Florencia Corbelle es doctora en Antropología y, desde hace 15 años, investiga el activismo cannábico en la Argentina. Su interés en el tema surgió en la facultad, cuando la Justicia le abrió una causa a sus amigos por tenencia de drogas. Su tesis de doctorado se convirtió en un libro clave para comprender la importancia y el alcance de las organizaciones de usuarios de sustancias psicoactivas.
El libro fue titulado El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional. Fue publicado por primera vez en formato digital en el 2018 y ahora acaba de ser impreso. Se trata de un estudio acerca de la historia de los usuarios y usuarias de cannabis que lograron llevar instalar el tema en los debates parlamentarios.
En diálogo con THC, Corbelle reflexiona acerca del activismo cannábico argentino, al que define como uno de los más grandes del mundo. Además, habla sobre por qué hay cada vez más interés académico y político en el tema aunque reconoce que una regulación integral en materia de drogas no parece ser algo que vaya a suceder en el corto plazo.
¿Cómo llegaste a interesarte en el tema cannabis desde la Antropología?
Empecé a interesarme entre el 2007 y 2008. Estaba cursando la carrera de Antropología y tenía unos amigos que tenían una causa abierta por tenencia simple de drogas para consumo. Entonces, enfoqué mi tesis de licenciatura en el estudio sobre cómo se tramitan las causas en el fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. Además, indagué las estrategias que tenían los usuarios para hacer frente a estas prácticas judiciales y policiales.
Cuando me recibí, me presenté en el Conicet para obtener una beca de doctorado. Mi objetivo era analizar un tema que, en aquel momento, parecía inminente: la reforma integral a la ley de drogas. Corría el año 2011 y empecé un trabajo de campo en el Congreso de la Nación.
A medida que avanzaba en mi investigación, decidí centrarme en el activismo de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas ilegales. Quería reconstruir la historia de ese activismo, poniendo como punto de partida los ’80, que fue cuando se empezaron a hacer las primeras movidas en torno a la modificación de la ley de drogas.
Al final, el libro cuenta la historia de ese activismo y cómo esos grupos pasaron de la absoluta clandestinidad a presentarse en los debates en el Congreso.
¿Cuáles son los temas más relevantes cuando se revisa la historia del activismo cannábico?
Aparecen muy marcadas las historias de la persecución y criminalización. Por eso, el libro también analiza cuáles son las prácticas judiciales y policiales en torno a la aplicación de la ley de drogas.
Estudié el tema durante el debate parlamentario que se dio entre el 2011 y el 2012 en toro a la modificación de la ley en el Congreso. Terminé de escribir la tesis en el 2015, cuando todavía el debate sobre el cannabis medicinal y los usos terapéuticos de la planta todavía no habían comenzado. Fueron años en donde hubo muchos cambios.
Por eso, cuando salió la primera edición en 2018, incorporé algunos temas porque ya se había aprobado el uso medicinal. Sebastián Basalo escribió el prólogo de aquella primera edición con la incorporación de este tema. Fue una primera lectura sobre ese proceso que fue muy vertiginoso.
¿Cómo era trabajar este tema en el universo académico?
Cambió muchísimo. Cuando empecé a trabajar en mi tesis, prácticamente no había estudios en el tema. Solamente había dos antropólogas, pero encaraban el asunto desde otros enfoques. María Epele estudiaba el uso de sustancias psicoactivas ilegales en barrios populares y la atención de consumos problemáticos. Y Brígida Renoldi narcotráfico en la Triple Frontera.
Pero sobre usos de sustancias psicoactivas ilegales y activismos no había absolutamente nada. En la facultad de Filosofía y Letras de la UBA me inscribí en un seminario de Antropología Política y Jurídica y le planteé mi interés a Sofía Tiscornia, que era la coordinadora. Primero me propuso trabajar desde el equipo de salud, pero yo le insistí en que quería estudiar el tema desde la persecución y criminalización. Al final, ella terminó siendo mi directora en la tesis de licenciatura y de doctorado.
¿Y hoy cómo es la vinculación entre el mundo académico y el cannabis?
Creció mucho. Cada vez hay más interés desde las Ciencias Sociales para abordar los temas vinculados al cannabis con gente que se ha formado mucho.
El cannabis medicinal y el fenómeno de Mamá Cultiva acercó a muchos profesionales. Y ahora ya no son tan pocos los interesados entre en activismo cannábico y su rol en los procesos de reformas. Pero es algo que empezó a pasar recién en los últimos cuatro años.
También comenzó a haber más estudios por parte de las llamadas “ciencias duras”, como las Ciencias Naturales o la Medicina.
¿Cómo podrías describir al activismo cannábico argentino?
A partir de la lectura de colegas que han trabajado el tema tanto en España como en Bélgica, Uruguay o Brasil, para nombrar solo algunos países, puedo decir que el activismo cannábico argentino es uno de los más grandes. Esto se desprende no solo de la cantidad de organizaciones, sino también de la continuidad y la presencia a lo largo del tiempo. Las marchas en nuestro país son multitudinarias, la convocatoria a las manifestaciones en el espacio público es realmente importante.
“A partir de trabajos de colegas que trabajaron sobre el activismo cannábico en España, Bélgica, Uruguay o Brasil, puedo decir que el activismo argentino es uno de los más grandes del mundo”, afirma la antropóloga Florencia Corbelle
Al igual que el interés académico, el activismo también se desarrolló mucho en los últimos años. Al principio las organizaciones eran muy perseguidas y criminalizadas y hasta tenían dificultades para constituirse como asociaciones civiles. Pero en el último tiempo se han consolidado y lograron instalarse como referentes en el tema.
En cuanto a la persecución y criminalización de las organizaciones, en el último tiempo se ven cada vez más capacitaciones a las fuerzas de seguridad en cannabis. ¿Pensás que sirven?
El tema de las capacitaciones, ya sea a la policía o a los operadores judiciales, es complicado. Cuando uno capacita tiene que conocer bien cuáles son las prácticas efectivas de estas fuerzas y debe tener en cuenta que, en general, son prácticas tradicionales que no se cambian de la noche a la mañana.
Es fundamental que se piensen en función de que no queden simplemente como un montón de palabras.
Pero hay otra cuestión central que va más allá de las capacitaciones: la ley 23.737 sigue vigente y es la que habilita muchas de estas prácticas. Entonces, es complejo porque uno puede explicar un montón de cosas acerca del cannabis medicinal y la ley que regula su uso, pero hay una normativa penal que autoriza tareas como las detenciones en la vía pública o las investigaciones a raíz del descubrimiento de plantas en un domicilio.
Hay dos cosas que tienen que ir de la mano: las capacitaciones y la modificación en materia legislativa.
¿Creés que vamos en camino hacia una legalización?
La regulación del cannabis para todos sus usos, incluido lo que se conoce como “uso adulto”, depende de muchos factores. Por un lado, hay que considerar el clima internacional que, por momentos, tiende hacia una política regulacionista y, por momentos, a posturas más prohibicionistas.
Por otro lado debemos considerar el clima político local. Cada tanto, el tema vuelve a estar en agenda. Por ejemplo, antes de la pandemia se podía pensar en una eventual regulación del cannabis, en una despenalización y descriminalización de las conductas asociadas al consumo de todas las sustancias. Pero llegó el coronavirus y, obviamente, el asunto perdió visibilidad. Hoy en día, con cómo está la situación del país, no parece ser una cuestión central.
“Si no hay activismo, el cambio normativo es mucho más difícil que suceda. El activismo, además, genera docencia: os activistas asesoraban a los técnicos que trabajaban con los legisladores y tienen un vínculo activo con todos los actores parlamentarios”
Además hay que pensar que en tiempos de elecciones, ya sean parlamentarias y presidenciales, este no suele ser un tema que se toque. Es un asunto complicado que divide aguas. Por lo tanto, la política lo suele esquivarse.
Por último, para pensar en una eventual regulación también se debe considerar la fuerza política que vaya a gobernar. Si bien es un tema que atraviesa las bancadas, también es cierto que hay ciertas fuerzas más proclives a otorgar derechos que otras.
Estoy en el tema desde hace 15 años. En el 2012 parecía que la reforma a la ley de drogas era inminente o, al menos, la despenalización de la tenencia para el consumo. Pero finalmente no salió nada a pesar de que llegó a haber un borrador de dictamen compartido entre las principales tres fuerzas políticas.
¿Qué nivel de influencia puede tener el activismo para que se modifiquen las normas?, ¿tienen capacidad real o esos avances dependen de intereses mayores?
Ni una cosa ni la otra. Son un montón de factores los que entran en juego. El debate por una reforma a la ley de drogas del 2011, por ejemplo, se dio en el marco de un clima internacional de crítica al paradigma prohibicionista desde la óptica de los derechos humanos. En esa discusión, América Latina, como región, fue clave.
Pero para que se diera este debate acá en Argentina hubo organizaciones que, desde hace muchísimos años, venían abogando por una reforma. Si no hay activismo que presione, el cambio normativo es mucho más difícil que suceda.
El activismo, además, genera docencia. Lo vimos en aquel debate. Los activistas eran los que asesoraban a los técnicos que trabajaban con los legisladores y tuvieron un vínculo activo con todos los actores parlamentarios. Los activistas son los que llevan la información y ayudan a que se produzcan proyectos de ley más ricos.