Alejándose de las políticas de drogas tradicionales (“primero reprimimos después vemos”), el alcalde Andrew Cuomo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, ordenó el cese total de las detenciones por uso de marihuana en la vía pública. La inédita medida surgió luego de publicadas cifras oficiales que comprueban una disparidad racial en las estadísticas de detenciones callejeras, ubicando a latinos y afroamericanos en el 86% de las mismas.
La nueva disposición modifica la Marijuana Reform Act de 1977, donde se establece que la tenencia, no a la vista, de hasta 25 gramos de cannabis es una contravención multable y no un delito penal. Sin embargo, esta regulación era utilizada por la policía para requisar personas sospechosas y si encontraban cannabis entre sus pertenencias, eran detenidos por tenencia ilegítima y procesados penalmente.
Si bien las detenciones por cannabis alcanzaron casi 17.000 durante todo 2017, un número mucho menor a los 60.000 del año 2000 y un 40% menos que en 2013, cuando se implementó la aplicación de multas en lugar de causas penales, el blanco de la policía se concentró en personas pertenecientes a minorías. En números crudos, un joven latino, negro o simplemente no caucásico, tiene ocho veces más posibilidades de ser detenido por cannabis, agregando más tensión a la ya chocante relación entre las comunidades y la policía, acusada de gatillo fácil, abusos y detenciones arbitrarias a miembros de minorías, personas de bajos ingresos e indocumentados.
La medida fue acompañada por los fiscales de Manhattan y Brooklyn, dos distritos calientes respecto a actuación policial y minorías, quienes anunciaron que a partir de agosto dejarán de acusar penalmente a detenidos por uso de cannabis, mientras desde la propia oficina del gobernador surgió la iniciativa para formar una comisión que estudie los beneficios sociales e impositivos de la legalización del cannabis.