Emanuel Carrica estuvo más de dos años preso por cultivar. Después de una pesadilla y gracias a un vivo de Instagram logró que la comunidad cannábica lo ayudara a salir de la cárcel. Desde marzo está con prisión domiciliaria y el caso es un laberinto que muestra los horrores de la burocracia.
Emanuel es de Mar del Tuyú y fue denunciado por la propietaria de la vivienda que alquilaba en febrero del 2021. Nunca se imaginó lo que iba a venir. “Me cagaron la vida”, asegura. El día que fue allanado lo llevaron a la DDI de Santa Teresita, luego a la comisaría de Maipú y después a Magdalena.
Emanuel tenía 6 plantas y 80 gramos de cannabis en su casa y esa cantidad fue suficiente para que la Justicia ordenara su detención. La Justicia lo procesó por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Luego de pasar 13 días encerrado en la comisaría 29 de La Plata sin ver la luz, al final le dieron traslado a Dolores. “Estábamos en plena pandemia y por protocolo había que esperar para juntarme con la población”, recuerda.
Según el abogado, Tomás Guzmán de San Félix, en el expediente de Emanuel hay una cadena de problemas: no hay pruebas sobre la supuesta venta de la que se lo acusa, en la pericia sobre los dispositivos electrónicos tampoco se encontró material en su contra.
Y, aunque en el allanamiento además de las seis plantas figuran incautados 548 gramos de materia vegetal, la pericia química concluyó que la mayoría eran tallos, ramas y hojas.
Al final, a Emanuel lo llevaron a un pabellón cristiano. Pasaban los meses y veía que algunos de sus compañeros, con situaciones procesales muy complicadas, conseguían beneficios y él seguía preso. Ninguno de los tres abogados que tuvo le supo explicar cómo la Justicia justificaba una causa por narcotráfico en su contra.
“Me había resignado”, repasa Emanuel. Sin embargo, un mensaje hace cinco meses empezó a cambiar su suerte.
Se había metido en un vivo de Instagram de Matías Litvak en el que había unas 300 personas escuchando sobre el crecimiento de la industria y la regulación del cannabis en general.
“Mati, te estoy escuchando desde el penal”, le escribió.
La comunidad cannábica en acción
“No podía creer el mensaje de Ema. Yo estaba hablando de lo lindo de la industria y dije que no nos olvidáramos de dónde veníamos, que seguían existiendo presos por cultivar y cayó el mensaje”, cuenta Matías.
Lo primero que hizo Matías fue ponerse en contacto por privado con Emanuel. Quería corroborar que de verdad fuera un cultivador. “Me encontré con una persona de 10. Cuando empezó a contarme lo que le había pasado no lo podía creer”, agrega.
Matías es director de cultivo en OxyGene Genetics en Israel y un influencer cannábico con potencia en la comunidad así que empezó a activar sus contactos. “Les hablé y les dije que tenían que hablar con este chico, que no era un narco”, recuerda.
De esta forma llegó a la causa Tomás Guzmán de San Félix. “Hubo algún tipo de mala praxis con los abogados que tuvo antes. Algunos le llegaron a cobrar honorarios y no aparecieron más”, explica el defensor.
“Lo primero que hice fue pedir la vista de la causa y reclamé que se resolviera un pedido pendiente de morigeración. La prioridad era que Ema estuviera en la casa de su mamá con una tobillera”, cuenta el abogado.
Un mes después de que intervinieron Matías y Tomás, Emanuel consiguió volver a Mar del Tuyú.
Una causa llena de irregularidades
La causa de Emanuel es compleja. En el transcurso de este tiempo le suspendieron dos veces la fecha de juicio. La única posibilidad que tuvo de resolver esta situación fue cuando la fiscalía le propuso un abreviado a fines de septiembre de 2023 a cambio de que aceptara la mínima del delito que se le imputa: 4 años.
“Si aparecía esa oportunidad cuando estaba preso capaz aceptaba por la desesperación de querer salir. Pero ahora ya hace dos años y ocho meses que estoy pasando por esto. ¡Las pelotas! No voy a hacerme cargo de algo que no hice. Me la están haciendo re difícil”, se lamenta Matías.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Dolores le imputa el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el del artículo 5 de la Ley de Drogas, que impone una pena de hasta 15 años de prisión.
Emanuel es un cultivador que aprovechaba los beneficios del cannabis para calmar la picazón que le produce la psoriasis, pero cuando lo denunciaron no existía aún el Registro del Programa del Cannabis (Reprocann).
“No tenía autorización solo porque no se expedían, pero la ley del cannabis medicinal ya había sido sancionada cinco años antes. Que el Poder Ejecutivo no te dé la autorización no te quita la posibilidad de ejercer tu derecho, y mucho más si hablamos del derecho constitucional a la salud”, repasa su abogado.
Una ley para la venganza y el delirio
Los problemas de Emanuel comenzaron con la denuncia de la propietaria de su vivienda. Se llevaban mal y un día la mujer entró sin su autorización a la casa. Vio las plantas, sacó fotos y se presentó en la comisaría. La presentación dio lugar a una investigación policial.
En la ley de drogas argentina, la 23.737, la mera tenencia de una semilla puede justificar el inicio de una causa penal. De hecho, las investigaciones previas a los allanamientos suelen ser nulas o muy irregulares. Una vez hecho el allanamiento puede comenzar una pesadilla acorde al espíritu de la ley vigente: la persona tiene que demostrar su inocencia ante una Estado que lo presupone culpable.
“Cuando ves en el expediente cómo fueron los procedimientos te das cuenta que es una causa lamentable y que todo está forzado”, dice el abogado de Emanuel.
La legislación argentina, en la que solo existen las excepciones habilitadas por la ley de cannabis medicinal, se base en una aberración jurídica: no existe el principio de inocencia. Es lo que jurídicamente se conoce como inversión de la carga probatoria, una forma técnica de decir que la persona acusada es considerada culpable hasta que demuestre lo contrario.
A partir de ahí, todos son sospechas contra las personas. Y fue lo que ocurrió con Emanuel. Uno de sus ingresos económicos provenía de alquilar el patio de la vivienda durante la noche a los carros de playa. La actuación policial en la investigación se redujo a observar, a la distancia, el domicilio.
En lugar de reducir la situación a un desacuerdo con la propietaria que, llegado el caso, debería resolverse con otras herramientas de mediación la policía elaboró una hipótesis delirante. Emanuel era el cabecilla de una banda que comercializaba marihuana a través de repartidores.
“Plantearon que como era una banda narco se tenían que mantener lejos por la peligrosidad. Los efectivos se paraban a 100 o 200 metros y observaban que todos los días a las 10 de la mañana se abría el portón, salían los carros y volvían a la noche. La conclusión es que ese era el mecanismo de distribución”, cuenta el abogado.
En el expediente, además, se señaló que una mujer que cada día abría el portón a la mañana y a la noche era el “satélite” de la banda.
Además, “solo hay un registro de un supuesto ‘pasamanos’, pero es del pago de un jornal de uno de los carros”, suma Guzmán de San Félix.
“Forzaron todo para que encuadre en una organización delictiva: el satélite, la distribución, los carros. Dijeron que por la peligrosidad de la situación no se acercaron nunca a los carros. Por lo tanto, jamás nadie demostró que efectivamente sucedía una actividad ilícita”, explica el abogado.
Las actas de estas actuaciones se llenaron con este relato y fue suficiente para que la fiscalía autorizara el allanamiento y la detención de Emanuel.
Apoyo y visibilidad: un juicio filmado
Entre otros trabajos, Emanuel es electricista, refacciona departamentos para alquilar durante la temporada de verano y vende frutas y verduras. De ahí que en el allanamiento también se encontrara una balanza. Sin embargo, no se hallaron otros materiales típicos como elementos de corte o fraccionamiento.
“Acá tenés un problema de política criminal. Los fiscales y la policía ganan con las estadísticas de incautaciones y allanamientos”, explica Guzmán de San Félix.
El abogado sabe que su defendido tiene una situación difícil por delante: después de tanto tiempo, si la Justicia resolviera que es inocente debería reconocer que todo el procedimiento estuvo mal realizado.
Más allá de las discusiones jurídicas, además, la vida de Emanuel se desplomó. El joven agradece que su madre puede solventar los gastos porque no tiene autorización para trabajar.
En las últimas semanas empezó con dolor de muela y tampoco pudo ir al dentista. “Es insoportable. Para cada cosa tenés que llamar y pedir permiso. Mi vieja tampoco puede moverse de la casa porque figura como mi tutora”, cuenta Emanuel, dejando en claro que el arresto domiciliaria no deja de ser una prisión.
La primera fecha de juicio estaba programada para el 10 de octubre del 2022, pero se suspendió. La segunda era el 2 de octubre del 2023. Una semana antes el abogado recibió la oferta del abreviado para que Emanuel se declarara culpable. La rechazaron. Eso hizo que la Justicia determinara otra nueva suspensión del juicio.
“Mi lectura es que la intención es desgastarlo para que acepte la culpabilidad o que en Dolores lo condenen”, intuye su abogado.
Y agrega: “Ahora estamos pensando en pedir grabar el juicio, si sienten que hay una comunidad que respalda a Emanuel quizás se ajustan a derecho”.