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discusion del cannabisMinisterio de Desarrollo Productivo

Legisladores y especialistas coinciden: debe avanzarse sobre una regulación integral del cannabis

Tras lograr la media sanción en el Senado, el proyecto de ley que aborda el marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis para uso medicinal y del cáñamo para uso industrial espera ser tratado por la Cámara de Diputados.

Voces cercanas al Gobierno le cuentan a THC que la iniciativa se convertiría en ley cuando finalicen las PASO para las elecciones de medio término.

En casa Rosada, la expectativa por una industria nacional del cannabis es tal que ayer se realizó el “Primer Congreso Internacional Cannabis y Desarrollo Productivo”, en el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

Matías Kulfas, ministro de la cartera productiva, fue quien dio la apertura al evento y destacó la creación de un sector industrial nuevo en Argentina que, según estimaciones del Gobierno, generaría al menos unos 10.000 nuevos puestos de trabajo.

A su vez, a la par que el Estado busca fortalecer el rol de las cooperativas, el ministro hizo hincapié en que el país cuenta con un sector agropecuario con trayectoria y experiencia para desarrollar este cultivo.

Kulfas también puntualizó sobre la experiencia que Argentina tiene en materia de investigación y desarrollo para generar las variedades en la genética y las mejoras de semillas.

De hecho, el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) ya avanzó para generar las herramientas que permitan la inscripción de genéticas nacionales para su futura comercialización.

Otro punto importante es que, tanto el cannabis como el cáñamo, generan verdaderas cadenas productivas que incluyen cientos de posibilidades de subproductos vinculados al cultivo.

“Necesitamos exportar y toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. Ningún sector productivo sobra: todos son importantes para el desarrollo”, sostuvo Natalia Del Cogliano funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo

Según las estimaciones oficiales, si Argentina avanza en la regulación de la industria medicinal y del cáñamo, hacia 2025 podrían generarse 500 millones de dólares anuales. Ante esta entrada de divisas, el Gobierno busca que se concrete una industria nacional del cannabis.

A través de ella se generarían no sólo producto medicinales, sino aceites comestibles, bebidas y textiles, los cuales serán para los mercados interno y externo.

Además de diferentes referentes internacionales de la industria del cannabis, también participaron representantes legislativos nacionales como las diputadas Mara Brawer y Carolina Gaillard; la senadora Anabel Fernández Sagasti y su par Alfredo Luenzo.

Todos ellos y ellas no solo que se refirieron a los actuales avances normativos con respecto a la planta, sino que también adelantaron cuál es el camino que continúa: la regulación para todos los usos del cannabis.

Qué sucede en Israel y Estados Unidos

Las experiencias internacionales de Israel, Uruguay, Colombia y Estados Unidos fueron relatadas por especialistas. Uno de ellos fue el cannabicultor y director de cultivo R&D, Cann-Il, Universidad Bar Ilan de Israel, Matías Litvak, quien explicó que trabajar con el cannabis implica un constante aprendizaje y puso el foco en que “no es fácil producirlo”.

Por eso, el rol de la investigación y del desarrollo es clave. También reconoció que lograr la estabilidad es muy compleja, lo cual llevó a que muchas empresas en Israel terminaran quebrando.

Chanda Macias, directora ejecutiva en Ilera Holistic y fundadora de Women Grow, participó del panel desde Estados Unidos. “El cannabis es  ilegal a nivel federal, por eso, es muy difícil que el dueño de una finca acepte hacer un cultivo y que los bancos den préstamos”, dijo sobre los desafíos y dificultades de esta industria.

Otro desafío para ella fue trabajar con gente que sepa operar en un mercado legal, porque los productores que están en la ilegalidad son reacios a las regulaciones. De hecho, ante las complejidades y trabas, la médica hipotecó sus bienes para poder trabajar con el cannabis.

“Es un gran momento para que más países trabajen con la planta, ya que al ampliarse la industria medicinal se brindarán más soluciones, además de miles de empleos”, explicó Macias.

Según datos brindados por los estados, durante la pandemia en Estados Unidos la industria del cannabis fue de las que más empleos generó, además de tener los salarios mínimos más altos.

Qué pasa en Colombia y Uruguay

Desde Colombia, expuso el presidente de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (ASOCOLCANA), Rodrigo Arcila.

Arrancó su discurso hablando sobre la importancia de “tener un plan de negocios claro en el caso de los empresarios: entre más detallado, mejor”. Y coincidió con Litvak en que no es una industria fácil.

Por su experiencia, Arcila notó que el intercambio entre el gobierno y la industria es fundamental. “En Colombia parecía adecuado la normativa, sin embargo, cuando comenzamos con los trabajos de campo se tuvo que hacer modificaciones”, explicó.

Y aclaró que “había excesiva regulación en la asignación de cupos, tiempos y la respuesta del gobierno”. En un contexto donde los principales perjudicados son los productores históricos: los campesinos.

PWC estima que se generaron 17 empleos por hectárea de cultivo outdoor en 2019 y 10 trabajos para operarios.

“Uno de los desafíos es el abastecimiento legal del mercado, el manejo del mercado informal y la equidad en el acceso a las oportunidades”, Diego Olivera, ex Secretario General Nacional de Drogas de Uruguay entre 2016 y 2020

Mientras que el consultor de la industria del cannabis y la política de drogas de Uruguay, quien fuera Secretario General Nacional de Drogas de Uruguay entre 2016 y 2020, Diego Olivera sostuvo que hay varios desafíos para los procesos de regulación del cannabis en otros países.

“Uno de los desafíos es el abastecimiento legal del mercado, el manejo del mercado informal y la equidad en el acceso a las oportunidades”, aclaró. Y agregó: “Es importante la presencia de un Estado oportuno que sea transparente en los resultados y que acompañe de forma ágil”.

Además, Olivera mencionó la importancia de lograr que toda América Latina se distinga en los mercados internacionales, no solo unas pocas empresas y un país.

Conocimiento y federalismo

En el panel de “Cannabis: experiencias provinciales” disertó la directora Nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las Provincias del Ministerio de Desarrollo Productivo, Natalia Del Cogliano.

“La perspectiva del ministerio es que necesitamos exportar y que toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional. A su vez, ningún sector productivo sobra: todos son importantes para el desarrollo”, destacó la funcionaria.

Del Coglione sostuvo que el país tiene un potencial enorme y grandes posibilidades de alcanzar y aprender de experiencias internacionales y de la sociedad civil. “Los conocimientos previos son un insumo importantísimo para estar donde estamos parados”, expresó.

Y agregó: “El proyecto de ley para regular la producción viene a ser un marco de posibilidad para que puedan desarrollarse esta industria. El mismo cuenta con una visión federal del cannabis y del cáñamo”.

Valeria Salech (izq), de Mamá Cultiva, representó la participación de las organizaciones cannábicas.

Además, de la funcionaria participaron del panel el director de Cannabis Medicinal San Juan, Ariel Lucero; el presidente de Agrogenética Riojana SAPEM, Benjamin Enrici y el director de Cannava Jujuy, Gastón Morales.

Por su parte, la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, María Apólito integró el panel “Conocimiento y Cannabis”, junto a la coordinadora de la Red de Cannabis y sus Usos Medicinales (Racme), la neurocientífica Silvia Kochen y la presidenta de Mamá Cultiva Argentina, Valeria Salech.

La funcionaria explicó que el nuevo sector requerirá de regulaciones adecuadas y que los eslabones de toda la cadena tendrán la capacidad de incorporar valor a través del conocimiento.

“Son claves para esta industria la genética vegetal, toda la luminotécnica, los biofertilizantes, los subproductos y los ensayos clínicos”, destacó.

A su vez, aclaró que “varias de las actividades que la Ley de la Economía del Conocimiento promueve podrían tener un aporte a la cadena de valor del cannabis”. También será importante aprovechar la captación de inversiones extranjeras y de proveedores.

Para evitar comenzar de cero en la industria del cannabis, Apólito aconsejó “saber articular saberes” de los distintos ámbitos que se dedican a la planta.

Paneles de producción y proyectos de ley

El panel “Cannabis y Desarrollo Productivo” contó con la participación de Andrés López, director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP), docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, e investigador del CONICET; y de Pablo Fazio y Paula Lanzelotti, de la Cámara Argentina de Cannabis.

Y en el panel sobre los “Avances legislativos”, disertaron las diputadas nacionales, Mara Brawer y Carolina Galliard; la senadora Anabel Fernández Sagasti; y el senador Alfredo Luenzo.

Lo legisladores participaron de la redacción del anteproyecto de ley presentado en el Congreso y los senadores bregaron para lograr el consenso y la posterior aprobación de la media sanción.

Por último, los cuatro legisladores mostraron un posicionamiento a favor de avanzar en una regulación integral para todos los usos del cannabis.

Se trata de un necesidad vinculada tanto a los derechos de las personas como a la economía. Hoy en Argentina, cualquier tenencia y cultivo que no esté certificada por el Reprocann, el registro para usuarios y usuarias medicinales, sigue siendo castigada con hasta 15 años de prisión.

No es un universo marginal. Según los datos preliminares de la Primera Encuesta Nacional de Personas que Usan Cannabis, el universo de usuarios y usuarias no medicinales representa más del 80%.

El economista Andrés López, quien fuera el encargado de realizar el estudio que utilizó como insumo Matías Kulfas para la redacción del proyecto de ley, asegura que Argentina podría generar en el mercado de uso adulto unos US$ 500 millones anuales.