Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ARICCAME: dos años de intervención, una agencia que sigue sin funcionar

Escuchar este artículo
0:00
0:00
Velocidad

La Resolución ARICCAME N° 41/2026 llega tarde, alcanza poco y confirma lo que el sector viene denunciando: la intervención dispuesta por el Decreto N° 833/2024 no cumplió su mandato. Se ordenó intervenir el organismo por “falta de personal, inadecuada operatividad, falta de emisión de licencias” y para “reducir la carga burocrática existente”.

Dos años, una prórroga y un cambio de interventor después, la propia ARICCAME admite en sus considerandos que “el régimen general de licencias previsto por la Ley N° 27.669 todavía se encuentra en proceso de implementación progresiva”. Es decir: a dos años de la intervención, el régimen general que la ley exige, sigue sin existir.

Cuestiones que la resolución 41/2026 no resuelve.

Fitomejoramiento y registro propio de genéticas. El nuevo régimen sólo regulariza a quienes ya tenían antecedentes previos a su publicación. No abre una vía para registrar nuevas variedades ni desarrolla un sistema de fitomejoramiento bajo la ARICCAME, pese a que la Ley N° 27.669 se lo permite expresamente.

Ventanilla única. El propio texto de la resolución (art. 8°) establece que la Licencia ARICCAME “no exime” de mantener vigentes, en paralelo, los registros del INASE, el SENASA y la ARCA. No existe un trámite integrado: no es que el INASE pueda “revocar” la Licencia ARICCAME de forma directa, pero la subsistencia de la Licencia depende de hecho de esos registros externos, que el solicitante debe sostener por su cuenta, en organismos distintos, con plazos distintos. Es exactamente la carga burocrática duplicada que el Decreto 833/2024 ordenó eliminar.

Conexión con el REPROCANN. La Resolución 1780/2025 del Ministerio de Salud exige a las ONG, Fundaciones y proyectos de Investigación y Desarrollo declarar periódicamente la “variedad genética registrada” que utilizan, bajo riesgo de perder su inscripción. Pero el organismo que debería garantizar un canal ágil para registrar esas variedades no lo ofrece. Se exige acreditar algo que, en la práctica, no tiene dónde tramitarse con la celeridad que la propia norma de Salud presupone.

A casi dos años de la intervención, el régimen general de licencias que la Ley 27.669 prevé para la industria del cannabis y el cáñamo sigue sin implementarse.

El hecho que existan unas pocas genéticas registradas no resulta suficiente frente a la diversidad de genéticas aplicables casi en forma personalizada a los distintos tratamientos que requieren de la medicina cannábica.

Es más resulta un despropósito cuando cientos de genéticas se encuentran en condiciones de ser habilitadas y de esa manera permitir con el cumplimiento de la resolución del Minsal y lo que es más importante, cumplir con los requerimientos para que los tratamientos con cannabis sean mucho más eficientes.

La agencia no cumple ni con su propia ley de creación.

Más allá de esta resolución puntual, hay deudas estructurales de la ARICCAME desde su creación en 2021 que no pueden seguir disimulándose detrás de sucesivas intervenciones:

Consejo Consultivo Honorario inactivo. La Ley N° 27.669 (art. 5°, inc. l) obliga a conformar y convocar periódicamente a este Consejo, integrado por representantes del sector científico-tecnológico, organismos técnicos y la sociedad civil, como espacio de consulta sobre la implementación de la ley. A más de cuatro años de sancionada la norma, ese canal de participación sigue sin funcionar de manera efectiva y sistemática.

Consejo Federal sin protagonismo real. El Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, con representación de todas las provincias, debe reunirse mensualmente y emitir informes técnicos que son requisito de validez para el otorgamiento de licencias. Su funcionamiento pleno y su incidencia real en las decisiones de la Agencia continúan siendo, en la práctica, una asignatura pendiente.

Régimen general de licencias sin implementar. Más de cuatro años después de la ley y más de dos de la intervención, el sector sigue operando bajo regímenes “especiales”, “transitorios” y “de adecuación”, sin el marco estable, integral y previsible que la norma prometió.

La nueva licencia no elimina la carga burocrática: los operadores deberán seguir sosteniendo registros paralelos ante distintos organismos del Estado.

Directorio inexistente: gobierno unipersonal hace casi dos años. La Ley N° 27.669 diseñó un Directorio colegiado de cinco miembros, con representación de las carteras de Producción, Salud, Agricultura, Ciencia y Seguridad, como garantía de equilibrio institucional y técnico. Desde la intervención dispuesta por el Decreto N° 833/2024, ese órgano dejó de funcionar: todas sus facultades pasaron a un Interventor unipersonal, sin que exista ningún acto que prevea cuándo se restituirá el gobierno colegiado. La Resolución 41/2026, como toda la normativa dictada en este período, lleva la firma de una sola persona. A casi dos años de iniciada la intervención, la ARICCAME sigue gobernada por una persona, no por el Directorio plural que la ley exige.

Lo que pedimos

Vale aclarar a esta altura que CAINCCA ha estado siempre a disposición para colaborar en la elaboración de una reglamentación e incluso de protocolos de trabajo en los que han estado trabajando nuestras comisiones sin siquiera haber recibido jamás una respuesta, sea positiva o negativa.

La industria no necesita más regímenes transitorios ni parches regulatorios; necesita que la ARICCAME funcione con el esquema institucional previsto por la ley.

Por lo tanto, hoy exigimos que la intervención cumpla, antes de su eventual cierre, lo que el propio Decreto 833/2024 le mandó: un régimen general de licencias completo, un sistema real de fitomejoramiento y registro de variedades, una ventanilla única efectiva entre ARICCAME, INASE, SENASA, ARCA y el Ministerio de Salud, y la convocatoria inmediata del Consejo Consultivo Honorario y del Consejo Federal, tal como la ley lo exige desde 2021. La industria del cannabis y el cáñamo argentino no necesita más prórrogas ni más parches: necesita que la Agencia, por fin, funcione.

* El autor es presidente de la Cámara de la Industria Nacional del Cannabis y el Cáñamo (CAINCCA)