La entrevista arranca puntual porque manda el generador: le queda algo más de una hora de combustible. No volvió la luz eléctrica. Por la ventana, el bosque enmarca un cultivo. Así trabajan en Lago Puelo. La escena parece forzada, pero dice mucho sobre el lugar desde donde se construyó esta experiencia: lejos de las ciudades, en una localidad donde las soluciones pueden aparecer antes en la comunidad que en los escritorios.
Ese recorrido explica por qué quienes impulsan el proyecto hablan de una transición más que de una revolución.
«Es como la naturaleza, creció. Y en realidad siempre digo que somos transición y que somos personas que levantamos la bandera de gente que quedó en el camino o cambió, se fue. Pero la lucha no nos corresponde a nosotros, sino que somos parte de ella», explica Rubén Darío Sánchez Zalazar, presidente del Consejo Consultivo de Cannabis de Lago Puelo.
La experiencia, agrega, busca desarrollarse con responsabilidad y con una mirada que excede al cannabis: «Uno de los enfoques es la agroecología regenerativa, la regeneración de la vida en la tierra, la conexión con la naturaleza, el bosque, el agua, las plantas. Y la medicina, ¿no? El acceso de las personas a su derecho constitucional, inalienable, innato, humano, de acceder a una salud segura e integral».
La oficina municipal de cannabis, presentada como la primera de estas características en el país, es el resultado de ese proceso. Su funcionamiento se apoya en una estructura que comenzó a tomar forma a partir de la Ordenanza Municipal 73/20, que creó el Consejo Consultivo de Cannabis Medicinal y contempló una autoridad de aplicación.
Para el intendente Iván Fernández, el punto de partida es que “la salud es un derecho fundamental y que el Estado debe trabajar para facilitar el acceso a alternativas terapéuticas dentro del marco de la legislación vigente”.
Yolanda Naim, conocida como Yoli, está actualmente a cargo de esa estructura. En sus palabras, la ordenanza establecía la necesidad de contar con un organismo regulador, pero no definía específicamente cuál debía ser. «Como no dice específicamente cuál es la autoridad de aplicación, nosotros decidimos crear la División de Gestión de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial«.
Desde allí se planifican, ejecutan y controlan acciones vinculadas con las normas nacionales y provinciales que regulan la producción y el uso del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Pero la función no se limita a controlar.
«Nosotros vamos, auditamos espacios de cultivos registrados, que son los cultivos comunitarios, para tener en cuenta diferentes aspectos que tienen que ver hasta con la alimentación de las plantitas porque sabemos que va directo a los cuerpos», explica Yoli. Por eso también controlan los contenidos químicos y bacteriológicos y las condiciones higiénico-sanitarias de los cultivos y de la manipulación de las flores.
La oficina también acompaña a las personas en el acceso al REPROCANN, la vinculación con profesionales de la salud y la elección de semillas de acuerdo con las necesidades de cada paciente: «Siempre tratamos de impulsar mucho eso del autocultivo», dice Yoli. El acompañamiento puede comenzar con la selección de la semilla y continuar con el sustrato, la germinación y, finalmente, la elaboración del producto que la persona necesita, como un aceite o una crema.
En algunos casos, además, el acompañamiento se realiza directamente en las casas.»Muchas personas todavía se persiguen un poquito de que las vean públicamente, de que son usuarios de cannabis medicinal«, cuenta. Por eso algunas actividades se realizan mediante jornadas y otras de manera individual, en los domicilios.
Una experiencia que empezó con pacientes
Antes de ocupar un lugar dentro de la estructura municipal, Yoli llegó al cannabis desde una experiencia personal. «A todos nos acerca la planta, pero de distintas maneras. En mi caso es una cuestión de salud», recuerda.
Tiene neuralgia del trigémino, además de otros problemas relacionados con el lado izquierdo del rostro, y atravesó durante años distintos tratamientos. Según relata, un médico le planteó la posibilidad de utilizar cannabis medicinal. La primera experiencia, sin embargo, no fue positiva: «Voy, busco, compro y digo: ‘No, esto no es para mí. No, no me funciona’»
El cambio llegó después de conocer al neurocirujano Vicente Masaglia. Según cuenta, fue él quien le propuso cultivar su propia planta y elaborar su propio aceite. «Me brindó algunas herramientas como para que yo tenga conocimiento y me aleje un poco de ese miedo por ahí que podría llegar a hacer sentir algo desconocido. Y me encontré ahí con la planta y dije: ‘Ay, sí, me está haciendo bien’».
A partir de esa experiencia apareció otra pregunta: qué podía hacer para que otras personas encontraran un acceso seguro al cannabis medicinal.
«¿Por qué no ayudar a otras personas a que encuentren esto de forma segura y responsable? Porque también hay gente que te vende cualquier cosa y no tiene cannabis o te venden como una receta mágica», resume.
La frase resume una de las preocupaciones centrales de la oficina: no alcanza con facilitar el acceso a una planta. También hay que acompañar el proceso y evitar que las personas que llegan buscando una alternativa para aliviar un problema de salud terminen recibiendo productos sin información suficiente sobre su composición o utilización.
«Ahora entiendo que no me voy a curar, pero que puedo estar mejor y que no está bien acostumbrarse a sentir dolor», concluye Yoli.
Cuando la oficina se convirtió en una puerta de entrada
El crecimiento del proyecto hizo que la oficina comenzara a recibir más personas de las previstas inicialmente. Yoli cuenta que al principio calculaban trabajar con unas 30 personas. Pero el número fue creciendo y apareció una tensión permanente entre la necesidad de garantizar tratamientos y la cantidad limitada de recursos disponibles.
«Empezamos con cierta cantidad de personas, dijimos, bueno, 30. Cuando nos dimos cuenta eran muchas más y nos complica un poco porque no podemos decirles que no, pero a la vez tenemos un cálculo aproximado de tanta cantidad de aceite para cubrirle el tratamiento hasta febrero, pero después, al agregarse otras personas, nos condicionan un poquito».
El problema no es solamente producir cannabis. También hay que sostener todo lo que rodea al tratamiento: semillas, sustratos, frascos, alcohol, extracción, análisis y materiales para los talleres. Y así fue que la propia oficina comenzó a encontrar soluciones comunitarias para esos problemas.
«A veces hacemos plantines para las personas y ellos nos traen la macetita, el sustrato y le ponemos la semillita ahí adentro. Y bueno, frasquitos, alcohol, todas las cosas que a veces necesitamos y muchas veces salen de nuestro bolsillo». La respuesta, muchas veces, vuelve a ser colectiva: un paciente aporta un insumo, otro reutiliza un frasco y la estructura puede seguir funcionando.
«Por suerte la comunidad responde y pudimos generar vínculos con gente como los chicos de Sweed Lab, que nos ofrecieron semillas y plantines para la próxima temporada, tanto para el cultivo comunitario como para las personas que recién sacan el REPROCANN y empiezan a cultivar» explica Yoli sobre los lazos que abrieron trabajando con el cannabis.
La educación como herramienta de regulación
Para Yoli, uno de los principales obstáculos fue el estigma que rodea a la planta, y la estrategia para atravesarlo la educación.
«Uno de los desafíos principales fue que esté catalogada como estupefaciente. Eso es lo que genera distancia, miedo, que nadie se quiera comprometer ni hablar del tema». La oficina organiza capacitaciones destinadas a funcionarios, autoridades políticas y vecinos, y busca que la información esté respaldada por profesionales.
«Llevando información precisa, concreta. Muchas veces a veces nosotros decimos lo mismo, pero la propuesta la llevamos y que la hable un médico es como que ya cambia el foco de la conversación». En ese recorrido también aparecen escenas que muestran hasta qué punto la educación puede tener una dimensión concreta.
Yoli recuerda una jornada en la que un ingeniero agrónomo explicaba las distintas etapas del cultivo. Una mujer permaneció emocionada durante toda la charla y luego se acercó para contarle por qué. «Todo esto sentí que eran como conocimientos que estaba absorbiendo para poder hacer una buena planta, mi hija, que es lo que estoy tratando y no estoy pudiendo» le explicó la mujer. Para quienes trabajan en la oficina, esos momentos son parte de la regulación tanto como una ordenanza o una auditoría.
Del cannabis medicinal al desarrollo productivo
El proyecto tampoco quedó limitado al acceso medicinal.
Desde la división municipal comenzaron a pensar cómo desarrollar una matriz productiva local que incluyera al cannabis y al cáñamo sin perder de vista las características de la comarca. Rubén lo plantea en términos territoriales: el objetivo no es copiar modelos industriales desarrollados en otros lugares, sino construir uno propio.
Durante la entrevista cuenta que realizaron un experimento con cáñamo y estudiaron incluso la posibilidad de utilizarlo para reemplazar determinadas plantaciones forestales. Pero el trabajo también mostró rápidamente que el desarrollo del cáñamo debía convivir con una prioridad: proteger los cultivos medicinales.
Uno de los problemas detectados fue la polinización cruzada y el riesgo de contaminación de cultivos destinados a pacientes. A eso se sumó la dependencia de semillas extranjeras. El proyecto había imaginado, por ejemplo, la posibilidad de utilizar cáñamo para desarrollar productos elaborados con otros recursos de la zona.
«La idea era, dentro de la cadena productiva, producir un producto local, con el grano o fibra del cáñamo, para poder hacer acá, porque tenemos muchas frambuesas, mucha miel, frutos rojos. Entonces dijimos: bueno, hagamos una barra energética».
La mirada municipal también contempla esa dimensión productiva: el desarrollo de conocimientos y capacidades en torno al cannabis medicinal puede abrir oportunidades para la investigación, la formación y nuevas posibilidades de desarrollo local, siempre dentro de los marcos regulatorios correspondientes, confirmó el intendente Iván Fernandez.
La propuesta buscaba integrar distintos productores: cáñamo, miel, frambuesas y otros frutos de la comarca. Pero la experimentación también mostró los límites.
«Priorizar la salud de los cultivos medicinales», terminó siendo la decisión.
El cannabis como parte de un ecosistema
Esa mirada atraviesa también la forma en que se cultiva. En Lago Puelo no imaginan al cannabis como un monocultivo aislado. Rubén lo explica de manera directa: «Nosotros siempre plantamos cannabis, para que tengas una idea, como una montaña. No es esto: siempre es policultivo. Diversidades. Siempre. Cannabis, lechuga; cannabis, remolacha; cannabis, acelga». El cultivo forma parte de un sistema más amplio en el que también aparecen otras plantas y animales.
«Tenemos ranitas, tenemos de todo». La agroecología, en este caso, no aparece solamente como una etiqueta productiva. Es parte de la forma en que el proyecto entiende el territorio.
«Es un trabajo que lleva tiempo, pero más allá de que uno cuando habla del tiempo dice que es relativo, tiene que ver con cómo se está manejando el tema. Tiene que ver con una estructura bastante firme, dando pasos sólidos y tratando de tener un respaldo en cada cosa que se toma, en cada paso que se va eligiendo», explica Sebastián Oliva, secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deportes.
“El cannabis lo vemos no solo desde la parte de salud, que si bien es uno de los pilares más fuertes, es el pilar en el que estamos trabajando fuerte para que se pueda desarrollar esta ayuda al paciente”, explica.
Pero la mirada del municipio no se limita al uso medicinal. Oliva también señala el potencial productivo de la planta en una zona donde distintos productores enfrentan dificultades crecientes para sostener otras actividades agropecuarias, tanto por los costos de producción como por las dificultades de comercialización. En ese contexto, el cannabis aparece como una alternativa que podría incorporarse a la matriz productiva local.
A esa dimensión se suma el turismo. La propuesta que imagina Oliva incluye la posibilidad de desarrollar una chacra productiva que pueda ser visitada y que, al mismo tiempo, tenga una función educativa: mostrar las características de la planta, sus posibilidades y generar un espacio donde quienes la visiten puedan informarse y despejar dudas.
La idea, en definitiva, es construir un modelo de triple impacto, basado en salud, producción y turismo, al que se suma una cuarta dimensión cuando aparece la educación. Para avanzar en ese sentido, el municipio viene trabajando con distintos agentes y profesionales vinculados a cada área, con el objetivo de comprender mejor el producto y encontrar una forma segura de posicionarlo.
«La idea es seguir avanzando sobre eso y esperando que lleguemos a buen puerto y que podamos ser el referente, si se quiere, por lo menos a nivel comarcal y provincial, intentando ser un centro a futuro de investigación y un montón de cosas más que pueden surgir. Pasos firmes, colaborando y recibiendo la colaboración, tanto de la Provincia como de distintos profesionales, para que esto realmente tenga un sentido» concluye.
Una regulación que también intenta desplazar al mercado ilegal
La experiencia municipal también tiene un efecto sobre el mercado ilegal, aunque sus protagonistas no lo plantean como una política de persecución. Yoli explica que muchas personas que antes compraban flores sin saber exactamente qué estaban adquiriendo lo hacían porque no tenían otra posibilidad de acceder al cannabis.
«Muchas personas que por ahí compraban las flores sin información, que no sabían, tenían que recurrir porque era la única forma, porque no podían cultivar». El acompañamiento al autocultivo justamente busca cambiar esa situación. Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda generó nuevos conflictos. La oficina recibió, según cuenta, amenazas y tuvo que lidiar también con empresas que comercializan productos sin aportar al esquema comunitario.
Una oficina que funciona como articuladora
Uno de los aspectos más interesantes del modelo es que la división municipal no trabaja sola.
«Una de las ventajas de trabajar acá dentro del municipio con el tema del cannabis es que podemos hacer programas de promoción, de concientización, de capacitación, vinculándonos también con algunas instituciones, con universidades», explica Yoli. La red incluye asociaciones civiles, pacientes, profesionales de la salud, médicos, ingenieros, agrónomos y abogados.
La articulación con profesionales, instituciones, organizaciones y organismos competentes es, para Fernández, una condición necesaria para que el desarrollo del cannabis se haga con conocimiento y controles adecuados, evitando la improvisación. También existen acuerdos con instituciones científicas. Yoli cuenta que el municipio envía material al Instituto de Biotecnología de Esquel, dependiente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, para realizar extracciones y avanzar en el desarrollo de productos.
Ese entramado es parte de la estructura que sostiene el proyecto.
El desafío de sostenerlo en el tiempo
Si hay un problema que atraviesa todas las etapas de la experiencia es el financiamiento. La oficina no quiere convertirse simplemente en un punto de venta de cannabis. El objetivo es construir un sistema de educación, acompañamiento y acceso, y al mismo tiempo desarrollar una actividad productiva que permita sostenerlo.
«Estamos viendo de cómo conseguir el sustrato. ¿Dónde está más barato? ¿De dónde vamos a sacar la plata?», plantea Yoli. La respuesta que están explorando es desarrollar una línea productiva que permita financiar la parte gratuita. «Tratamos de generar algún producto. Estamos en vías de poder hacer quizás una línea comercial que nos ayude a sustentar la línea gratuita».
La diferencia está en el objetivo: no se trata de convertir la oficina en un negocio de cannabis, sino de utilizar una actividad productiva para sostener un servicio público.
«Nosotros tampoco queremos que ronde en la venta de cannabis, sino ofrecer el servicio de educación».
Una regulación hecha a medida del territorio
Quizás la principal enseñanza que deja esta experiencia es que la regulación no aparece como un conjunto de normas escritas desde un escritorio, sino como un proceso que se construye caminando el territorio, escuchando a los pacientes, adaptando herramientas y aceptando que cada comunidad enfrenta desafíos diferentes.
Rubén lo resume desde su propia experiencia: «las cosas que fuimos aprendiendo y experiencias las plasmamos en protocolos, en planillas. Y después una adaptación al territorio, obviamente, de las cosas que pasan acá». La oficina, en ese sentido, no nació completamente armada.
«No es que llegamos, abrimos una oficina y ya teníamos todos los protocolos anteriores, sino que los vamos armando a medida que van surgiendo y siempre tratando de prever qué puede pasar en cada caso».
Ese proceso también explica por qué el proyecto insiste tanto en la palabra territorio. En Lago Puelo, regular cannabis significa pensar simultáneamente en salud, cultivo, ambiente, producción, educación, acceso, ciencia y comunidad.
Y significa, sobre todo, aceptar que una norma nacional no necesariamente alcanza para resolver las necesidades concretas de una localidad.
En un momento donde buena parte del debate sobre cannabis se concentra en licencias, inversiones o exportaciones, Lago Puelo propone mirar hacia otro lado. Hacia las pequeñas decisiones cotidianas que permiten que una persona acceda a un tratamiento, que un cultivador comparta su conocimiento o que un municipio descubra que también puede convertirse en protagonista de una política pública.
Porque, en este caso, la regulación no apareció primero en el papel. Primero se caminó el territorio. Después se empezó a escribir la norma.