El Congreso de Colombia volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más postergados y controvertidos de América Latina: la regulación del cannabis de uso adulto. El 12 de mayo de 2026, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca legalizar y regular el mercado de uso adulto del cannabis en el país.
La iniciativa todavía está lejos de convertirse en ley, pero el avance fue leído por distintos sectores políticos y sociales como el intento más serio de los últimos años.
La propuesta busca regular toda la cadena productiva “desde la semilla hasta el producto terminado”, según explicó a medios locales el congresista Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. El proyecto contempla licencias, controles estatales, impuestos, restricciones de acceso para menores y mecanismos de trazabilidad para la producción y comercialización de cannabis. También propone incorporar a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas dentro del esquema regulatorio.
El avance legislativo ocurre en un contexto regional e internacional donde cada vez más países abandonan modelos exclusivamente prohibicionistas y empiezan a discutir marcos regulatorios centrados en salud pública, reducción de daños y control estatal del mercado.
El primer avance concreto después de años de intentos fallidos
La aprobación en comisión representa apenas el primero de cuatro debates legislativos necesarios para que la regulación llegue a convertirse en ley nacional. Sin embargo, el hecho tiene peso político porque proyectos similares fracasaron repetidamente en el Congreso colombiano durante los últimos años.
En junio de 2023, por ejemplo, una iniciativa para legalizar el cannabis de uso adulto quedó a solo un debate de aprobarse, pero fue rechazada por el Senado. Aquel proyecto contaba con apoyo de sectores del oficialismo y del propio presidente Gustavo Petro, aunque finalmente no reunió los votos suficientes.
Meses después, en diciembre de ese mismo año, una nueva discusión volvió a terminar en derrota. La senadora Karina Espinosa Oliver encabezó una ofensiva contra la regulación argumentando que la legalización implicaría mayores costos sanitarios y sociales. Durante el debate sostuvo que el Estado no debía asumir gastos vinculados al tratamiento de personas que usaran marihuana de forma voluntaria.
Del otro lado, referentes políticos como María José Pizarro Rodríguez defendieron la regulación afirmando que la prohibición continúa fortaleciendo economías ilegales y estructuras vinculadas al narcotráfico.
El 2024 tampoco logró destrabar el escenario. Diversos proyectos vinculados al cannabis de uso adulto volvieron a quedar estancados antes de completar el recorrido legislativo.
Por eso, el debate aprobado en mayo de 2026 fue recibido como una señal política distinta. No porque garantice la legalización inmediata, sino porque muestra que el tema volvió a instalarse con fuerza dentro del Congreso colombiano.
Qué propone el nuevo proyecto
La iniciativa impulsada por Alejandro Ocampo busca crear un mercado regulado para el cannabis de uso adulto bajo supervisión estatal.
Uno de los puntos centrales del proyecto es desplazar la venta del circuito informal hacia espacios habilitados y controlados. Según explicó el legislador, el objetivo es que el cannabis deje de comercializarse en la calle y pase a venderse únicamente en establecimientos autorizados donde exista control de identidad y verificación de edad.
El proyecto también apunta a generar un sistema de licencias para cultivo, producción, transporte y comercialización. Además, contempla mecanismos tributarios que permitan recaudar impuestos sobre la actividad.
Otro aspecto importante es la inclusión de comunidades históricamente vinculadas al cultivo de cannabis. El texto busca que campesinos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas tengan participación dentro del futuro mercado legal.
Para los sectores que impulsan la regulación, el objetivo principal es reducir el peso económico del narcotráfico y reemplazar mercados clandestinos por un esquema controlado por el Estado.
El argumento central: regular no es promover
Uno de los ejes más repetidos durante el debate legislativo fue la idea de que regular no implica incentivar el consumo.
Los defensores del proyecto sostienen que la prohibición no logró eliminar el acceso al cannabis y que, en la práctica, millones de personas ya consumen en mercados completamente desregulados, sin controles sanitarios ni restricciones efectivas para menores.
Desde esta perspectiva, un sistema legal permitiría establecer límites claros, estándares de calidad, controles de acceso y campañas de prevención más eficaces.
También argumentan que la regulación podría facilitar estrategias de reducción de daños y generar recursos fiscales destinados a políticas públicas.
El debate colombiano replica discusiones que ya atravesaron otros países como Uruguay, Canadá y distintos estados de Estados Unidos, donde el mercado legal convive con regulaciones estrictas sobre publicidad, acceso y producción.
Colombia y el cannabis: una relación atravesada por contradicciones
La discusión actual no aparece en un vacío. Colombia mantiene desde hace décadas una relación compleja con el cannabis y con las políticas de drogas en general.
Desde 1994, el país permite la posesión de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal y también habilita ciertas formas de autocultivo. Actualmente se pueden portar hasta 20 gramos y cultivar hasta 20 plantas destinadas al uso personal.
Eso generó durante años una situación paradójica: consumir cannabis no constituye delito dentro de determinados límites, pero no existe un mercado legal para adquirirlo.
En paralelo, Colombia avanzó de manera significativa en cannabis medicinal. En 2016 legalizó el cultivo, la producción y la exportación con fines terapéuticos e industriales, convirtiéndose en uno de los países latinoamericanos más activos dentro de esa industria.
Más recientemente, el Decreto 1138 de 2025 habilitó la venta de cannabis medicinal en farmacias bajo condiciones específicas, ampliando el acceso a productos terapéuticos regulados.
Sin embargo, el uso adulto continuó atrapado en un limbo legislativo.
El peso simbólico del debate
Más allá de la discusión económica o sanitaria, el debate sobre cannabis en Colombia tiene una carga cultural y política enorme.
Durante décadas, el país estuvo asociado internacionalmente con el narcotráfico y la violencia derivada de la guerra contra las drogas. En ese contexto, cualquier discusión sobre regulación suele quedar atravesada por tensiones históricas, morales y de seguridad pública.
Por eso, para muchos analistas, el hecho de que el Congreso vuelva a discutir abiertamente la regulación del cannabis de uso adulto representa un cambio de clima político y social.
También refleja cómo parte de la sociedad colombiana empezó a revisar las consecuencias del prohibicionismo y a preguntarse si el modelo actual realmente logró reducir violencia, consumo problemático o poder de las economías ilegales.
Aun así, el rechazo social hacia la legalización sigue siendo importante en sectores conservadores, religiosos y parte del arco político tradicional.
Qué falta para que el cannabis adulto sea legal en Colombia
Aunque el proyecto superó el primer debate, todavía enfrenta un recorrido legislativo complejo.
La iniciativa deberá ser aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes y luego atravesar dos debates más en el Senado colombiano.
Ese camino podría extenderse durante meses y no existen garantías de que el proyecto llegue a convertirse en ley. Los antecedentes muestran que otras propuestas avanzaron parcialmente antes de naufragar en instancias decisivas.
Además, incluso si la regulación fuera aprobada, todavía quedaría pendiente definir buena parte de la implementación concreta: tipos de licencias, límites de producción, impuestos, mecanismos de control, estándares sanitarios y regulación publicitaria, entre otros puntos sensibles.
Un debate regional que sigue creciendo
El caso colombiano se suma a un escenario latinoamericano donde distintos países vienen revisando sus políticas de cannabis.
Uruguay fue pionero al legalizar completamente el mercado de uso adulto en 2013. Más tarde, varios estados mexicanos avanzaron hacia modelos de despenalización y regulación parcial, mientras que en otros países crecieron los programas de cannabis medicinal.
En ese contexto, Colombia aparece como un actor particularmente relevante debido a su peso histórico dentro de la política internacional de drogas y por el tamaño potencial de su industria cannábica.
La discusión que acaba de reabrirse en el Congreso no garantiza un desenlace inmediato. Pero sí marca algo que hace algunos años parecía mucho más lejano: la posibilidad real de que Colombia termine incorporándose al grupo de países que decidieron reemplazar la prohibición absoluta por un mercado regulado.