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INASE: 458 solicitudes para registrar variedades siguen esperando una respuesta

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El Instituto Nacional de Semillas (INASE) tiene 458 solicitudes de inscripción de variedades de cannabis y cáñamo pendientes de resolución. El dato surge de un listado oficial entregado el 3 de noviembre de 2026, después de un pedido de acceso a la información pública presentado por Poder al Pueblo Fundación, de Córdoba.

Para poner en contexto la relevancia del INASE en lo que respecta al cannabis basta decir que mediante el registro que habilitó las primeras variedades de cannabis legal del país pasaron dos cosas: quienes deciden cultivar pueden hacerlo accediendo a semillas legales y para eso todo una industria se puso en marcha, generando miles de puestos de trabajo.

Repasemos los números. Desde la puesta arranque del registro, en 2021, ingresaron 598 solicitudes. De ese total, 56 variedades consiguieron inscribirse, 84 fueron dadas de baja y otras 458 permanecen en trámite. En otras palabras, apenas el 9% de los pedidos terminó con una inscripción, mientras que más de tres de cada cuatro siguen esperando.

El dato tiene consecuencias que exceden a quienes desarrollan nuevas genéticas. La inscripción en el Registro Nacional de Cultivares es un requisito para producir y comercializar legalmente semillas de una variedad. Cuando el trámite no avanza, también quedan condicionadas las posibilidades de que ese material genético llegue al mercado formal.

Dicho de una manera clara: sin semilla no se garantiza el derecho a cultivar ni existe la posibilidad de una industria nacional.

Un registro detenido desde 2024

La evolución de las inscripciones muestra un cambio marcado a partir de 2024. Entre 2022 y 2023 se registraron 41 variedades de cannabis psicoactivo. Desde enero de 2024, el INASE no generó ni un solo registro nuevo.

El cáñamo tuvo otro recorrido: durante 2025 se registraron siete variedades y en 2026, una. En total, desde 2024 se aprobaron ocho inscripciones de cáñamo, pero ninguna de cannabis psicoactivo. Esto se dio en el marco en que la Agencia Reguladora del Cannabis Medicinal y el Cáñamo (ARICCAME), intervenida, focalizó el otorgamiento de licencias productivas exclusivamente a proyectos ligados al cáñamo.

La cantidad de solicitudes también permite observar el impacto del estancamiento. En 2023 ingresaron 312 pedidos, el máximo histórico hasta el momento. En 2024 fueron 119; en 2025, 60; y en lo que va de 2026, 20. La caída puede leerse como un indicador de la menor expectativa de los desarrolladores frente a un sistema que no ofrece respuestas en plazos previsibles.

La información del INASE permite conocer también qué ocurre con los expedientes que siguen abiertos. De las 458 solicitudes pendientes, 316 corresponden a cannabis psicoactivo, 43 a cáñamo y 99 no declararon el contenido de THC. En estos últimos casos, el organismo no puede clasificarlos como cannabis o cáñamo con la información disponible.

La antigüedad de los trámites es otro dato significativo: 259 solicitudes ingresaron entre 2021 y 2023 y todavía no tienen resolución. Cinco expedientes iniciados en 2021 continúan figurando como «en tramitación», casi cinco años después. Además, 291 solicitudes no registraron ningún movimiento desde antes de 2026.

El listado oficial informa el estado de cada expediente y la fecha de su último movimiento, pero no explica por qué se encuentra detenido cada trámite. Tampoco diferencia entre expedientes observados, suspendidos o paralizados.

Por eso, aunque la información permite reconstruir la dimensión del problema, todavía no alcanza para conocer las razones particulares de cada demora.

Dos registros diferentes y un mismo problema para el sector

Para entender el alcance de la situación hay que distinguir dos registros que administra el INASE.

El Registro Nacional de Cultivares inscribe las variedades vegetales. Es el paso que habilita la producción y comercialización de semillas de cada genética. El Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas, en cambio, registra a quienes producen y comercializan esas semillas, entre ellos los criaderos.

La situación de estos últimos también muestra un retroceso. Cuando entró en vigencia la Resolución INASE 81/2024 había 807 criaderos de categoría A que declaraban trabajar con cannabis. Desde entonces, el organismo dio de baja a 428: 287 por no renovar su inscripción, 121 por incumplimientos normativos, 14 por baja voluntaria y seis por otros motivos. La cifra representa el 53% de los criaderos que integraban aquel registro.

La Resolución 81/2024 había suspendido durante seis meses la inscripción de nuevos operadores de cannabis psicoactivo. Luego, la Resolución 468/2024 prorrogó esa suspensión por otros seis meses. Según el propio INASE, ese plazo ya venció.

Sin embargo, desde agosto de 2025 solo se presentaron tres nuevos criaderos: dos fueron aprobados —uno de ellos por orden judicial— y el tercero recibió una devolución. Otras tres reinscripciones quedaron a la espera de que las empresas presentaran su licencia de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), otro organismos que se encuentra virtualmente paralizado.

La intervención de Salud, un paso que demoró años

Uno de los puntos que ayuda a explicar el freno de las inscripciones de cannabis psicoactivo es el procedimiento previsto en la Resolución Conjunta 5/2021, del INASE y el Ministerio de Salud. Su artículo 4 establece que, antes de inscribir una variedad de cannabis, debe incorporarse una constancia del área de Salud vinculada con el informe técnico correspondiente.

Según la información reunida por Poder al Pueblo, en septiembre de 2026 el Ministerio de Salud reconoció que todavía no tenía desarrollado el procedimiento operativo para recibir ese informe y que, hasta 2025, no había personal asignado a esa tarea.

En octubre de este año, un dictamen del INASE consideró cumplido ese requisito para una variedad en particular, a partir de un informe que Salud tomó como declaración jurada. Sin embargo, ese dictamen no implicó la inscripción definitiva de la variedad ni resolvió de manera general la situación de los demás expedientes pendientes.

La documentación permite identificar este obstáculo administrativo, pero no atribuye una causa única a cada uno de los 458 trámites que siguen abiertos.

De hecho, el listado entregado por el INASE no detalla qué requisito falta en cada expediente ni por qué no avanzó.

Qué puede hacer el INASE con la información que ya tiene

Las evidencias muestran que el organismo cuenta con información individualizada sobre cada solicitud y podría hacerla pública de manera periódica. También podría informar cuánto demora, en promedio, la inscripción de una variedad, discriminando por especie y año de ingreso; explicar por qué no hubo nuevas inscripciones de cannabis psicoactivo desde 2024; y comunicar a los 99 solicitantes que no declararon THC qué información necesitan aportar para que sus expedientes puedan continuar.

Son medidas que no requieren crear un nuevo registro ni modificar el marco normativo. Se trata, en buena medida, de ordenar, explicar y comunicar información que el organismo ya tiene.

La demora del INASE no es un asunto menor ni exclusivo de quienes producen semillas. En un sector que busca consolidar circuitos legales de producción, investigación y comercialización, el registro de variedades es una pieza básica de la cadena.

Sin respuestas administrativas, las genéticas no llegan al mercado formal, los criaderos pierden previsibilidad y el desarrollo local queda condicionado por expedientes que siguen esperando.