A mediados de marzo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto que modifica la ley de drogas. Su objetivo, aseguran las autoridades chilenas, es hacer más eficiente la lucha contra el narcotráfico y todo dice que podría convertirse en ley.
Sin embargo, las fundaciones Daya, Eutopía, Mamá Cultiva y Pensamiento Penal Chile sostienen que las personas que hacen uso no medicinal del cannabis quedan desprotegidos con esa propuesta.
Las organizaciones pidieron que se regule la tenencia, el transporte y el cultivo de cannabis para uso adulto, pero estos puntos ni siquiera se discutieron en las comisiones parlamentarias.
En ese sentido, las organizaciones advierten que si llega a aprobarse el proyecto conocido como “Ley Anti Narcos”, impulsado por el gobierno de Sebastián Piñera, quedarían en una situación de mayor vulnerabilidad las personas que hacen un uso adulto del cannabis y quienes hacen un empleo terapéutico sin acompañamiento médico.
“Fácilmente podrían llegar a ser acusados de micro tráfico, tal como ocurre hoy, pero con las penas aumentadas y con menos elementos de defensa”, explica la directora de Fundación Daya, Ana María Gazmuri.
Si se aprueba la ley antinarcos los usuarios “podrían llegar a ser acusados de micro tráfico con penas aumentadas y con menos elementos de defensa”, explica Ana María Gazmuri, la directora de Fundación Daya
“Este recrudecimiento de la persecución responde a la agenda represiva del gobierno, que ha impulsado Piñera desde que asumió y que se acentuó tras el estallido social de octubre del 2019 y, posteriormente, con la pandemia”, explica la diputada Claudia Mix, del Partido Comunes.
A su vez, Mix aclara: “El gobierno considera que hay una relación directa entre el uso de drogas y el delito. Creen que el uso de cannabis con fines medicinales sería una puerta de entrada al uso libre de drogas, lo que para ellos provocaría un aumento de los delitos”.
Las fallas de la propuesta
La persecución se intensificaría porque el proyecto eliminó el parámetro de “Calidad y Pureza de la Droga”, quedando solo el de “Cantidad”.
Estos elementos claves permiten diferenciar entre lo que se le atribuye al usuario haber tenido en su poder y lo que realmente tenía.
En 2020 se registró un importante aumento en la persecución a usuarios de cannabis con fines medicinales, en comparación a 2018 y 2019 y el panorama este año está siendo similar
“Si por ejemplo se acusa a un usuario de haber cultivado cannabis y poseer 3 kg., siendo que en realidad se trata de plantas verdes, con ramas, raíces y tierra, antes de perder el 70% de su peso al secarse, y otro 10% al ser manicurada. Con esta nueva mirada, serán 3 kg. y punto”, dice Gazmuri.
Mientras que Mix relata que en 2020 se registró “un importante aumento en la persecución a usuarios de cannabis con fines medicinales, en comparación a 2018 y 2019”. Y aclara: “Lamentablemente el panorama este año está siendo similar”.
Quedarse sin nada
Otro problema que presenta la propuesta es que por el solo hecho de estar en un proceso judicial, los bienes de las personas imputadas podrán ser incautados, aunque aún no exista condena.
Esto atenta contra el principio de inocencia y las garantías penales que protegen a las personas que no tuvieron una sentencia firme de culpabilidad. Sería un adelantamiento de la pena, ni más ni menos.
Otro problema del proyecto oficial es que por el solo hecho de estar en un proceso judicial, los bienes de las personas imputadas podrán ser incautados, aunque aún no exista condena
Los bienes incautados estarán a disposición no solo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), sino que por primera vez podrán ser aprovechados por instituciones como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y los Carabineros.
“Es muy peligroso que Carabineros, una institución que viola sistemáticamente los derechos humanos en Chile y protagonizó muchísimos casos de corrupción, esté a cargo a cargo del control, almacenamiento y cuidado de las drogas”, dice Mix.
No muy antinarco
El proyecto no logrará mejorar la persecución del narcotráfico y del crimen organizado, según Gazmuri.
Y aclara: “Los aumentos de pena al microtráfico contenidos en el proyecto y aprobados en la Cámara Baja, benefician al gran narco porque terminan siendo eficientes en abultar las detenciones y en llenar la cárcel con personas que son los últimos eslabones de la cadena, los más desechables”.
La mayor cantidad de las detenciones en Chile se justifican en la ley 20.000 (sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas) y “no afecta a los grandes narcos, si no a los jóvenes y mujeres vulnerables”.
El Cultivo Seguro
El uso medicinal con receta médica quedó protegido en el proyecto, pero solo en los casos en que haya un acompañamiento médico y una receta que ordene el consumo del cannabis.
Ante este avance que pone en riesgo la los derechos de los usuarios y cultivadores de cannabis, las organizaciones cannábicas impulsan profundizar la propuesta de Cultivo Seguro, que modifica el código sanitario.
“La prescripción médica sería una herramienta suficiente para acreditar un cultivo medicinal”, explica Mix. Aunque seguiría sin ser una regulación definitiva, pondría un freno a detenciones y allanamientos.
Y agrega: “Dicha propuesta tuvo una amplia aprobación en la Cámara de Diputados, sin embargo, actualmente se encuentra estancada en el Senado”.