Argentina dio un paso decisivo hacia la creación de una industria nacional del cannabis. Durante la tarde de hoy, funcionarios del Gobierno nacional presentaron ante el Consejo Económico y Social (CES) el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo que pretende habilitar la industria del cannabis medicinal y el cáñamo.
El evento comenzó alrededor de las 17 en el Museo del Bicentenario, que se encuentra detrás de la Casa Rosada. Allí, estuvieron presentes de forma física funcionarios del Gobierno como el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la ministra de Salud, Carla Vizotti; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini.
Por otro lado, de forma virtual estuvieron los Gobernadores de las provincias, diputados, representantes del empresariado y referentes del activismo cannábico.
La presentación se produjo en el marco del Consejo Económico Social (CES), a cargo de Gustavo Beliz, quien en los próximos días dará una devolución sobre la propuesta. Luego, la iniciativa finalmente entrará al Congreso al cabo de una semana, a más tardar.
Un proyecto y varios contextos
El contexto local es complejo. El cannabis sigue prohibido por la ley penal (23.737): hasta la mera tenencia de una semilla sigue siendo considerada delito. Detenciones y allanamientos de personas que usan y cultivan cannabis son parte de la escena diaria. Pero el cannabis medicinal generó un escenario nuevo que convive con la norma penal.
Su regulación a partir de la ley nacional, las adhesiones provinciales y la nueva reglamentación de finales del año pasado impulsó cambios que son un hecho.
La ley apunta a dar un marco legal a una serie de actividades productivas que ya existen, y pretende impulsarlas. En lo que respecta al cannabis para uso adulto este proyecto no prevé modificaciones a la ley penal
El proyecto de ley fue elaborado por el equipo de Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, luego que el año pasado se presentaron iniciativas para legalizar la industria de cannabis medicinal y el cáñamo industrial, por parte de las diputadas Carolina Gaillard y Mara Brawer, respectivamente.
Industria grande, mediana y pequeña
Tal como había adelantado THC, el Gobierno tomó las recomendaciones de los asesores para el proyecto final. Entre los aspectos más importantes del proyecto de ley se encuentra la creación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que tendrá la función de regular, administrar y fiscalizar toda la cadena productiva. Además, será la autoridad de aplicación encargada de otorgar las licencias para producir.
En este sentido, los pequeños y medianos productores tendrán especial preferencia en el otorgamiento de licencias. Así lo aseguró el propio Kulfas, quien pretende incorporar a todas las asociaciones y cooperativas que hace años trabajan en la temática.
Los pequeños y medianos productores tendrán especial preferencia en el otorgamiento de licencias. Así lo aseguró el propio Kulfas, quien pretende incorporar a todas las asociaciones y cooperativas que hace años trabajan en la temática
Incluso, el proyecto de ley prevé también su acompañamiento mediante una serie de beneficios financieros, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
Por otro lado, la iniciativa del Ejecutivo es amplia y no deja de lado la producción de plantas con alto contenido de THC. Sin embargo, Kulfas fue claro respecto a los límites del proyecto: “No regulará los aspectos recreativos”.
En un contexto de crisis que la Argentina arrastra hace años, y que ha sido profundizado por la pandemia del coronavirus, en Casa Rosada miran con expectativa la industria del cannabis como un eslabón crucial en la recuperación económica.
“Argentina debe hacer de su regulación una ventaja competitiva y nuestro sector puede convertirse en una puesta estratégica para el país”, sostuvo Pablo Fazio, miembro de la Cámara Argentina del Cannabis (ArgenCann).” Este proyecto puede ser la puerta para que eso suceda”, aseguró.
De hecho, Kulfas aseguró que lo están trabajando desde la asunción del Gobierno, en diciembre de 2019, y se ha elaborado un documento que estima la creación de diez mil puestos de trabajos, unos US$ 500 millones en mercado interno y otros US$ 50 millones en exportaciones para los próximos tres años.
“Nosotros pensamos que es un sector que puede crecer de forma federal. Puede incorporar a pequeños productores y cooperativas; la idea es darle preferencia en las autorizaciones que se entreguen para esta industria”, le dijo Kulfas a la THC sobre lo que el considera como “un cultivo con mucha antigüedad, pero con una legalización ordenada puede dar impulso a una industria con desarrollo en muchos aspectos”.
Además, Kulfas detalló que se piensa en dar “créditos blandos, apoyo técnico con instituciones nacionales y otras entidades económicas y sociales”.
El camino parlamentario
“El acto de hoy es un hecho refundante para la historia Argentina”. La persona que habla es la diputada Mara Brawer, quien el año pasado dio el puntapié inicial al presentar el proyecto para habilitar el cáñamo industrial y “cumplir el sueño que tuvo Manuel Belgrano”.
En diálogo con THC, Brawer mencionó un punto fundamental de la iniciativa oficial: el plazo de 180 días para reglamentarse, en caso que se apruebe.
En caso de aprobarse la ley, deberá reglamentarse en no más 180 días. “Es maravilloso”, aseguró la diputada Mara Brawer. “Hay proyectos que no ponen plazos y por eso la reglamentación no llega nunca”
“Es maravilloso”, dijo. Entonces, explicó que “hay proyectos que no ponen plazos y la reglamentación no llega nunca. Así que esto muestra que no hay dudas que el impulso del Gobierno está: esto es generación de puestos de trabajo, de entrada de divisas y comida en la mesa de los argentinos”.
Brawer adelantó que, una vez que la iniciativa llegue al Congreso, el debate en comisiones comenzaría por diputados. “Vamos a pedir que no pase por todas las comisiones, sino que haya reuniones conjuntas. Vamos a hacer reuniones informativas con especialistas, para que los diputados y diputadas tengan la información necesaria”, dijo.
Voces federales
Si bien la Brawer prevé un rápido tratamiento con consenso para aprobar por parte de todos los bloques que forman el Congreso, tanto en la Cámara Baja o Alta, en la presentación de hoy ante el CES se planteó un cuestionamiento.
El planteo llegó por parte del Gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien rechazó que la autoridad de aplicación sea una entidad nacional con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“El próximo capítulo es la despenalización del uso recreacional. En diez años, queremos dejar de producir tabaco y cultivar cannabis”, aseguró el gobernador jujeño Gerardo Morales
“Estoy muy de acuerdo con el proyecto. Está muy bien. Pero sugiero que la agencia cumpla con el cometido, pero que la autoridad de aplicación sean los Gobernadores. Sino, Buenos Aires va a tomar todas las decisiones”, dijo Rodríguez Saa. De todos modos, el debate recién comienza y el tratamiento en el recinto puede -o no- traer modificaciones de los artículos.
Por último, pero no menor, Rodríguez Saa se manifestó a favor de la despenalización del cannabis para todos sus usos y reclamó avanzar en modificaciones sobre la ley de drogas.
Este asunto también fue previamente planteado por el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien adelantó que “el próximo capítulo es la despenalización del uso recreacional. En diez años, queremos dejar de producir tabaco y cultivar cannabis”, aseguró Morales, quien impulsó en su provincia el cultivo en manos de la empresa estatal Cannava.
Leé el proyecto completo acá.