de la casa”, cuenta Martín.
A mediados de año, Martín Carabajal y Sandra Guzmán afrontarán el juicio en su contra. “Tienen dos hijos menores de edad, que necesitan de la contención, apoyo emocional y sostén económico”, subraya el abogado de la familia. “Martín trabaja en sistemas, por lo que puede trabajar desde su domicilio. Las condiciones están dadas para sus arrestos domiciliarios”, asegura Iglesias.
Pese a los pedidos de la defensa, la Justicia les negó el arresto domiciliario. Y el futuro no se ve claro. “Esto afectó mucho a mi familia y también a mi vida social, porque no sé si tendré trabajo. Hasta el día de hoy no me han despedido, no tengo idea cuando salga de acá cómo continuará”, nos detalla. “Todo esto es un desastre”.
Criminalización pandémica
La situación que viven Martín y Sandra, es conocida y padecida por miles de personas en todo el país.
En las últimas semanas, fue puesta al descubierto nuevamente por los casos de Daniel Tornello y Nicolás Lupin, ambos allanados y detenidos en territorio bonaerense y transformados en ejemplos de la lucha contra el narcotráfico por el Ministerio de Seguridad provincial.
De hecho, por el evidente recrudecimiento de la criminalización, el Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas (FOCA) presentó esta semana un pedido al Poder Ejecutivo Nacional para que se indulte a las personas condenadas por tener y plantar cannabis para consumo personal.
En este video, Martín Carabajal explica su situación.