La Ley Salomé, aprobada por unanimidad en la Legislatura de Chubut en septiembre de 2024, entró en una nueva etapa con la reglamentación impulsada por el gobierno provincial. La medida establece los procedimientos para poner en marcha el Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut (REUSCCH) y organizar la actividad productiva a través de la Agencia Chubutense de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal (ACCICANN).
El proceso representa un nuevo capítulo para una provincia que avanzó en una regulación propia frente a las dificultades que atravesaban pacientes, cultivadores solidarios y organizaciones para acceder a las autorizaciones nacionales. También busca establecer condiciones para que la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial pueda desarrollarse dentro de Chubut.
El anuncio fue publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia.
Qué cambia con la reglamentación
La reglamentación organiza la aplicación de la ley y distribuye responsabilidades entre los organismos provinciales.
La Secretaría de Salud queda como autoridad de aplicación del régimen sanitario, a cargo del REUSCCH y de las condiciones de acceso al cannabis medicinal. El Ministerio de Producción y el Ministerio de Seguridad y Justicia participarán en la implementación según sus competencias.
Por su parte, la ACCICANN funcionará como organismo descentralizado dentro del Ministerio de Producción. Tendrá a su cargo la regulación, fiscalización y emisión de licencias y autorizaciones para las actividades productivas comprendidas en la normativa.
La reglamentación también prevé un sistema digital de gestión y trazabilidad para registrar usuarios, autorizaciones, establecimientos y actividades. Su implementación será progresiva y requerirá normas complementarias de los organismos responsables.
De esta manera, el esquema provincial diferencia dos ámbitos: el acceso medicinal de pacientes, cultivadores y organizaciones, por un lado, y las actividades productivas y comerciales que requieren licencias específicas, por otro.
REUSCCH: cinco años de vigencia para las autorizaciones
Uno de los puntos centrales de la reglamentación es el funcionamiento del Registro de Usuarios de Cannabis de Chubut. La inscripción en el REUSCCH constituirá la autorización administrativa para realizar las actividades medicinales contempladas, dentro de las condiciones que establezca la autoridad sanitaria.
Según el texto reglamentario, las autorizaciones tendrán una vigencia de cinco años. La renovación podrá solicitarse durante los seis meses anteriores al vencimiento.
El registro contempla las distintas modalidades previstas por la ley, incluidas las personas que cultiven para sí mismas, quienes lo hagan para un familiar o persona a su cargo, y las asociaciones y fundaciones que desarrollen actividades vinculadas con el cannabis medicinal.
La Secretaría de Salud deberá definir las condiciones técnicas del cultivo, los rangos admitidos, las superficies máximas y la cantidad de pacientes que podrán vincularse con cada modalidad. Esos parámetros no quedan establecidos de manera definitiva en el anteproyecto, sino que deberán precisarse mediante disposiciones complementarias.
La reglamentación también prevé mecanismos para reconocer u homologar autorizaciones emitidas por el REPROCANN dentro del régimen provincial. Esa posibilidad no reemplaza automáticamente las autorizaciones nacionales que sigan siendo exigibles ni amplía los permisos originales.
Otro instrumento será la CACM, que funcionará como constancia de inscripción y autorización. La certificación será personal o institucional, según corresponda, y no habilitará por sí sola actividades comerciales o industriales.
Farmacias, organizaciones y acceso a los preparados
La normativa contempla que las farmacias y otros establecimientos habilitados puedan adquirir flores y derivados de cannabis a productores autorizados y dispensarlos bajo las condiciones sanitarias previstas.
Para acceder a estos productos se requerirá la indicación médica correspondiente y el cumplimiento de las condiciones de registro o certificación aplicables. La reglamentación establece requisitos para las recetas, la identificación de los productos y la trazabilidad de las dispensas.
Las asociaciones y fundaciones también tendrán un lugar dentro del sistema. Deberán inscribirse en el REUSCCH para desarrollar las actividades medicinales contempladas y estarán sujetas a las condiciones de funcionamiento y fiscalización que determine la autoridad sanitaria.
En el caso de las entidades que busquen desarrollar actividades comerciales, industriales o de distribución onerosa que excedan el marco estrictamente asociativo y terapéutico, la reglamentación establece la necesidad de adecuarse al régimen productivo correspondiente.
La distinción es importante: el registro sanitario y las licencias productivas son instrumentos diferentes. Una autorización para cultivar con fines medicinales no equivale a una habilitación para comercializar cannabis o sus derivados.
ACCICANN: licencias para producir y comercializar cannabis
La creación de la ACCICANN apunta a ordenar la cadena productiva provincial. Entre sus competencias se encuentran las licencias para criaderos y cultivos, producción de derivados, servicios logísticos, comercialización, análisis y pruebas de laboratorio, y comercio exterior.
Para el cáñamo industrial y hortícola, el esquema contempla un régimen simplificado de autorizaciones agrícolas e industriales.
Las personas jurídicas que quieran desarrollar estas actividades en Chubut deberán tramitar la habilitación provincial correspondiente, incluso si cuentan con antecedentes o autorizaciones nacionales. La reglamentación prevé, no obstante, un régimen simplificado de adecuación para proyectos que ya tengan inscripciones o licencias emitidas por organismos nacionales.
Las licencias y autorizaciones productivas tendrán una vigencia mínima de cinco años, con la posibilidad de establecer plazos mayores según la actividad.
La agencia también podrá promover convenios con universidades, instituciones científicas y organismos técnicos. Entre sus funciones previstas se encuentra la creación de un banco o sistema provincial de germoplasma de cannabis y cáñamo, destinado a conservar, caracterizar e identificar material vegetal y garantizar su trazabilidad genética.
El objetivo es vincular el desarrollo productivo con la investigación, la innovación tecnológica y la generación de nuevas actividades económicas. La reglamentación establece el marco institucional para ese trabajo, aunque su alcance dependerá de la puesta en funcionamiento de la agencia y de las normas que completen el régimen.
De la historia de Berta Tachek a la Ley Salomé
La historia de esta ley está ligada a Berta Tachek, activista de Puerto Madryn que comenzó a investigar sobre cannabis medicinal en 2014, cuando buscaba alternativas para su hija Salomé, que tiene encefalopatía y sufría convulsiones frecuentes.
Después de buscar información y conseguir aceite medicinal fuera de la provincia, Berta comenzó a cultivar y elaborar sus propios preparados. En 2019, Berta Tachek consiguió una medida cautelar de la Justicia Federal de Rawson que le permitió cultivar hasta 35 plantas para elaborar aceite y cremas para su hija Salomé, sin persecución penal.
La resolución fue un hito en su lucha por el acceso al cannabis medicinal y le permitió trabajar junto al CONICET para analizar la calidad de sus preparados. A partir de esa experiencia, Berta se convirtió en una referente del autocultivo y la organización de familias en Puerto Madryn. Esa experiencia derivó en la organización de una red de acompañamiento y cultivo que llegó a reunir a cientos de familias.
Hacia 2020 la Asociación de Cannabis Terapéutico de Puerto Madryn se había convertido en un espacio de referencia para personas que necesitaban acceder a preparados medicinales. La organización también articuló su trabajo con profesionales de la salud, investigadores y cultivadores.
La experiencia de Berta puso en evidencia una dificultad concreta: mientras las familias buscaban garantizar la continuidad de sus tratamientos, el acceso al cannabis y el cultivo medicinal seguían expuestos a obstáculos administrativos y riesgos legales.
Por eso, la discusión sobre una regulación provincial no se limitó a reconocer el autocultivo. También planteó la necesidad de proteger el trabajo de las asociaciones, facilitar el acceso a los preparados y establecer mecanismos para que la producción medicinal pudiera desarrollarse de manera organizada.
El nombre de Salomé quedó ligado a ese recorrido como reconocimiento a la historia de su familia y a la militancia por el acceso al cannabis medicinal.
2024: Chubut crea su propio registro de cannabis
El 27 de septiembre de 2024, la Legislatura provincial aprobó por unanimidad la Ley I N.º 790, conocida como Ley Salomé. La norma estableció un marco para el acceso al cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos del dolor, además de incorporar disposiciones vinculadas con el cáñamo industrial.
Uno de los principales objetivos fue crear un registro provincial que permitiera tramitar autorizaciones para el autocultivo, el cultivo a través de terceros y el cultivo en red mediante organizaciones.
La ley también contempló la Certificación de Acceso al Cannabis Medicinal (CACM), destinada a acreditar las autorizaciones correspondientes, y estableció la creación de la ACCICANN para regular y promover las actividades productivas vinculadas con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.
El proyecto fue impulsado con participación de legisladores, organizaciones cannábicas y otros actores vinculados con la salud y la investigación. Entre las razones que motivaron su desarrollo estaban las demoras del REPROCANN y la necesidad de contar con herramientas provinciales para responder a las demandas de pacientes y organizaciones.
La sanción, sin embargo, no significó que todos los mecanismos previstos comenzaran a funcionar de inmediato. Para llevar la ley a la práctica era necesario establecer procedimientos, definir competencias administrativas y poner en marcha los registros y las autorizaciones.
Chubut ya tiene antecedentes de investigación y desarrollo
La nueva etapa regulatoria se apoya en experiencias científicas y productivas que llevan varios años desarrollándose en la provincia.
En septiembre de 2023 se realizó un estudio desarrollado en Puerto Madryn con 100 pacientes con dolor crónico durante seis meses. Según los resultados publicados, el 60% mostró mejoras durante el período de seguimiento.
El proyecto articuló la atención sanitaria con la producción de materia vegetal y la elaboración de preparados en instalaciones vinculadas con el CENPAT-CONICET. La experiencia buscó evaluar el uso de extractos de cannabis en el marco de tratamientos médicos.
En mayo de ese mismo año, se presentaron seis variedades de cannabis medicinal desarrolladas por el CONICET e inscriptas en el Instituto Nacional de Semillas. Entre ellas se encontraban Pachamama y Malvina, vinculadas con el desarrollo productivo de la provincia.
Chubut ya tenía un recorrido que combinaba investigación, cultivo, elaboración de preparados y organización comunitaria. La reglamentación de la Ley Salomé busca incorporar esas actividades a un sistema provincial con reglas diferenciadas para el acceso sanitario y la producción.
Una nueva etapa para la Ley Salomé
La reglamentación de la Ley Salomé marca un avance en la organización del acceso al cannabis medicinal y en la creación de herramientas para el desarrollo productivo en Chubut. Después de la sanción legislativa de 2024, el desafío pasa por poner en funcionamiento el REUSCCH, implementar la CACM, organizar la ACCICANN y completar los procedimientos necesarios para que pacientes, organizaciones y productores puedan operar dentro del nuevo marco.
La historia de Berta Tachek y Salomé explica parte del origen de esta política: una búsqueda familiar que se convirtió en una experiencia colectiva y llegó a la Legislatura provincial. La etapa que comienza ahora deberá traducir ese reconocimiento legal en mecanismos efectivos de acceso, acompañamiento y producción.
La ley establece las herramientas y la reglamentación define cómo organizarlas. Su alcance concreto dependerá de la implementación de los registros, las licencias y las disposiciones complementarias que permitan llevarlas a la práctica.