En Argentina, el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial avanza entre oportunidades productivas concretas y desafíos regulatorios que todavía generan tensiones. En ese escenario, los ingenieros agrónomos empiezan a ocupar un lugar cada vez más relevante, no solo en la producción sino también en la construcción de marcos técnicos que acompañen el crecimiento del sector.
Rodrigo Maltz, ingeniero agrónomo formado en la Universidad de Buenos Aires, docente universitario y coordinador de la Comisión Técnica de Cáñamo y Cannabis Medicinal del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica, trabaja desde hace años en proyectos de investigación, desarrollo y producción vinculados a esta industria emergente. Desde ese lugar, sostiene que el país atraviesa una etapa clave. “Estamos en un momento bisagra para lo que es el desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”, afirma.
Un organismo clave para ejercer la profesión
El Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica tiene un rol estructural en el sistema productivo argentino, aunque muchas veces no sea visible para el público general. Su funcionamiento está enmarcado en la Ley 14.467, que regula el ejercicio profesional en disciplinas como la agronomía en todo el territorio nacional.
En términos concretos, la matriculación no es opcional. “Es obligatorio que todos los profesionales se matriculen para poder ejercer su trabajo”, explica Maltz. Esta condición impacta directamente en la posibilidad de trabajar con organismos como el Instituto Nacional de Semillas, el SENASA, la ARICAME o el Ministerio de Salud.
La consecuencia es clara: sin matrícula, no hay intervención posible en proyectos regulados. Por eso, el Consejo no solo cumple una función administrativa, sino que se convierte en un actor clave en la articulación entre profesionales, sector privado y Estado. También ofrece un espacio de encuentro para compartir experiencias y problemáticas en un área todavía en construcción. “Nos permite vincularnos y poner en común las inquietudes que atravesamos en esta actividad bastante novedosa”, señala.
Cómo nació la comisión de cannabis y cáñamo
El crecimiento de la industria generó nuevas demandas dentro del propio campo profesional. A medida que más ingenieros agrónomos comenzaron a involucrarse en proyectos de cannabis y cáñamo, aparecieron dificultades compartidas vinculadas a la regulación y al ejercicio cotidiano de la profesión.
Frente a ese escenario, un grupo de profesionales comenzó a organizarse de manera informal. “Empezamos como una mesa técnica, un espacio donde éramos entre cinco y ocho profesionales intercambiando información y experiencias”, recuerda Maltz.
Ese trabajo inicial permitió visibilizar problemáticas comunes y, con el tiempo, las autoridades del Consejo tomaron nota de la situación. “Se entendió la importancia de lo que estaba pasando y se elevó la necesidad de formalizar este espacio”, explica. Así, la mesa técnica se transformó en una comisión formal, con mayor estructura y capacidad de incidencia.
El objetivo era claro: crear un ámbito institucional donde canalizar inquietudes y trabajar colectivamente. “La necesidad era contar con un espacio formal dentro del Consejo para poder trabajar en conjunto”, resume.
Un espacio técnico con impacto institucional
Hoy, la comisión cumple múltiples funciones. Por un lado, actúa como un punto de encuentro para profesionales que se incorporan a esta actividad. “Buscamos que quienes se vayan sumando puedan integrarse, conocernos y compartir información”, explica Maltz.
Por otro, tiene un rol técnico clave. La elaboración de informes validados por el Consejo permite generar documentos con peso institucional. “Todo lo que producimos sale firmado por el Consejo Directivo, lo que le da un valor agregado enorme”, señala.
Además, la comisión apunta a transformar la mirada dentro del propio campo profesional. En una institución con más de 80 años de historia, la inclusión del cannabis como cultivo de interés no es un dato menor. “No es habitual que espacios con tanto recorrido tomen a este cultivo como uno más. Por eso es muy valioso que se haya dado este lugar”, afirma.
En paralelo, también trabajan en la generación de herramientas prácticas, como manuales de buenas prácticas para responsables técnicos, con el objetivo de ordenar el ejercicio profesional en un sector en expansión.
El rol clave de los ingenieros agrónomos
Para Maltz, la participación de los ingenieros agrónomos no es accesoria, sino central. “Para nosotros el rol de los ingenieros es fundamental en lo que tiene que ver con el desarrollo de esta industria”, sostiene.
El argumento es técnico pero también estratégico. Se trata de un cultivo que requiere conocimientos específicos, pero además de una actividad que necesita ser formalizada. “Podemos aportar agregado de valor en términos de profesionalizar una industria que es precedente a la regulación”, explica.
Esa experiencia también resulta clave para mejorar las normativas. “Nuestro aporte es que quienes toman decisiones cuenten con información técnica validada en el campo”, agrega. En ese sentido, destaca que existe una buena recepción por parte de los organismos públicos. “Hay una gran receptividad, tanto desde el área de salud como desde producción e industria”, dice.
Trabajo conjunto con el Estado
Uno de los ejes centrales del trabajo de la comisión es la articulación con organismos públicos. Actualmente mantienen contacto directo con el Instituto Nacional de Semillas, la ARICCAME y el Ministerio de Salud.
En ese vínculo, el principal aporte es técnico. “Estamos poniendo a disposición nuestra experiencia profesional y elaborando informes que les brinden sustento para la toma de decisiones”, explica Maltz.
Se trata de un trabajo colectivo que busca fortalecer el diseño de políticas públicas. “Un informe realizado por más de 20 profesionales y validado por todos tiene una solidez mucho mayor”, señala. Además, no solo se nutre de la experiencia local, sino también de lo que ocurre en otros países.
La lógica es clara: acercar evidencia para mejorar la regulación. “Intentamos brindar información no solo a nivel nacional, sino también sobre otras regulaciones del mundo”, agrega.
Un momento bisagra y los desafíos regulatorios
El diagnóstico general es que Argentina atraviesa una etapa decisiva. En el caso del cáñamo industrial, los avances son concretos. “Se han entregado cientos de licencias en todo el territorio nacional”, destaca Malz.
Además, las condiciones actuales generan un escenario favorable para la inversión productiva. Las licencias agrícolas, por ejemplo, son gratuitas hasta 100 hectáreas y tienen una duración de cinco años. “Esto permite proyectar y desarrollar planes de negocio sustentables”, explica.
Sin embargo, la situación es diferente en cannabis medicinal. Allí, la regulación presenta mayores niveles de complejidad. “Empiezan a interactuar distintos organismos y eso genera dificultades”, advierte.
Uno de los principales problemas es la superposición normativa, que ralentiza procesos clave. “Hay trámites de registro de variedades que actualmente se encuentran frenados debido a esta complejidad regulatoria”, señala.
En ese contexto, el desafío principal es avanzar en una mayor articulación institucional. “Creo que ahí está el mayor desafío para destrabar el desarrollo de la industria”, afirma.
Una industria en construcción
A pesar de las dificultades, la mirada es de mediano y largo plazo. Para Maltz, el trabajo que hoy se está haciendo puede ser determinante. “El aporte que hagamos va a ser trascendental para que esta industria siga creciendo”, sostiene.
La clave, insiste, está en la construcción colectiva. Ingenieros agrónomos, organismos públicos, organizaciones civiles y otros profesionales forman parte de una cadena que todavía se está consolidando.
“Consideramos que somos un eslabón fundamental en esta cadena”, concluye. Y en un sector donde la regulación, la producción y la ciencia avanzan en simultáneo, ese rol puede marcar la diferencia entre un desarrollo limitado y una industria con verdadero impacto productivo, sanitario y económico.