A mediados de mayo, La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA brindará la Diplomatura en Políticas e intervenciones en Drogas y Derechos Humanos dictada por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Se trata de una formación integral dictada por segundo año en la universidad porteña y que tiene garantizadas otras tres ediciones más por resolución del Consejo Superior.
¿Por qué una diplomatura sobre Drogas y Derechos Humanos en este momento? La idea surgió porque “hay mucho sensacionalismo, mito, prejuicio, y mucha falta de información verídica -de evidencia empírica y científica- sobre el debate vinculado a las políticas de drogas”, explica Ariel Parajón, politólogo y director de esta propuesta académica orientada a profesionales, estudiantes y activistas.
“Muchos de quienes formamos parte de la Diplomatura trabajamos en distintos organismos públicos, hospitales y espacios de atención, donde vemos una falta de formación desde una perspectiva de salud pública y de derechos humanos”, detalla Parajón.
La propuesta pretende abordar el campo de las políticas de drogas en todas sus dimensiones: sanitaria, de seguridad, de justicia; incluso la dimensión sociológica o cultural que tiene que ver con la historia y la construcción social de “el problema de la droga”.
Además, sostiene que históricamente, las capacitaciones o los cursos están pensados para consumos problemáticos pura y exclusivamente o vinculados a cuestiones de seguridad y narcotráfico.
En cambio, la propuesta de la Diplomatura en la UBA pretende abordar el campo de las políticas de drogas en todas sus dimensiones: sanitaria, de seguridad, de justicia; incluso la dimensión sociológica o cultural que tiene que ver con la historia y la construcción social de “el problema de la droga”.
La Diplomatura también abordará cómo los movimientos sociales, movimientos de participación ciudadana y organizaciones de la sociedad civil “permanentemente intentan tensionar, promover, discutir e interpelar a funcionarios, legisladores, diputados, jueces, fiscales y distintas áreas del Estado y de los medios de comunicación para dar una discusión sincera con respecto a la problemática”, puntualiza Parajón.
“Hay una gran porción de la población que usa drogas y no manifiesta un consumo problemático en tanto compulsión, adicción o dependencia”, explica el politólogo.
En estos casos el factor problemático se da con respecto a la criminalización, la falta de información, el estigma y el prejuicio. “Hay muy poca formación e información incluso para los usuarios”, profundiza.
Y la situación actual es compleja. Según Parajón las funciones que supuestamente se atribuyen al estado se limitan al combatir el narcotráfico -con resultados más que discutibles- o a tratar los consumos problemáticos -algo en lo que también los números están en rojo-.
“No hay una reflexión sobre esa gran población del medio que son usuarios de drogas recreativas o terapéuticas”, enfatiza el politólogo.
Un objetivo: analizar y desandar la “guerra contra las drogas”
Es sabido que a nivel mundial, regional y nacional predomina una mirada sobre los psicoactivos que está más cerca de la guerra que de la aceptación.
Lejos de ser una particularidad de los gobiernos, para Parajón se trata directamente de una política de estado. “Nosotros tratamos de analizar las consecuencias de la ‘guerra contra las drogas‘ en materia de derechos, de violación a los derechos humanos y de las garantías constitucionales”, explica.
En la Diplomatura hay todo un módulo dedicado a este tema, ahí se abordan los distintos actores afectados por las políticas de drogas actuales.
“Podemos hablar de mujeres, de población trans, de diversidades; podemos hablar del estigma que recae sobre los sectores populares, teniendo en cuenta la cantidad de personas que están detenidas por tenencia simple o para consumo personal y podemos hablar de la tensión que existe entre la Ley de Salud Mental y la Ley de Drogas: una plantea que es un asunto de salud y la otra, que es un problema de seguridad”, explica el especialista.
Otra de las finalidades es poner cada uso de cada sustancia en contexto, para poder analizarla y eventualmente poder proponer políticas específicas para cada caso.
“Los consumos no se dan de manera aislada, está la historia del sujeto, la sustancia que consume y los contextos donde se da ese consumo. Claramente no es lo mismo consumir una sustancia en Palermo que en un barrio popular”, asegura Parajón tomando la polémica frase de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Sin embargo, Parajón se distancia. “Efectivamente el contexto importa y en lo que hay que indagar, por ejemplo, es en si puede haber ocio o consumo recreativo en un barrio popular, o por el contrario cualquier consumo ahí va a ser meramente un problema”, explica.
El caso de Rosario y el narcotráfico como telón de fondo
Consultado por los hechos de público conocimiento en Rosario vinculados a la violencia generada por el control de la venta ilegal de sustancias ilegales, Parajón asegura que la situación “es un exponente más -de los tantos que hay- sobre el fracaso de la ‘Guerra contra las Drogas'”.
“En Santa Fe el problema tiene bases vinculadas su desarrollo industrial, sus clases populares, su clase política y sus fuerzas de seguridad”, especifica.
En esa línea, según Parajón se podría plantear una triangulación entre especulación inmobiliaria, control territorial de los barrios y los sectores populares y el lavado de activos.
“Cuando miramos esto desde una perspectiva de integralidad de las políticas de drogas, puede verse la falla de los sistemas de seguridad, la problemática de techo-tierra-trabajo de los sectores populares y la población en general, y la complicidad de la clase política en lo legislativo, ejecutivo y judicial: es un combo letal”, dice Parajón.
Para el especialista no es que haya que tener una ‘mano blanda’ o hacer la vista gorda sobre la violencia. “Pero si la respuesta a esa violencia solo es sacar una foto al estilo Nayib Bukele y militarizar los barrios populares que van a terminar controlando a jóvenes con consumo problemático, o a personas con tenencia simple para consumo, o explotando algún búnker, la problemática va a volver”, sostiene Parajón.
“En definitiva lo que hay detrás es un mercado que funciona y que lo regulan las bandas, si este mercado existe y funciona por más que cambien sus líderes, ¿qué vamos a hacer con las personas que quieren comprar las drogas?,¿las vamos a acompañar o las vamos a criminalizar?”, se pregunta.
El Estado siempre interviene
Hay muchas, pero una de las opciones, plantea Parajon, sería regular el mercado de cannabis de manera integral y que parte de ese presupuesto se destine a políticas vinculadas al consumo problemático de sustancias en general.
“Despenalizar la tenencia para consumo personal, legalizar el cannabis y regular el mercado sería clave”, asegura. “Actualmente el mercado está ilegalizado pero regulado por el crimen organizado, a base de sangre y fuego, tomando cartas en el asunto, el Estado podría resolver el problema de raíz de manera integral”, sintetiza.
Este debate puede sentirse contradictorio por momentos, ya que el aumento o saturación de fuerzas de seguridad en el territorio es en sí misma una intervención estatal.
“Despenalizar la tenencia para consumo personal, legalizar el cannabis y regular el mercado sería clave”, asegura Parajón. “Actualmente el mercado está ilegalizado pero regulado por el crimen organizado, el Estado podría resolver el problema de raíz de manera integral”
“Al Estado lo crearon los liberales, ni los marxistas, ni los populistas ni los intervencionistas. Y el Estado siempre interviene. Es mentira que pueda no intervenir. Y las políticas de drogas son una demostración de que el Estado interviene siempre, porque en los conflictos con la ley penal de usuarios de drogas, de narcotráfico, etcétera, la primera ventanilla del Estado que se hace presente son las fuerzas de seguridad”, explica Parajón.
El politólogo aclara que claramente el problema no es que el Estado intervenga, sino cómo y para qué lo hace. “Si solamente intervienen las fuerzas de seguridad y no hay una abordaje integral de la problemática respecto de las personas que usan drogas pero no tienen consumo problemático, o que usan drogas y no son delincuentes, no se puede llegar a ningún lado”.
Y asegura que es clave dejar de confundir a quien usa drogas con un delincuente. “Hay que poder separar a la oferta de la demanda, al usuario de drogas del narcotraficante”, sostiene Parajón.
En esa línea, considera que las intervenciones que viene haciendo el Estado son más bien “punitivas, represivas y hasta de maquillaje, porque no van a la solución del problema: no van al lavado de activos, o a seguir la ruta del dinero para ver cómo se financian estas organizaciones, porque eso termina en el poder político”.
Como uno de sus ejes, la Diplomatura intenta abordar todo ese complejo entramado que tiene como objeto psicoactivos prohibidos, dentro de los que está el cannabis, pero que implica la existencia de muchos sujetos diferentes.
“La guerra contra las drogas, que en realidad es la guerra contra las personas que usan drogas, es en definitiva una estrategia de control social, territorial y de los cuerpos. No por nada las personas que están privadas de su libertad mayormente son de sectores populares, personas trans, mujeres, que están en los últimos eslabones de las cadenas de tráfico o directamente son usuarios”, profundiza Parajón.
Carga horaria, docentes y destinatarios: todo sobre la diplomatura
La modalidad de la propuesta es totalmente virtual, lo que permite que se expanda a nivel federal e incluso internacional, permitiendo un análisis geopolítico de la Región en esta temática.
La diplomatura está destinada a estudiantes y graduados de la facultad de Cs. Sociales y toda la comunidad universitaria y académica de distintas facultades interesadas en el fenómeno del consumo de drogas -como de abogacía, medicina, psicología- y para trabajadores del sistema de salud o dispositivos comunitarios que trabajan la temática.
“La guerra contra las drogas, que en realidad es la guerra contra las personas que usan drogas, es en definitiva una estrategia de control social, territorial y de los cuerpos. No por nada las personas que están privadas de su libertad mayormente son de sectores populares, personas trans, mujeres”
También está pensada para activistas del mundo cannábico, del movimiento por la regulación de la psilocibina o del movimiento de reducción de riesgos y daños que les interese formarse y adquirir conceptos para fortalecer sus herramientas de intervención, para cualquier agente de organismos del Estado que esté abocado a la temática de drogas, para familiares de personas afectadas por el consumo de drogas y personas de la sociedad civil en general.
La inscripción ya comenzó y estará disponible hasta mediados de abril. La cursada tiene una carga de 134 horas totales, y este año habrá dos comisiones, una que cursa los miércoles y otra los jueves.
Las clases comienzan el 15 y 16 de mayo y se cursan cuatro horas, de 17 a 21 hs.
La información sobre aranceles y modalidades de pago puede leerse acá.