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California: ¿por qué el Estado destinó 100 millones de dólares a granjeros cannábicos?

El estado de California destinó 100 millones de dolares para ayudar a pequeños productores de cannabis. Es que los granjeros se enfrentan a un futuro incierto. Hombres y mujeres que hace décadas dedican su vida a la planta, hoy temen perder sus licencias de cultivo.

Esto de debe a la imposibilidad económica y las dificultades burocráticas para realizar los estudios de impacto ambiental de sus proyectos que les exige el Estado.

La legalización total de la marihuana en California se votó en 2016 con la Propuesta 64. En ella, se estableció el acceso de los productores que venían trabajando por décadas en la ilegalidad a licencias temporales de un año. Esas autorizaciones pretendían ser un puente hacia las definitivas.

Uno de los requisitos para lograr obtener finalmente un licencia definitiva era cumplir con todos los estudios y regulaciones de impacto ambiental.

Más tarde, ese plazo se prorrogó hasta el 1° de enero del 2022  con el objetivo de dar más tiempo a los granjeros. Sin embargo, a pocos meses de esa fecha el 82% de las licencias continúan siendo provisionales y quienes tienen campos pequeños explican que no pueden afrontar los gastos de dichos estudios.

“Los estudios evalúan todos los impactos que un proyecto, en este caso de cannabis, puede tener sobre el medio ambiente y cómo evitarlos. Es algo que los votantes pidieron en la Propuesta 64 y que todas las industrias llevan a cabo”, suman desde Defensores de la Vida Silvestre.

“Sobre todo ocurre en aquellos lugares donde se pide una aprobación de CEQA, el organismo en California para la defensa del medio ambiente. Los análisis son carísimos y hay personas que cuentan que los costos pueden llegar a U$S 250 mil”, le indica a THC Stephanie Honig, quien dirige Napa Valley Cannabis, una asociación de emprendedores del rubro.

El gobierno aprobó recientemente un plan para otorgar al sector U$S 100 millones y así solucionar el asunto.

El escenario tiene múltiples tensiones. Además de los granjeros y el Estado hay otros dos actores: los grupos ambientalistas y las grandes empresas productoras de cannabis.

Por un lado, los ambientalistas buscan asegurar el cumplimiento de una ley clave para el cuidado del medioambiente.

Por otro, granjeros y activistas sostienen que la situación tiende a beneficiar a las grandes compañías que sí pudieron afrontar los costos y que son una amenaza para la supervivencia de las pequeños productores que cultivan desde los años 60.

El plan de los U$S 100 millones

Craig y Melanie Johnson son fundadores de la granja Alpenglow Farms en California y, como tantas otras familias, viven del cannabis. Por lo menos hasta ahora.

“Llegar a la licencia final es un privilegio. Solo adaptar las instalaciones puede costar hasta U$S 80 mil dólares. Y luego hay que pagar a ingenieros, abogados y otros expertos”, le explican a THC.

Y agregan: “Esto puede eliminar a los pequeños granjeros y dejar solo a las grandes empresas”.

Hace pocas semanas, la Legislatura de California aprobó un proyecto para destinar U$S 100 millones a solucionar esta problemática.

El dinero se utilizará para que los cultivadores paguen los costos relacionados a los estudios de impacto ambiental y así puedan obtener la licencia definitiva.

Además, se intentó prorrogar la fecha límite hasta 2028, pero eso enojó a las asociaciones ambientalistas californianas.

Según el reporte del Departamento de Silvicultura y Protección Contra Incendios de California, el fuego ya arrasó con 30 mil hectáreas. Esta tragedia es el doble a lo que se vivió el año pasado en esta época.

“Los grupos ambientales entendimos que los pequeños granjeros de toda la vida necesitaban tiempo para cumplir con los estudios de impacto ambiental. Pero seguir extendiendo la fecha ya no es una opción”, le aseguran a THC desde la organización Defensores de la Vida Silvestre.

Esta organización fue una de las que firmaron la carta al gobierno de California para exigir que se mantenga la fecha límite del 1° de enero del 2022.

“Los estudios evalúan todos los impactos que un proyecto, en este caso de cannabis, puede tener sobre el medio ambiente y cómo evitarlos. Es algo que los votantes pidieron en la Propuesta 64 y que todas las industrias llevan a cabo”, suman desde Defensores de la Vida Silvestre.

Sin embargo, Craig y Melanie Johnson creen que hay exigencias mayores con los productores de cannabis. “Hay casos en los que los inspectores fueron con armas a las granjas. Eso no ocurre cuando van a inspeccionar una compañía que produce lácteos”, afirma la pareja.

La crisis ambiental en California

Esta situación se enmarca en un problema real: la crisis climática. “En California ya se reporta que a esta altura del año los incendios superaron a los del 2020 y también enfrentamos graves sequías”, aseguran en Defensores de la Vida Silvestre.

Según el Departamento de Silvicultura y Protección Contra Incendios de California, en el Estado ya se perdieron más de 30 mil hectáreas en esta temporada de fuego que recién comienza.

Esta cifra representa el doble de terreno arrasado para esta época, en comparación al mismo período del 2020: el peor año de incendios, cuando se quemaron 1.5 millones de hectáreas.

Craig y Melanie Johnson le cuentan a THC que ya instalaron equipos para prevenir que sus cultivos sean destruidos por los incendios. “Eso también lleva mucho tiempo y dinero”, señalan.

“Los análisis de impacto ambiental son carísimos y hay personas que cuentan que los costos pueden llegar a U$S 250 mil”, le indica a THC Stephanie Honig, quien dirige Napa Valley Cannabis, una asociación de emprendedores del rubro.

Además, explican que conocen la situación ambiental porque viven allí hace décadas. “Pero las grandes compañías que se instalaron hace poco no. Y eso los lleva a tomar decisiones que incluso provocan más incendios”, aseguran.

El debate en California no es por el medio ambiente en sí. Todos están preocupados por la crisis climática.

La problemática recae en si las grandes empresas que se instalaron desde 2016 se benefician de esta situación y de las decisiones gubernamentales para dejar sin oportunidades a las familias que lucharon e hicieron del cannabis una forma de vida.