Cuando el estado norteamericano de Massachusetts comenzó a vender cannabis para uso adulto, una de las preguntas que acompañaron la legalización fue qué impacto tendría la nueva actividad comercial sobre la seguridad de las comunidades. Ocho años después, los datos disponibles permiten observar qué ocurrió con los delitos en algunos de los municipios que estuvieron entre los primeros en recibir locales de cannabis legal.
Un análisis basado en registros de la policía recopilados por el FBI y datos de licencias de la Cannabis Control Commission, la agencia que controla la regulación, comparó los niveles de delitos registrados en 2017, el último año completo antes del inicio de las ventas recreativas, con los de 2025.
El resultado más marcado aparece en los delitos contra la propiedad: en las 18 comunidades analizadas, la tasa cayó un 34,9%.
De 1.798 a 1.171 delitos cada 100.000 habitantes
Las ventas legales de cannabis para adultos comenzaron en Massachusetts el 20 de noviembre de 2018. Durante el primer año del mercado, 33 locales minoristas habían comenzado a operar en el estado.
Para realizar la comparación, el análisis identificó los municipios que contaban con establecimientos durante ese primer año y que, además, tenían datos federales completos y comparables para 2017 y 2025.
Las 18 comunidades fueron Brockton, Brookline, Chicopee, Easthampton, Fall River, Gardner, Greenfield, Hudson, Lowell, Lynn, Marlborough, Nantucket, Newton, Northampton, Pittsfield, Salem, Somerset y Worcester.
En conjunto, la tasa de delitos contra la propiedad pasó de aproximadamente 1.798 casos cada 100.000 habitantes en 2017 a 1.171 en 2025. Esto representa una reducción del 34,9%.
La comparación resulta llamativa porque la disminución fue superior a la registrada en Massachusetts en su conjunto. A nivel estatal, la tasa pasó de aproximadamente 1.428 delitos contra la propiedad cada 100.000 habitantes en 2017 a 1.019 en 2025, una caída cercana al 28,6%.
Además, el descenso no estuvo concentrado en unos pocos municipios: los 18 registraron una reducción de los delitos contra la propiedad.
Diferencias importantes entre las ciudades
La magnitud del descenso varió considerablemente de una comunidad a otra.
En Pittsfield, la tasa de delitos contra la propiedad cayó aproximadamente un 62,7% entre 2017 y 2025. En Easthampton la reducción fue cercana al 54,6%, mientras que Gardner registró una caída de alrededor del 53,8%. Nantucket y Somerset también tuvieron descensos superiores al 50%.
Incluso el municipio que presentó la reducción más pequeña dentro del grupo registró una variación negativa. En Fall River, los delitos contra la propiedad disminuyeron aproximadamente un 11,8%.
Los datos muestran además que las comunidades partían de situaciones muy diferentes. En 2017, por ejemplo, Pittsfield registró 1.092 delitos contra la propiedad con una población de 42.546 habitantes. Salem tuvo 951 delitos entre 43.385 habitantes y Northampton registró 555 casos con una población de 28.458 personas.
Por eso, la comparación no se basa simplemente en contar delitos, sino en utilizar tasas por cada 100.000 habitantes.
¿Y los delitos violentos?
El comportamiento de los delitos violentos fue diferente.
En las 18 comunidades analizadas, la tasa promedio ponderada por población pasó de aproximadamente 546 delitos violentos cada 100.000 habitantes en 2017 a 452 en 2025. La reducción fue del 17,2%.
La cifra es muy similar a la evolución registrada en todo Massachusetts. En el conjunto del estado, la tasa pasó de aproximadamente 354 a 296 delitos violentos cada 100.000 habitantes, una caída del 16,4%.
En este caso, además, los resultados fueron menos uniformes: doce de las 18 comunidades registraron tasas inferiores en 2025 respecto de 2017, mientras que seis tuvieron aumentos. Salem presentó una caída cercana al 74% y Nantucket de aproximadamente el 57%. Easthampton tuvo una reducción de alrededor del 56%.
Brockton también registró una disminución importante: en 2017 había contabilizado 917 delitos violentos entre 96.016 habitantes y para 2025 la tasa era aproximadamente un 44% menor.
Pero no todas las comunidades siguieron la misma tendencia. Hudson, Lowell, Brookline y Marlborough registraron tasas mayores en 2025 que en 2017.
El resultado conjunto, por lo tanto, no muestra un comportamiento particular de los delitos violentos en las ciudades que primero recibieron dispensarios: su evolución fue bastante cercana a la tendencia general del estado.
Cómo se hizo la comparación
El análisis tomó 2017 como punto de partida porque fue el último año calendario completo antes del comienzo de las ventas recreativas en Massachusetts.
El año de llegada fue 2018, pero utilizar ese año completo habría mezclado meses anteriores y posteriores al inicio de las ventas. Por eso se eligió 2017 como referencia y 2025 como último año completo disponible.
Los datos de criminalidad proceden del sistema Uniform Crime Reporting del FBI. Para la comparación se utilizaron registros municipales con información completa y directamente comparable para ambos años.
Las tasas se expresaron por cada 100.000 habitantes y, para calcular el resultado conjunto de las 18 comunidades, se utilizó como peso la población de cada municipio en 2017. Es decir, se mantuvo la población de referencia constante al comparar ambos años.
El análisis también dejó afuera los municipios en los que no era posible establecer una comparación limpia entre 2017 y 2025, en lugar de completar los datos faltantes mediante estimaciones.
Qué se considera delito contra la propiedad
En las estadísticas del FBI, los delitos contra la propiedad incluyen tres grandes categorías: robo con entrada ilegal, hurto y robo de vehículos.
Los delitos violentos, por su parte, incluyen homicidio y homicidio doloso, violación, robo y agresión agravada.
Esto es importante porque la comparación no incluye delitos relacionados con la tenencia o el uso de cannabis. La legalización modificó precisamente la situación jurídica de esas conductas, por lo que utilizarlas para medir el efecto de la apertura de los locales produciría una comparación difícil de interpretar.
Una caída del delito no significa que el cannabis la haya provocado
Los resultados permiten describir una asociación temporal, pero no establecer una relación causal.
Las comunidades analizadas no fueron seleccionadas al azar para recibir dispensarios. Cada municipio tomó decisiones sobre la posibilidad de instalar establecimientos de cannabis y las empresas también eligieron determinados mercados.
Eso significa que las ciudades que abrieron locales pueden tener características económicas, demográficas, urbanas o policiales diferentes de aquellas que no lo hicieron.
También ocurrieron otros cambios entre 2017 y 2025. Entre ellos se encuentran la pandemia de COVID-19, modificaciones en las prácticas policiales, cambios económicos y transformaciones en los sistemas utilizados para registrar y reportar delitos.
Además, las estadísticas municipales no indican si un delito ocurrió cerca de un dispensario. Un hecho registrado en un extremo de una ciudad tiene el mismo peso en la tasa municipal que uno ocurrido a pocos metros de un establecimiento de cannabis. Por eso, los datos no permiten afirmar que los dispensarios hayan reducido el delito.
Sí permiten observar algo más concreto: las comunidades de Massachusetts que estuvieron entre las primeras en abrir locales de cannabis recreativo no registraron un aumento generalizado del delito durante el período analizado.
En los 18 municipios con datos comparables, los delitos contra la propiedad disminuyeron y lo hicieron a un ritmo mayor que el registrado en el conjunto del estado. Los delitos violentos también bajaron, aunque prácticamente en línea con la tendencia estatal.
Ocho años después del comienzo de las ventas legales, los registros disponibles no muestran el aumento generalizado de delitos que algunos de los argumentos utilizados durante el debate sobre la legalización habían planteado como posibilidad. Pero tampoco permiten atribuir la caída del delito a la apertura de los dispensarios.
La conclusión, por ahora, es más acotada: en estas 18 comunidades, la llegada del mercado recreativo de cannabis coincidió con una importante reducción de los delitos contra la propiedad y con una evolución de los delitos violentos similar a la observada en Massachusetts en general.