El Concejo Deliberante de Villa Las Rosas, en Córdoba, aprobó una ordenanza que prohibe los gowshops. La norma, que contradice leyes nacionales, generó un enorme rechazo por parte de la comunidad.
Un grupo de abogadas y abogadas presentará una carta al municipio para pedir una reunión con las autoridades para que se derogue la normativa por su ilegalidad.
La ordenanza aprobada es la Nº 1585/23. El texto prohíbe “todo establecimiento o actividad comercial dedicado al asesoramiento y venta de productos para el cultivo de cannabis desde semillas hasta iluminación, fertilizantes, medidores de PH, equipos de ventilación, armarios equipados para cultivo interior y sus conexos”.
THC intentó comunicarse con las autoridades municipales. Por teléfono no hubo respuesta y, a través de redes sociales, contestaron que desde el municipio por ahora no iban a hacer declaraciones.
Una violación a la ley
Nadia Podsiadlo es una abogada cordobesa especializada en cannabis. En diálogo con THC, aseguró: “Se trata de una ordenanza que, una vez más, va en desmedro de derechos adquiridos. Una norma municipal nunca puede ir en contra de una ley nacional”.
Apenas se enteraron de la noticia, un grupo de 16 abogadas y abogados comenzaron a organizarse. Se decidió poner en marcha una nota en la que, de manera breve, se repasa la legislación argentina y se cuenta lo que está sucediendo con el cannabis en el país.
El texto será presentado a las autoridades del municipio. “El objetivo es conversar, lograr un consenso y que se derogue la ordenanza”, dijo Nadia.
Para el movimiento cannábico, la decisión municipal de Villa Las Rosas es una violación a derechos adquiridos y también puede ser un retroceso para la industria.
Los growshops, además de ser tiendas comerciales, funcionan como espacio de asesoramiento. De hecho, en el marco de la ley medicinal, las personas pueden cultivar su propio cannabis a través del REPROCANN. Justamente es en los growshops donde consiguen todos los materiales para hacerlo.
Además, es en estos locales donde la mayoría de las personas consigue las semillas legalmente habilitadas por el INASE. Sin ellas, naturalmente no hay cultivo y sin cultivo no puede ejercerse el derecho consagrado por la ley.
A eso habría que sumarle otro aspecto central: el derecho a acceder a información.
Dicho de otro modo, si violando la ley no se permiten grows en un municipio, ¿será el propio municipio el que provea información para las personas, los insumos necesarios y las semillas que se precisan?
Un reclamo generalizado
La carta que se presentará en el municipio y cuenta con la firma de diferentes organizaciones y referentes del movimiento cannábico.
Entre otros, el texto cuenta con el acompañamiento de la Asociación de Growshops de Córdoba, la Cámara Empresarial de Grows, activistas, organizaciones y profesionales de la salud.
En la misma línea se expresó Daniel Landgren, el presidente de la asociación civil Comunidad Cannábica Córdoba: “Nos parece un retroceso en políticas públicas”.
“Ya hay dos leyes que fueron legalizando de diferentes formas el cannabis y hay todo un Estado detrás de la construcción de una industria y los growshops son parte de la industria. Es una decisión protofascista. Esa es nuestra opinión como organización”, dijo a THC.
Según Landgren, lo que sucedió en Villa Las Rosas no es un episodio aislado y lo comparó con un reciente episodio en el Valle de Punilla.
“Ocurrió algo similar en Huerta Grande. Cambiaron el uso del suelo para evitar que los cultivos solidarios pudieran funcionar en el área urbana de esa ciudad”, contó.
De hecho, un caso similar se produjo el año pasado en el municipio bonaerense de San Miguel en que se produjo la clausura irregular de un grow por orden directa del municipio alegando que vendían “tierra para plantar marihuana”.