El debate sobre qué hacer con la recaudación del cannabis legal vuelve a ocupar un lugar central en Estados Unidos. Esta vez es el estado de Maryland el que avanza con una iniciativa concreta que busca vincular de forma directa los ingresos fiscales de la marihuana con políticas públicas de asistencia social.
Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes propone redirigir una porción del impuesto al cannabis hacia el Maryland Veterans Trust Fund, un fondo estatal que brinda apoyo económico y servicios a veteranos, miembros de la Guardia Nacional y sus familias.
La propuesta se inscribe en una tendencia cada vez más visible en los estados que legalizaron el cannabis: utilizar los recursos generados por esta industria regulada para financiar programas con impacto social, sanitario y comunitario. En este caso, el foco está puesto en una población que enfrenta con frecuencia dificultades económicas, problemas de salud física y mental y barreras para la reinserción laboral tras el servicio militar.
Un proyecto que ya comenzó su recorrido legislativo
La iniciativa, identificada como House Bill 151, tuvo su primera lectura el 14 de enero en el Comité de Ways and Means de la Cámara de Representantes de Maryland. El proyecto fue presentado por el legislador Joe Vogel y plantea una modificación puntual pero significativa en la forma en que el estado distribuye los ingresos provenientes del impuesto a las ventas y al consumo de cannabis legal.
Según el texto del proyecto, el objetivo es que el 3 por ciento de la recaudación del impuesto al cannabis se destine de manera directa y obligatoria al Maryland Veterans Trust Fund. Se trata de un fondo estatal que ya existe y que actualmente se financia a través de donaciones, aportes voluntarios, loterías, penalidades civiles y otros mecanismos previstos por la legislación vigente.
La novedad es que, de aprobarse la ley, el cannabis pasaría a ser una fuente estable y permanente de financiamiento para este fondo, algo que sus impulsores consideran clave para garantizar continuidad y previsibilidad en los programas de asistencia a veteranos.
Cuánto dinero está en juego
El impacto potencial de la medida no es menor. Durante 2025, Maryland recaudó aproximadamente 157 millones de dólares en impuestos vinculados a las ventas legales de cannabis. Con ese nivel de ingresos, el 3 por ciento propuesto por la ley representaría cerca de 5 millones de dólares anuales destinados exclusivamente al fondo para veteranos.
En términos presupuestarios, se trata de una suma relevante para un programa que financia ayudas económicas directas, apoyo a organizaciones que trabajan con veteranos y servicios orientados a mejorar la calidad de vida de quienes atravesaron experiencias de servicio militar.
Los impulsores del proyecto sostienen que este tipo de asignación específica permite transformar un mercado regulado como el del cannabis en una herramienta concreta de política pública, con beneficios tangibles para sectores históricamente postergados.
Cómo se distribuye hoy el impuesto al cannabis en Maryland
Actualmente, la recaudación del cannabis en Maryland se reparte entre distintos destinos definidos por ley. Una parte sustancial se asigna a los organismos encargados de regular y fiscalizar la industria, incluyendo los costos administrativos de la Maryland Cannabis Administration. Otros porcentajes se destinan a programas de equidad social, fondos de reinversión comunitaria, iniciativas de salud pública, asistencia a pequeños negocios del sector y transferencias a condados y municipios.
Además, una porción de estos ingresos va al fondo general del estado, desde donde se financian múltiples áreas del gasto público. El esquema vigente busca equilibrar el sostenimiento del mercado regulado con objetivos sociales más amplios, como reparar los daños históricos asociados a la prohibición y promover el desarrollo económico local.
El proyecto House Bill 151 no elimina ninguno de estos destinos, pero sí ajusta la fórmula de distribución para incorporar de manera explícita a los veteranos como beneficiarios del impuesto al cannabis.
Qué cambios introduce la nueva propuesta
Desde el punto de vista legal, la iniciativa modifica tanto el código tributario como la normativa que regula el funcionamiento del Maryland Veterans Trust Fund. El proyecto incorpora formalmente a la recaudación del cannabis como una fuente de financiamiento del fondo y redefine el reparto porcentual de los ingresos.
Según el texto presentado, una vez cumplidas las asignaciones obligatorias a los distintos programas y agencias, el 3 por ciento del total de la recaudación se transferiría directamente al fondo de veteranos. Al mismo tiempo, se establece que el 22 por ciento de los ingresos vaya al fondo general del estado, mientras que el resto continúa sosteniendo la regulación del cannabis, los programas de equidad social, la reinversión comunitaria, la salud pública y la asistencia a negocios del sector.
Para los defensores del proyecto, esta estructura permite sumar un nuevo destino social sin desfinanciar las áreas que hoy dependen del impuesto al cannabis.
El argumento de fondo: cannabis y beneficio público
Uno de los ejes centrales del debate es el sentido político y social de la legalización. Los legisladores que respaldan la iniciativa sostienen que el cannabis legal no debe ser visto solo como una nueva fuente de ingresos fiscales, sino como una oportunidad para reparar desigualdades y fortalecer políticas públicas.
En ese marco, destinar parte de la recaudación a veteranos aparece como una decisión coherente con el espíritu de la legalización. Se trata de una población que, en muchos casos, enfrenta altos índices de dolor crónico, trastornos de estrés postraumático, dificultades para acceder a empleo estable y problemas de salud mental.
Si bien el proyecto no establece que los fondos se utilicen específicamente para tratamientos con cannabis, sí propone que los ingresos del sector contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes sirvieron en las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
Financiamiento estable frente a asignaciones anuales
Otro punto destacado por los impulsores del proyecto es la previsibilidad. En la actualidad, muchos programas de asistencia a veteranos dependen de asignaciones presupuestarias anuales, que pueden variar según el contexto político y económico. Al vincular una parte fija del impuesto al cannabis con el fondo de veteranos, la ley crearía un flujo de recursos más estable y menos sujeto a negociaciones año a año.
Este tipo de mecanismos ya fue adoptado en otros estados para financiar educación, infraestructura, programas de salud y políticas de justicia social a partir de la recaudación del cannabis. La experiencia muestra que las asignaciones específicas pueden fortalecer programas que históricamente estuvieron subfinanciados.
Próximos pasos en el proceso legislativo
Tras su primera lectura, el proyecto House Bill 151 continuará su recorrido en el Comité de Ways and Means, donde los legisladores analizarán en detalle su impacto fiscal y sus implicancias políticas. En las próximas semanas se espera que se discutan posibles enmiendas y que se escuchen opiniones de organismos estatales, organizaciones de veteranos y actores vinculados a la industria del cannabis.
Si el proyecto avanza y es aprobado por ambas cámaras, los cambios entrarían en vigencia el 1 de julio de 2026. Hasta entonces, el debate seguirá abierto y formará parte de una discusión más amplia sobre el rol del cannabis legal en la financiación de políticas públicas con impacto social.
Un debate que trasciende a Maryland
Más allá del caso puntual de Maryland, la iniciativa se inscribe en una conversación que atraviesa a numerosos estados y países que avanzaron en la regulación del cannabis. La pregunta de fondo es cómo distribuir de manera justa y estratégica los recursos que genera esta industria emergente.
La propuesta de destinar parte del impuesto al cannabis a los veteranos suma un nuevo ejemplo de cómo estos ingresos pueden ser utilizados para fortalecer programas sociales, alejándose de una lógica meramente recaudatoria. En un contexto de expansión del mercado legal, este tipo de debates probablemente gane cada vez más peso en la agenda pública.