El debate sobre cómo regular el cannabis vuelve a ocupar el centro de la escena, especialmente en Estados Unidos, donde distintos estados experimentan con modelos legales diversos. En ese contexto, una idea bastante difundida sostiene que subir los impuestos podría desalentar el uso, tal como ocurre con el tabaco. Sin embargo, un nuevo análisis académico pone en duda esa premisa y sugiere que la realidad es bastante más compleja.
Un informe publicado por investigadores de la Universidad Estatal de Ohio analizó datos oficiales sobre uso de cannabis y niveles impositivos en distintos estados. La conclusión es clara: no existe una relación evidente entre impuestos más altos y menores niveles de uso.
Lejos de ofrecer una solución simple, la evidencia apunta a que una política fiscal mal diseñada podría incluso generar efectos contraproducentes.
Metodología: qué datos se analizaron
El estudio se basó en datos representativos a nivel nacional provenientes de la National Survey on Drug Use and Health, elaborada por la Substance Abuse and Mental Health Services Administration. En particular, se tomaron cifras correspondientes al período 2022-2023, centradas en el uso de cannabis en el último mes entre adultos mayores de 18 años.
Para comparar correctamente los escenarios, los investigadores incluyeron únicamente estados donde la venta de cannabis para uso adulto ya estaba legalizada y donde existía un esquema impositivo claro en el punto de venta. Esto permitió construir una muestra consistente que combina tasas de impuestos con niveles de uso.
Los resultados mostraron variaciones importantes entre estados, tanto en la carga impositiva como en la prevalencia de uso, lo que permitió evaluar si existía algún patrón claro entre ambas variables.
Resultados clave: sin correlación clara
El hallazgo principal del estudio es que no hay una correlación evidente entre el nivel de impuestos y el uso de cannabis. Es decir, los estados con impuestos más altos no necesariamente presentan menores tasas de uso.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Washington, que tiene una de las tasas impositivas más elevadas y, sin embargo, figura entre los estados con mayor nivel de uso. En el otro extremo, Nueva Jersey presenta una de las cargas fiscales más bajas y también registra niveles relativamente bajos de uso.
Estos datos sugieren que la relación entre impuestos y comportamiento del usuario no es directa ni lineal. Según el informe, asumir que el cannabis responderá a los impuestos del mismo modo que el tabaco es una simplificación excesiva.
Un mercado distinto al del tabaco
Uno de los puntos centrales del análisis es que el cannabis se encuentra en una situación estructural muy distinta a la del tabaco o el alcohol. Mientras estos productos operan en mercados completamente legales y regulados desde hace décadas, el cannabis compite con un mercado ilegal robusto y persistente.
En estados como California, por ejemplo, las ventas legales representan menos del 40 por ciento del uso total, según estimaciones oficiales citadas en el informe. Esto implica que una gran parte de las personas sigue accediendo a productos fuera del sistema regulado.
En ese contexto, aumentar los impuestos puede encarecer el cannabis legal y hacer que los usuarios opten por alternativas más baratas en el mercado ilícito. Este fenómeno no solo reduce la efectividad de la política fiscal, sino que además introduce riesgos sanitarios adicionales, ya que los productos ilegales no están sometidos a controles de calidad.
Factores que influyen más allá del precio
El estudio también subraya que el uso de cannabis está determinado por múltiples variables que van mucho más allá del precio. La madurez del mercado legal es uno de esos factores, ya que los estados con sistemas más consolidados tienden a mostrar dinámicas distintas a los mercados recientes. También influye la disponibilidad de puntos de venta, que impacta directamente en el acceso al producto.
Otro elemento clave es la cantidad de productores autorizados, que afecta la oferta y los precios finales. A esto se suman las regulaciones locales, que pueden facilitar o restringir el acceso, y la persistencia del mercado ilegal, que continúa funcionando como una alternativa accesible para muchas personas.
Todos estos factores interactúan entre sí, generando escenarios complejos que no pueden explicarse únicamente a través de la política impositiva.
Riesgos de una política fiscal mal diseñada
Uno de los principales aportes del informe es advertir sobre los posibles efectos no deseados de aumentar los impuestos al cannabis sin considerar el contexto general del mercado.
En particular, los investigadores señalan que una suba significativa de precios en el mercado legal podría provocar un desplazamiento del uso hacia canales ilegales. Esto no necesariamente reduce el nivel general de uso, pero sí implica una pérdida de control por parte del Estado sobre la calidad y seguridad de los productos.
Además, este tipo de políticas puede afectar la viabilidad económica de la industria legal, dificultando su crecimiento y reduciendo la recaudación fiscal esperada.
El debate político y regulatorio
El estudio surge en respuesta a un editorial reciente que proponía aumentar los impuestos al cannabis como estrategia para reducir su uso, tomando como referencia la experiencia del tabaco. Sin embargo, los autores sostienen que esa comparación no tiene en cuenta las particularidades del mercado cannábico.
Aun así, existe cierto consenso en torno a la necesidad de mejorar la regulación. Tanto investigadores como actores políticos coinciden en que el modelo actual presenta desafíos, especialmente debido a la falta de una política federal clara en Estados Unidos.
En ese sentido, el debate no pasa únicamente por cuánto gravar el cannabis, sino por cómo diseñar un sistema integral que contemple aspectos como la seguridad del producto, el acceso controlado, la educación sobre riesgos y la reducción de daños.
Limitaciones del estudio
Como toda investigación, el informe presenta limitaciones que es importante considerar. En primer lugar, los datos utilizados miden el uso en el último mes, pero no permiten distinguir entre uso ocasional y uso problemático.
Tampoco existe información sistemática a nivel nacional sobre la potencia de los productos utilizados, un factor clave desde el punto de vista sanitario.
Además, el análisis se basa en datos de un período relativamente reciente, en un contexto donde los mercados legales todavía están en evolución. Esto implica que las conclusiones podrían cambiar a medida que los sistemas regulatorios maduren.
Implicancias para la salud pública
Desde una perspectiva de salud pública, el estudio refuerza la idea de que no existen soluciones simples para abordar el uso de cannabis. Si bien los impuestos pueden ser una herramienta útil, no deberían considerarse como el único mecanismo de regulación.
Los autores sugieren que las políticas más efectivas probablemente combinen distintos enfoques, incluyendo la regulación de la potencia de los productos, controles de calidad estrictos, educación sobre riesgos asociados al uso y estrategias de reducción de daños.
Este enfoque integral permitiría abordar el fenómeno desde múltiples dimensiones, en lugar de depender exclusivamente de medidas económicas.
Contexto local y lecciones para Argentina
Aunque el estudio se centra en Estados Unidos, sus conclusiones pueden resultar relevantes para otros países que están avanzando en la regulación del cannabis, incluyendo Argentina.
El país ya cuenta con un marco legal en evolución, especialmente en lo que respecta al uso medicinal y al autocultivo regulado. En ese contexto, cualquier discusión futura sobre un mercado legal más amplio debería considerar cuidadosamente el rol de los impuestos.
La experiencia internacional sugiere que fijar tasas demasiado altas podría limitar el desarrollo del mercado formal y fortalecer los circuitos ilegales, reduciendo así los beneficios esperados en términos de salud pública y recaudación.