“Jamás tomé nada para dormir y ahora lo necesito porque si no, no duermo”. Del otro lado del teléfono, Mariela está detenida desde hace más de un mes en una unidad penitenciaria bonaerense por una causa vinculada a cannabis. Según la imputación judicial, comercializó siete gramos de marihuana en una plaza pública. El encierro, asegura, le está afectando profundamente su salud mental.
Actualmente permanece alojada en una unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires, en un sector de alcaldía femenina donde se encuentra aislada en una celda individual. Cuenta que las policías la tratan correctamente, pero sufre un deterioro emocional progresivo desde el inicio de la detención: ataques de llanto, hipervigilancia, insomnio, pesadillas recurrentes y episodios de pánico.
La historia vuelve a poner en discusión el uso de la prisión preventiva en causas de drogas de baja escala, las contradicciones alrededor del REPROCANN y la distancia entre el discurso oficial sobre cannabis medicinal y las prácticas concretas del sistema penal.
La acusación: comercialización agravada
La causa está a cargo del fiscal Mauricio del Cero y del juez Alberto Manzi. Según la imputación, los hechos encuadran en delitos de comercialización de estupefacientes agravada por haberse realizado en un lugar de esparcimiento público, en referencia a la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca.
La acusación sostiene que existió un intercambio compatible con una operación de venta de cannabis, respaldado por observaciones policiales, registros fílmicos, conversaciones telefónicas, secuestro de marihuana y una balanza de precisión.
“Yo subo a la plaza con la moto prendida y después me entero de que los policías ya me venían mirando por eso. Llega mi amiga, hablamos dos minutos, le doy eso en un paquetito de tabaco y nos separamos”, recuerda.
Apenas caminaron unos metros, ambas fueron interceptadas. “Nos agarran y le preguntan a ella qué tenía. Y ella instantáneamente dijo: ‘Marihuana, me lo vendió’. Eran siete gramos”, cuenta.
Según la acusación, ese episodio constituye entrega de estupefacientes agravada por haberse realizado en un lugar de esparcimiento público. La Fiscalía sostiene además que existen conversaciones telefónicas, registros fílmicos y otros elementos que indicarían actos de comercialización.
La defensa rechaza esa interpretación. Sostiene que no existe una estructura de venta organizada ni elementos típicos de comercio de drogas: no había stock relevante, dinero compatible con una actividad de narcomenudeo, registros de clientes ni punto de expendio estable.
El allanamiento y los hallazgos mínimos
Meses después del procedimiento inicial, la causa avanzó con un allanamiento en la vivienda de la imputada. Ella relata que estaba durmiendo cuando un grupo de alrededor de trece efectivos armados irrumpió en su casa de barro a las ocho de la mañana.
“Yo vivo sola, en una casa de barro. Estaba desnuda durmiendo y de golpe entraron algo así de trece efectivos armados gritándome ‘manos arriba’”, recuerda.
Cuenta que primero revisaron la vivienda para verificar que no hubiera otras personas y recién después permitieron que una policía femenina le acercara ropa. “Yo no me podía mover para ningún lado. Después me leyeron mis derechos y me dijeron que quedaba detenida”.
Uno de los puntos centrales del caso es que la mujer asegura contar con REPROCANN en trámite desde el año 2023, el registro oficial que habilita el cultivo y acceso al cannabis medicinal en Argentina. Aun así, afirma que durante el allanamiento no encontraron cantidades significativas de marihuana.
“No había absolutamente nada. Encontraron unas migajitas en un frasco que ni siquiera pudieron pesar porque no daba número en la balanza”, asegura.
La defensa remarcó además que no existían elementos típicos asociados a una estructura de comercialización: no había stock relevante, dinero compatible con una actividad de venta, registros de clientes, envoltorios múltiples ni un punto de expendio organizado.
“Hace muchos años que vengo trabajando de manera independiente. Principalmente vendiendo panes rellenos en la calle, afuera de los boliches.» cuenta Mariela. «Además de eso, también cuidaba niños y hacía algunas changas ocasionales en construcción en seco. Pero principalmente me sostenía con la venta de panes rellenos y el cuidado de chicos.”
Además, Mariela realiza trabajos sociales en la comunidad, es técnica agropecuaria egresada de la escuela de la UNS y técnica certificada en acceso por cuerdas.
La discusión sobre la prisión preventiva
Actualmente, la Cámara de Apelaciones y Garantías debe resolver distintos planteos impulsados por la defensa de Mariela, representada por el abogado Carlos Alberto Carnevale. Entre ellos aparecen pedidos de nulidad, cuestionamientos sobre la calificación legal y la revisión de la prisión preventiva.
Uno de los ejes centrales del recurso apunta contra la pericia telefónica realizada sobre el celular de la imputada. Según la defensa, la policía habría analizado conversaciones por fuera del período autorizado judicialmente, contaminando así parte de la hipótesis acusatoria.
También cuestionan que la prisión preventiva se encuentre basada principalmente en la gravedad de la pena en expectativa. La defensa sostiene que no existen elementos que indiquen peligro de fuga ni posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Remarca además que la prueba principal ya fue recolectada y que la acusada no posee antecedentes penales.
En paralelo, el juez solicitó informes socioambientales, psicológicos y psiquiátricos para resolver un pedido de arresto domiciliario.
Salud mental y encierro
Mientras espera definiciones judiciales, Mariela describe una rutina marcada por el miedo constante.
“En un momento me despertaba todas las noches con pesadillas de que me moría o de que alguien me quería matar. Me despertaba agitada, con ataques de pánico”, relata.
Dice que esos episodios se repitieron durante más de una semana consecutiva y que finalmente pidió asistencia psiquiátrica dentro de la unidad penitenciaria porque sentía que el clonazepam ya no le hacía bien.
“Yo ni siquiera quiero tomar esto. Jamás necesité medicación para dormir y ahora la necesito porque tengo miedo de ir a un penal, tengo miedo de todo”.
Según cuenta, una psiquiatra particular modificó el tratamiento y luego Sanidad penitenciaria avaló la medicación. Desde entonces pudo volver a descansar algunas horas, aunque bajo un esquema de múltiples psicofármacos.
Cannabis, política criminal y contradicciones
La causa también expone las tensiones que atraviesan la política de drogas en Argentina. Mientras el Estado amplía el acceso al cannabis medicinal mediante el REPROCANN y habilita nuevas discusiones sobre regulación, miles de personas siguen enfrentando procesos penales por cantidades mínimas de marihuana.
En muchos casos, las investigaciones terminan derivando en procedimientos invasivos, secuestro de dispositivos personales, allanamientos y meses de prisión preventiva incluso antes de una condena firme.
La discusión jurídica de este expediente probablemente continuará durante meses. Pero el impacto personal ya es inmediato: una mujer detenida por una causa vinculada a siete gramos de cannabis asegura que necesita medicación psiquiátrica para soportar el encierro y que vive con miedo permanente.
Una causa que excede el expediente
Más allá de lo que finalmente determine la Justicia, el caso vuelve a abrir preguntas incómodas sobre proporcionalidad, política criminal y salud pública. ¿Qué nivel de respuesta penal resulta razonable frente a hechos de baja escala vinculados al cannabis? ¿Qué sentido tiene mantener una prisión preventiva prolongada cuando la propia defensa sostiene que no existe riesgo procesal concreto? ¿Cómo convive el reconocimiento estatal del cannabis medicinal con procedimientos penales de este tipo?
Mientras esas discusiones siguen abiertas, la vida cotidiana de la imputada transcurre dentro de una celda aislada, atravesada por ansiedad, medicación y espera judicial.