La Ley de Cannabis Medicinal sigue sin reglamentarse tras haberse vencido el plazo para hacerlo. Sin eso, sigue sin ponerse en práctica. Además no hay información oficial sobre los avances del proceso de reglamentación, los motivos de la demora, ni la fecha concreta en que concluiría.
En ese contexto, un grupo de diputados presentaron un proyecto de resolución expresando su preocupación y con el fin de solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la norma integralmente para garantizar su implementación. El objetivo: que el Estado resguarde el derecho a la salud de los usuarios de forma urgente.
En el documento se deja en claro que la falta de reglamentación “vulnera el derecho de los usuarios, usuarias y sus familias a ejercer plenamente el derecho a la salud dado que a partir de la sanción de la Ley se deben garantizar el acceso gratuito al aceite y a otros derivados de cannabis como también crear el registro voluntario de pacientes y familiares para autorizarlos y darles un respaldo”, lo que les permitiría no ser perseguidos por la tenencia y el cultivo de cannabis.
“Como bien dicen las madres, con el dolor no se juega, por eso estamos exigiendo que se termine con las demoras y queremos la reglamentación sin restricciones, con las patologías que tienen que estar consideradas en el plan nacional que se va a crear, y también con el autocultivo y el cultivo solidario”, explicó a THC Soledad Sosa, diputada nacional por Mendoza Soledad Dosa (PO-FIT).
En cuanto al autocultivo de cannabis, Sosa fue contundente: “Es necesario para favorecer el abastecimiento de los pacientes como para la investigación, y al mismo tiempo para terminar con la penalización que existe sobre quienes cultivan y hacen cultivo solidario, que son quienes durante la falta de reglamentación han garantizado que quienes requieren cannabis medicinal puedan obtenerlo”.
Según Sosa lo que explica las demoras es que “el gobierno nacional nunca quiso atender esta ley desde la perspectiva de la salud, por ello han negociado con el Ministerio de Seguridad para que saliera la legislación que ellos querían”. Sin embargo, destacó que gracias a las organizaciones de madres y de cultivadores “se está exigiendo que el autocultivo y el cultivo solidario sean contempladas”. “El Estado tiene que garantizar el acceso público y gratuito a esta medicina, y no que esta ley se convierta en un negocio para uno o dos grupos empresarios”, advirtió.
La resolución que demanda la urgente reglamentación lleva la firma de los diputados nacionales Diana Conti (FpV), Carolina Gaillard (FpV), Victoria Donda Pérez (Libres del Sur), Soledad Sosa (PO-FIT), Jorge Barreto (FpV), Alicia Soraire (FpV), Sandra Mendoza (FpV), Lautaro Gervasoni (FpV), Julio Solanas (FpV), Silvina Frana (FpV), Luis Bardeggia (FpV), Araceli Ferreyra (FpV) y Nilda Garré (Fpv).