Nuevamente, el Estado arremete contra las tiendas de cultivo. El último caso sucedió en un growshop y restaurant en la provincia de Mendoza. Facundo Aguirre y Mariano Genovese fueron allanados en su local sin que existiera una orden judicial, en el municipio de Godoy Cruz.
Ambos aseguran que fueron hostigados los días previos al operativo. Por temor a represalias, después del procedimiento viajaron a Buenos Aires a buscar abogados especializados en cannabis y se presentaron en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En diálogo con THC Facundo insistió en que su temor está fundado en su propia experiencia. Hace cinco meses la Policía allanó su domicilio particular y detuvo a su novia a pesar de que tenía el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). La joven estaba embarazada. Después de pasar dos noches en la comisaría, le otorgaron prisión domiciliaria y a los tres días pero perdió el bebé.
En un primer intento de allanamiento, la policía federal respetó la orden de la Justicia de no proceder. Luego, funcionarios municipales habrían vuelto con efectivos provinciales a allanar sin orden. “Más que un allanamiento, fue un robo”, aseguran los dueños del grow
El nuevo allanamiento se produjo el martes 13 de septiembre. Esta vez en su restaurante. Sin embargo, nadie puede explicar por órdenes de quién actuó la policía. El abogado Maximiliano Carlinis rastreó el número de expediente de la causa, pero aún no le dieron acceso. Por lo tanto, no puede saber cómo se dieron las actuaciones.
Desde el municipio de Godoy Cruz aseguraron a THC que ellos solo se involucraron en lo que respecta a las habilitaciones comerciales. Y tampoco pudieron responder sobre la intervención policial.
Antes de este nuevo operativo Facundo dice haber recibido “aprietes” y hasta sospecha que las autoridades locales le hayan secuestrado y matado a su perro.
Atropello contra un growshop de Mendoza
El comercio allanado se llama “Thaiel Vegano Coffee & Grow Shop”. Funciona como restaurante de comida vegana y comercializa parafarnalia.
Además, el local tiene un espacio cedido a la ONG “Redes nuevas fronteras”, que asesora en tratamientos con cannabis a pacientes con VIH.
La semana anterior al allanamiento, funcionarios de la municipalidad habían llegado al restaurante a pedirle a sus dueños que retiraran las plantas de cannabis. La primera vez, Facundo y Mariano mostraron su Reprocann.
Entonces, los empleados municipales les dijeron que estaban obligados a habilitar el grow shop en la categoría “venta de productos para jardinería”. Les informaron que tenían 10 días hábiles para hacer el trámite.
Sin embargo, volvieron antes de lo previsto. Primero, pidieron los papeles de la ONG. Según Facundo, todo fue presentado. “Nos amenazaban. Es claro que nos querían cobrar una coima, pero no íbamos a pagar. Nos decían que íbamos a ir presos. El viernes a la noche desapareció mi perro. Lo buscamos por todos lados y con los días nos dimos cuenta que todo era un apriete”, aseguró.
Un allanamiento sin orden judicial
El martes 13 a la mañana sucedió el primer intento de allanamiento en el growshop de Mendoza. Según Facundo, los funcionarios municipales llegaron con efectivos de la Policía Federal del área de Narcóticos y daban órdenes de detención.
Sin embargo, los efectivos se comunicaron por teléfono con la jueza federal Mariana Leiva. Cuando la magistrada supo que los socios tenían Reprocann, ordenó que las fuerzas se retiraran. Las autoridades clausuraron parte del comercio y se fueron.
“Nosotros no tenemos capacidad de allanamiento. Somos un municipio que no tenemos poder de policía. Tenemos una Dirección de Fiscalización y Control que se encarga de habilitaciones comerciales”, sostuvieron los voceros de la Municipalidad.
Pero unas horas después volvieron. Esta vez acompañados de policías locales. “A nosotros como dueños o nos dejaron entrar. Estaban adentro presionando a los empleados. Les pedí que me mostraran la orden de allanamiento. No me la mostraron. Pregunté por qué allanaban. Me dijeron que no me podían informar. Mi socio estaba en la vereda hablando por teléfono con un abogado y un policía se lo quitó de las manos. Fue un abuso de poder total”, aseguró Facundo.
“No fue un allanamiento, fue un robo. Se llevaron dinero de las cajas, computadoras, cámaras de seguridad, bebidas, vinos, cervezas, luces y las prensas de la organización. Calculamos que son entre 2 y 3 millones de pesos en mercadería”, agregó el cultivador.
Qué dice la Municipalidad de Godoy Cruz sobre el growshop de Mendoza
Los voceros municipales no supieron responder por qué los funcionarios llegaron acompañados de policías federales. Solo dijeron que actuaron a partir de una denuncia anónima. En teoría, alguien llamó al municipio y denunció que en ese restaurante se vendían productos por fuera de la habilitación.
El director de Fiscalización y Control de la municipalidad, Natalio Derinovsky, fue identificado por los cultivadores como el funcionario que les insistió en que quitaran las plantas a pesar de tener el Reprocann.
“No fue un allanamiento, fue un robo. Se llevaron dinero de las cajas, computadoras, cámaras de seguridad, bebidas, vinos, cervezas, luces y las prensas de la organización. Calculamos que son entre 2 y 3 millones de pesos en mercadería”, dijo Aguirre.
“Nosotros no tenemos capacidad de allanamiento. Somos un municipio que no tenemos poder de policía. Tenemos una Dirección de Fiscalización y Control que se encarga de habilitaciones comerciales”, sostuvieron los voceros.
Agregaron que, más allá de las habilitaciones, pidieron la intervención del Ministerio de Salud “para que analice si los productos que ahí se venden se pueden comercializar”.
El expediente vacío de los cultivadores de Godoy Cruz
Los policías y los funcionarios se fueron del restaurante con la mercadería, pero nadie fue detenido ni imputado. El día que Facundo y Mariano decidieron hacer público lo que pasó: “Una hora después, el diario El Sol sacó una nota que decía ‘investigan una red de narcotráfico’. Todo rarísimo”, agregó el cultivador.
Viajó con su socio a Buenos Aires a pedir ayuda. La causa en la que había sido detenida su novia nunca se cerró y tampoco la Justicia le restituyó las plantas, los celulares y el dinero secuestrado en aquella oportunidad. “Acá hay mucha persecución y todo queda en una zona gris. Nos dimos cuenta que si queríamos avanzar, necesitábamos más ayuda”, sostuvo uno de los dueños del growshop de Mendoza.
Para el abogado Carlinis es inadmisible que no les den acceso al expediente. “La jueza Leiva se excusa en que todavía no están imputados y hace referencia al Código Procesal Penal. Pero pudimos apelar porque encontramos jurisprudencia de Mendoza que sostiene que la vista al expediente es clave para controlar la prueba. Yo necesito saber por órdenes de quién se actuó, que fuerza intervino, si se hizo un inventario de lo secuestrado o no”, aseguró.
Hasta el momento, solo se sabe que hay una causa con un número de expediente vacío.